*A propósito del cuarto informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo (CMS)
1️⃣Paz, derechos humanos (DDHH) y seguridad:
🕊 Aunque se han registrado avances normativos relevantes como la adopción de la Política de DDHH y DIH del Ministerio de Defensa, la actualización del Manual Conjunto de Educación en DDHH y DIH para las Fuerzas Militares, el Proyecto de Ley 253 de 2024 sobre el servicio militar para personas transgénero y la creación del Servicio Social para la Paz, éstos no han sido suficientes para transformar el modelo seguridad.
🕊 En términos financieros, se reporta una inversión de 84,65 billones de pesos en la implementación del Acuerdo de Paz, pero persisten brechas graves: solo el 34 % de las disposiciones están implementadas completamente y el capítulo étnico apenas alcanza un 13 % de cumplimiento.
🕊 Desde 2016, han sido asesinadas 460 personas firmantes del Acuerdo de Paz, incluidas 11 mujeres, 59 indígenas y 57 afros. Además, 73 liderazgos sociales fueron asesinados solo en lo corrido de 2025, en su mayoría en regiones como Nariño, Cauca y Catatumbo, generando desconfianza institucional y retrocesos en la construcción de paz.
🕊 El Estado ha priorizado acciones simbólicas y proyectos productivos, pero no ha logrado articular una estrategia efectiva de protección integral, ni una respuesta eficaz frente al fortalecimiento de actores armados ilegales.
🕊 Los ceses al fuego no coordinados han generado efectos contraproducentes en los territorios al facilitar el fortalecimiento de actores armados ilegales y agravar las crisis humanitarias. El informe alerta que “los ceses al fuego no coordinados han permitido el fortalecimiento de estos grupos, mientras las crisis humanitarias y los confinamientos han incrementado los desplazamientos internos.”
El modelo de seguridad en Colombia sigue permeado por la lógica del enemigo interno, lo que perpetúa la estigmatización de comunidades y organizaciones sociales, dificultando la adopción de enfoques como el de la seguridad humana. En este contexto, “preocupa el nombramiento de un militar como ministro de Defensa, lo cual rompe una tradición establecida desde 1991” (Comité de Seguimiento y Monitoreo, 2025, p. 33).
2️⃣Igualdad y no discriminación
✊🏽Las medidas dirigidas a mujeres, personas LGBTIQ+, pueblos étnicos y víctimas en el exilio son las menos implementadas según el informe, tanto en lo referido a las recomendaciones de la CEV como a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
✊🏽Las violencias basadas en género y la homofobia siguen creciendo en niveles alarmantes: en 2024 se registraron 745 feminicidios y 164 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas por prejuicio.
✊🏽Se ha adoptado marcos normativos importantes como la Ley 2453 de 2025 contra la violencia política hacia las mujeres y el CONPES 4147 para la reducción de brechas LGBTIQ+; sin embargo, su ejecución es limitada. El proyecto de decreto del Sistema Nacional de Personas LGBTIQ+ aún no ha sido firmado.
✊🏽El informe denuncia que estas violencias son cometidas por actores armados y normalizadas por estructuras sociales, señalando que esta violencia es perpetuada por actores armados que, motivados por la naturalización de la misoginia, la transfobia y el machismo, actúan con complicidad.
✊🏽A pesar de algunos avances en justicia, la implementación del Macrocaso 11 de la JEP sobre violencias basadas en género es lenta y persiste la impunidad. Se insiste en que es fundamental acelerar su implementación y fortalecer medidas de protección para lideresas y defensoras.
✊🏽Solo el 13 % de las disposiciones del capítulo étnico del Acuerdo de Paz tiene cumplimiento completo. El Comité insta a crear el Programa Especial de Armonización para excombatientes indígenas y afrocolombianos.
Persisten desigualdades estructurales en salud, educación y participación política, particularmente en zonas rurales y de frontera, donde las políticas públicas no han logrado llegar con enfoque interseccional.
3️⃣Defensa de la tierra y el territorio
🌿El informe reafirma que las desigualdades estructurales en la ruralidad son una causa central del conflicto armado, señalando que la Comisión de la Verdad concluyó que las desigualdades estructurales en la ruralidad están estrechamente relacionadas con el origen y la persistencia del conflicto armado.
🌿Aunque hay inversiones importantes en zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y se han impulsado proyectos territoriales, persiste una brecha significativa en la formalización de tierras, asistencia técnica y garantía de para comunidades campesinas, indígenas y afros.
🌿Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes continúan expuestas a control armado ilegal, presión extractiva y violencia contra líderes ambientales y sociales, especialmente en regiones como Catatumbo, el Sur de Bolívar, Chocó, Cauca y la Sierra Nevada.
🌿Se destacan 34 recomendaciones sobre paz territorial, agrupadas en cinco ejes:
1). Estrategia de desarrollo territorial sostenible para la equidad y la paz territorial (Creación de la Comisión Intersectorial para la Reforma Agraria, avances en proyectos estratégicos en zonas PDET y en planes nacionales de electrificación, conectividad y salud rural);
2). Acceso equitativo, democrático y ambientalmente sostenible a la tierra y los territorios (entrega de más de 5000 hectáreas a mujeres rurales y avances en catastro multipropósito);
3). Uso sostenible de tierras y territorios y gestión de conflictos socioambientales (aumento del trazado de la frontera agrícola con enfoque ambiental y social, ratificación del Acuerdo de Escazú y progresos en pagos por servicios ambientales con participación de firmantes de paz);
4). Prevención y reversión del despojo de tierras y territorios, y la reparación efectiva (entrega de 818 predios, superando la meta de restitución, implementación del análisis estratégico territorial para prevenir riesgos y persistencia de baja implementación efectiva de sentencias de restitución) y
5). Descentralización, autonomía territorial y organización político-administrativa (aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024 para fortalecer la autonomía territorial y los avances en zonas de reserva campesina y los territorios campesinos agroalimentarios).
🌿El Comité valora la ratificación del Acuerdo de Escazú y los esfuerzos iniciales de implementación, como audiencias públicas ambientales y herramientas de análisis de conflictividad socio ecológica promovidas por la ANLA. Sin embargo, se requiere mayor acción estatal para prevenir y transformar la conflictividad socioambiental con enfoque de justicia ecológica y participación comunitaria.
El informe advierte que la defensa del territorio sigue costando vidas, en un contexto donde los megaproyectos y la minería agravan las tensiones socioambientales.
Conoce el informe completo: