Por: Nicolás Maldonado, sociólogo del equipo de Incidencia Política, Corporación Justicia y Democracia
¿Qué significa realmente participar en política cuando las estructuras que la sostienen parecen diseñadas para mantenernos al margen? Desde nuestra experiencia acompañando procesos comunitarios y espacios de incidencia, sabemos que transformar las decisiones en actos reales sigue siendo uno de los mayores desafíos. Más allá de ocupar un lugar en la mesa, se trata de cuestionar cómo se construye esa mesa, quién la convoca y a quién deja fuera.
Con los años he comprendido que, en el mar de lo social, no todos movemos las olas con la misma fuerza. Mientras algunas personas permanecen visibles en la superficie, otras habitan en zonas abisales, sin luz ni reconocimiento. Hace poco, al leer un artículo, recordé el concepto de necropolítica: el poder de decidir quién vive y quién muere. Las víctimas siguen siendo los mismos cuerpos sumergidos —jóvenes, mujeres, disidencias, personas sintecho o habitantes de zonas de conflicto— y entonces vuelve una pregunta que me persigue: ¿A quién se le reconoce como actor político y a quién, -estructural o intencionalmente-, se le niega la posibilidad de participar?
En la actualidad, el Gobierno de Gustavo Petro ha tenido avances en distintos aspectos relacionados con la formulación de políticas públicas: ha impulsado reformas sociales como la laboral y la de salud; apuestas como el servicio social para la paz; ha hecho reconocimiento público de espacios de la sociedad civil como la Mesa de Reforma a la Policía, o impulsados por el Gobierno como la creada para los diálogos de paz con el ELN. También ha promovido los diálogos regionales vinculantes, los Consejos Territoriales de Planeación Ambiental, las asambleas populares ambientales y el fortalecimiento de mecanismos como la consulta previa.
Si bien reconozco la importancia de estos espacios de participación y la intención de generar nuevos enfoques de la política priorizando a los actores histórica y estructuralmente violentados —además de valorar la inclusión de metodologías participativas en la recolección de insumos para la creación de política pública, distinta a la forma en que los sectores más conservadores lo han hecho, basados en “saberes expertos” traídos de afuera que desconocen las dinámicas territoriales y privilegian enfoques técnicos sobre los cualitativos—, aún persiste una visión de mundo tecnocrática y paternalista en la manera en que el Estado se comporta y entiende la participación efectiva de la ciudadanía.
En casos como el de la Mesa por la Reforma Policial, aunque ésta impulsa cambios, la institución policial sigue sin reconocer la magnitud de las violencias. Persiste una lógica militarista y de persecución; se dilatan los procesos de veeduría ciudadana, y continúan repitiéndose quejas en distintos espacios de interlocución a los que he tenido oportunidad de asistir en los últimos años. Entre ellas, el reclamo por el poder decisorio de las comunidades, la lentitud en la creación e implementación de políticas urgentes y la pregunta constante: “Si hace dos años se reconoció al campesinado como sujeto de derechos, ¿por qué aún no existen mecanismos de protección como la consulta previa?”. Frente a esto último, algunas y algunos servidores públicos presentes respondían que dichos mecanismos “aún están en construcción”. Respuestas como esas dejan la duda de si son simples contentillos o si, realmente, hay que resignarse al nivel de eficacia —o ineficacia— del Estado.
Reconozco el enfoque progresista e incluso de izquierda del Gobierno Petro, y si el próximo año continúa un proyecto de país en pro de los nadie, existe una necesidad urgente no solo de fortalecer los procesos de participación, sino de ir más allá: descolonizar los procesos participativos, desburocratizarlos y, sobre todo, generar una conexión efectiva entre comunidades y Estado. Porque la forma en que hoy funciona el Estado restringe la participación efectiva y reproduce violencias simbólicas. Se sigue haciendo política pública para las comunidades y no con ellas, lo que profundiza la exclusión. Incluso los movimientos sociales que logran incidir terminan burocratizados, fragmentados o atrapados en dinámicas partidistas, debilitando la confianza y el sentido colectivo.
Cambiar no solo el discurso y la narrativa, sino también los espacios de participación, implica reconocer que las decisiones deben tomarlas las poblaciones. El Estado no debería estar para hacer política pública desde arriba, sino para colaborar en su construcción: una política pública desde abajo y con la gente. Pero incluso eso no basta. No se trata solo de abrir la puerta de las instituciones para que las comunidades “participen”, sino de transformar la idea misma de política. La democracia no puede seguir reducida a un procedimiento burocrático: debe habitar la vida cotidiana, los territorios, los cuerpos y las relaciones.
Desde el movimiento social, el campo de los derechos humanos y la ciudadanía de a pie se sabe que muchos cambios dependen de la tan mencionada “voluntad política”. Y mientras esa siga siendo la condición, la participación será un gesto condicionado, no un derecho pleno. Desde la labor que impulsamos como Corporación —acompañando procesos organizativos, promoviendo la participación comunitaria e incidiendo en políticas públicas— reafirmamos que la política debe dejar de ser un lugar al que se llega —con permisos, acreditaciones o favores— para convertirse en un espacio común, vivido, donde decidir no sea un privilegio, sino una práctica compartida. Solo así podremos hablar de una verdadera democracia deliberativa: una donde el Estado no administre la participación, sino que la sociedad misma marque el rumbo y el sentido de lo público.
Referencias
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, & Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. (2025). El desafío del cambio: ¡La disputa continúa! Tercer año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Ediciones Ántropos Ltda. https://www.oidhaco.org/wp-content/uploads/2025/09/El-desafio-del-cambio-final-2025.pdf
Revista Contracorriente [@revista_contracorriente]. (2025, octubre 4). La policía: historia de una necropolítica [carrusel]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DPZO8wxkdPf/?igsh=ZnVsOWVwc2hsbDJ2
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. (2025, julio). Reporte de implementación del Acuerdo Final de Paz. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. https://portalparalapaz.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/20250718-Reporte_implementacion_acuerdo_de_paz-ovVSR-1.pdf