Desde la mirada de comunidades afrodescendientes, indígenas y pescadoras de las costas del Caribe y el Pacífico colombiano, el mar ya no se describe únicamente como un símbolo de libertad y sustento, sino que se ha convertido, -desde hace tiempo-, en un espacio de vigilancia y zozobra. En estos litorales históricamente marginados se libra un conflicto cuyas consecuencias resultan abrumadoramente desproporcionadas para sus habitantes.
Esa realidad se ve reflejada en desapariciones como la del pescador colombiano Alejandro Carranza, tras un ataque estadounidense el pasado 15 de septiembre, calificado por sus representantes legales como una ejecución extrajudicial. Su caso, ahora denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidencia una política que ahoga la vida en nombre de la seguridad hemisférica. Un modelo que criminaliza los relatos de las comunidades y refuerza exclusiones sociales y económicas preexistentes. Donde antes se veía un horizonte de libertad y sustento, se ha impuesto la dura realidad de resistir en un mar hostil.
La administración Trump ha empleado el término “narcoterrorismo” como un constructo social que fusionó deliberadamente el tráfico de drogas y el terrorismo, esto en una narrativa monolítica. Al carecer de una definición jurídica clara en el derecho internacional, esta categoría ha operado principalmente como un mecanismo para legitimar el uso de fuerza letal más allá de las fronteras nacionales.
Esta retórica se está materializando en una política concreta de militarización. El despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en aguas internacionales cercanas a Venezuela y Colombia (en momentos de tensión política), evidencian cómo la llamada guerra contra las drogas ha estado mutando en un dispositivo de control transnacional. El objetivo declarado de interrumpir el flujo de cocaína parece secundario frente al real, que no es más que ejercer control territorial y reafirmar la hegemonía estadounidense, naturalizando la violencia estatal mediante marcos discursivos de guerra.
Como se ha dicho, las operaciones militares afectan de manera desproporcionada a las comunidades costeras que dependen del mar para su sustento, criminalizando actividades esenciales como la pesca artesanal y el pequeño transporte marítimo. Personas sobrevivientes, como Jonathan Obando Pérez[i], liberado por falta de pruebas, evidencian la inconsistencia entre la narrativa bélica y los procesos judiciales. Como ya ha sido denunciado, es una injusticia que sufren personas sin recursos económicos, trabajadoras del mar, que aceptaron navegar por necesidad y han sido abatidas sin juicio, ni debido proceso. Así, la militarización antidrogas no solo revela el fracaso de la lucha contra las drogas, sino que deja a las poblaciones costeras atrapadas en medio de una cruda estrategia geopolítica.
Desde el punto de vista jurídico, los cimientos de esta política son frágiles. Hay análisis[ii] que indican que la administración Trump sobrepasó los límites constitucionales de su país y actuó al margen del derecho internacional. La declaración de un “conflicto armado” contra cárteles carece de sustento legal, y el uso de fuerza letal en aguas internacionales, sin evidencia pública de los ilícitos, ni de una amenaza inminente, se asemeja a una política de ejecuciones extrajudiciales[iii]. Para países como Colombia, la Operación Lanza del Sur[iv] representa más que una cooperación militar intensificada: plantea riesgos humanitarios directos para su población costera, tensiona la relación bilateral bajo una lógica unilateral y deteriora su posición en el orden internacional. Esto ocurre mientras el mismo país es evaluado y sancionado por un poder estadounidense que no admite reciprocidad en el escrutinio.
El paradigma de la prohibición ha demostrado ser un fracaso. No solo no ha logrado reducir la oferta de manera sostenible, sino que ha generado efectos devastadores en materia de derechos humanos. La lucha contra el narcotráfico no concede a ningún Estado la autoridad para actuar como juez, jurado y verdugo más allá de sus propias fronteras. Esta situación, impulsada desde una lógica hegemónica, reafirma y extiende el dominio estadounidense en el hemisferio a través de actos de fuerza que transgreden el orden internacional, como las operaciones letales en aguas internacionales y el cierre unilateral del espacio aéreo venezolano. Estas acciones configuran una agresión evidente y un abuso de poder que vulnera la soberanía nacional.
Frente a este panorama, donde la fuerza se naturaliza mediante relatos de seguridad y la violencia se proyecta sobre la vulnerabilidad, surgen preguntas necesarias. La denuncia de la familia Carranza ante la CIDH representa un primer hilo jurídico y político para tejer resistencias. La articulación de estas respuestas a través de la documentación, el litigio en cortes internacionales, la construcción de alianzas transnacionales y el desmontaje de narrativas hegemónicas, es la base para construir un contra-relato. Un relato que recuerde que, antes que un campo de batalla, el mar es el tejido de la vida para comunidades que hoy navegan, literalmente, entre la subsistencia y el fuego de una guerra ajena.
Esta situación evidencia cómo Trump se saltó de manera flagrante todo un marco legal internacional[v] actuando con una impunidad que deja al descubierto la profunda asimetría y la injusticia en las relaciones hemisféricas. El camino a seguir exige no solo señalar estos abusos, sino fortalecer los mecanismos que defiendan la vida, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos.
Por: Heidy Burgos, equipo de Comunicación Pública, Corporación Justicia y Democracia
[i] Colombiano sobreviviente de un operativo militar estadounidense contra una embarcación en el mar Caribe, el pasado 16 de octubre. Tras ser repatriado desde Estados Unidos y hospitalizado en el hospital de Kennedy por fractura de cráneo y daño cerebral, la Fiscalía General de la Nación indicó la imposibilidad de proceder al considerar que el presunto delito ocurrió fuera de la jurisdicción colombiana y por falta de evidencia. Tras una recuperación completa, fue dado de alta el 28 de octubre, abandonando el centro médico por sus propios medios y sin custodia.
[ii] Como analizan Dejusticia (2025) y se expresa en la denuncia diplomática de Colombia, estos operativos carecen de fundamento legal, pues exceden los límites constitucionales del poder ejecutivo estadounidense y violan las normas del derecho internacional, al no justificarse como legítima defensa ni configurar un conflicto armado reconocido.
[iii] Se consideran posibles ejecuciones extrajudiciales porque son muertes provocadas por agentes estatales fuera de todo proceso judicial legal, sin que exista una amenaza inmediata que justifique el uso de la fuerza letal como último recurso.
[iv] Operación militar estadounidense iniciada en 2025 bajo la administración de Trump. Constituye una militarización unilateral en el Caribe y el Pacífico, caracterizada por el uso de fuerza letal (incluyendo drones y el portaaviones USS Gerald R. Ford) para destruir embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales, sin procesos de interceptación o judicialización previos.
[v] Estas acciones violan la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado (Art. 2(4) de la Carta de la ONU) y, al emplear fuerza letal sin juicio previo contra personas que no representaban una amenaza inminente, infringen el derecho a la vida y las garantías del debido proceso (Art. 6 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).