La lancha “Eduardoño”, típica de los pescadores del Caribe, había quedado varada por una falla mecánica. A bordo, un pescador junto a otros compañeros buscaba cardúmenes de pargo y atún cerca de La Guajira, como lo hacía habitualmente. No habían pasado dos días desde su salida cuando fue atacado por operaciones militares estadounidenses.
Testigos han relatado que la embarcación no se dirigía hacia Estados Unidos, ni estaba en aguas internacionales. Sin embargo, no se han presentado pruebas que justifiquen asociar esta lancha de pesca artesanal con actividades ilícitas. El ataque que terminó con la vida de este pescador no es un caso aislado. Estos episodios han convertido la rutina de pescadores artesanales y comunidades costeras en una experiencia de riesgo constante. El presidente Gustavo Petro ha denunciado estos hechos como una violación a la soberanía y un atentado contra la vida de civiles.
Estas dinámicas han contribuido a transformar los mares, territorios de vida, en zonas de guerra, afectando ecosistemas cruciales y la seguridad alimentaria de comunidades que por generaciones han enseñado a sus hijas e hijos a pescar en estas aguas.
Dicha militarización puede responder a una estrategia más amplia. Estados Unidos ha mencionado la financiación para la construcción de una cadena de estaciones navales a lo largo del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), una zona de inmensa biodiversidad que conecta a Colombia con Ecuador, Panamá y Costa Rica.
En este corredor se encuentra la Isla Gorgona, donde se ha insistido en construir una “Subestación de Guardacostas”. Este proyecto, que incluye un muelle de 182 metros de largo, un radar militar, una torre y alojamiento para 28 infantes de marina, es en realidad una base naval. Su construcción en un área protegida no solo representa un posible crimen de ecocidio por la afectación a rutas migratorias y especies de coral, sino que fue impuesta negando el derecho de Consulta Previa a los pueblos afrocolombianos del litoral, como lo evidenció el fallo del 12 de febrero de 2025 de la Sala Sexta Laboral de Bogotá.
Estas acciones tienen un impacto profundo y multifacético. Las comunidades pesqueras, incluyendo las del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, denuncian que los ataques a embarcaciones se producen sin evidencias de actividades ilícitas, violando el derecho internacional y la jurisdicción colombiana. Además, la degradación ambiental resultante (con la afectación de corales y el desplazamiento de especies) impacta directamente la seguridad alimentaria y la economía local.
Esta situación, propia del modelo de seguridad que ha imperado en el país, prioriza la militarización sobre el bienestar comunitario, debilita el tejido social y acelera la pérdida de prácticas tradicionales, afectando desproporcionadamente a poblaciones afrodescendientes, raizales e indígenas. La falta de transparencia sobre víctimas e investigaciones fomenta, además, un clima de impunidad y desprotección.
Desde la Corporación Justicia y Democracia hacemos un llamado a mirar con atención la situación actual y esclarecer los hechos, promoviendo un modelo de seguridad que ponga en el centro la vida, la justicia social y el cuidado de los ecosistemas de los que somos parte.
Por: Javier Fernández y Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
Fuentes
https://www.cmarpacifico.org/donde-trabajamos/pacifico-este-tropical
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-extiende-al-pacifico-sus-ataques-a-lanchas