La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente a un sargento de la Brigada 23 del Ejército en Pasto, por un presunto caso de abuso sexual contra una joven que prestaba su servicio militar. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio de este año en el Batallón Boyacá.
La Procuraduría advirtió que el militar podría desviar la investigación, razón por la que fue suspendido durante tres meses. Pero este no es un hecho aislado.
Entre 2017 y 2024 se registraron 7 feminicidios cometidos por hombres de la Fuerza Pública: 4 por militares y 3 por policías (LIMPAL & ACOOC, 2024).
También se reportaron 231 investigaciones disciplinarias por violencia de género en ese mismo periodo. De ellas, 158 seguían vigentes.
Lo anterior, deja en evidencia patrones estructurales de violencia y prácticas machistas que han sido normalizadas al interior de la Fuerza Pública. La ausencia de controles eficaces y de una verdadera adopción de la formación basada en derechos humanos perpetúe estos abusos.
Urge que en el servicio militar se garanticen condiciones de protección y dignidad, especialmente para las juventudes con trayectorias de vida permeadas por desigualdades, como lo abordamos en el cuarto capítulo de La Desarmada sobre “Servicio militar obligatorio: consecuencias, resistencias y perspectivas para la desmilitarización”. Esto requiere involucrar enfoques de género, étnico y de derechos humanos en los protocolos de prevención, atención y sanción.
La violencia sexual dentro de la Fuerza Pública es una grave violación a los derechos humanos, urge que se garantice el acceso a justicia, reparación y no repetición. Que el rango y el uniforme no sean aliados de la impunidad.