Bogotá fue sede de la edición 28 de la Conferencia Internacional de Reducción de Daños (HR25), un evento importante desarrollado entre el 27 y el 30 de abril a través del cual se abrieron espacios de discusión y análisis sobre la reducción de daños en el uso de sustancias psicoactivas (SPA), y que posiciona al Sur Global como protagonista en la transformación de las políticas de drogas.
De acuerdo con Mutante, este evento contó con la participación de 1.400 personas entre representantes de Gobiernos de diferentes países, sociedad civil y comunidades afectadas, lo que permitió que Bogotá se consolidara como un espacio clave para hablar de la importancia de redefinir las políticas de drogas -que históricamente han estado marcadas por el prohibicionismo y el punitivismo-, promoviendo un enfoque de salud pública, derechos humanos y equidad.
Pero ¿Qué es eso de la reducción de riesgos y daños?
La reducción de riesgos y daños es una lucha por la dignidad en tiempos de prohibición. No exige la abstinencia sino el respeto por la autonomía y la voluntad de las personas sobre sus cuerpos. Frente a un consumo de SPA complejo y multicausal las respuestas punitivas han fallado: castigan, estigmatizan y aíslan.
Este enfoque, arraigado a la salud pública, los derechos humanos y la justicia social propone cuidar sin imponer y acompañar sin juzgar. Plantea intervenciones basadas en la dignidad de las personas usuarias, la garantía de sus derechos y la participación en distintas esferas de lo social a partir de prácticas basadas en la evidencia que incluyen: material higiénico para el uso seguro, análisis de sustancias, prevención de sobredosis, información clara y entornos de cuidado.
¡No se trata de promover el consumo sino de priorizar la vida!
Te contamos de algunos momentos clave de la HR25
Durante estos días se reafirmó que las políticas punitivas y prohibicionistas en materia SPA basadas en la criminalización y el castigo continúan alimentando la injusticia social, vulnerando derechos y reforzando estructuras coloniales de control sobre los cuerpos, los territorios y los saberes.
Se enunciaron distintas posturas y propuestas desde el enfoque de reducción de riesgos y daños:
🍄Salas de consumo supervisado: uno de los dispositivos más potentes en términos de cuidado y salud pública son las salas de consumo supervisado, éstas reducen de forma comprobada las muertes por sobredosis y ofrecen espacios seguros para personas usuarias.
🍄Descolonizar las políticas de drogas: durante la plenaria ¡Nuestra tierra, nuestras leyes! se insistió en la necesidad de descolonizar la política de drogas. Pensar desde los territorios implica recuperar saberes ancestrales, como los usos tradicionales de la hoja de coca que han sido criminalizados por la mal llamada guerra contra las drogas.
Esta guerra no es contra las sustancias, es contra las personas racializadas, empobrecidas y precarizadas. Es contra quienes habitan y defienden territorios hoy amenazados por intereses extractivos.
Reducir daños es también proteger el medio ambiente y reconocer la autonomía de los pueblos originarios.
🍄La prohibición como amenaza a los derechos humanos: las políticas prohibicionistas son una amenaza directa a los derechos humanos. No solo alimentan el encarcelamiento masivo, sino que sostienen una economía de guerra que invierte en represión y muerte en lugar de salud, cuidado y vida digna. Como demuestran las experiencias en Brasil y Chile, es posible implementar políticas basadas en evidencia científica, centradas en las personas, que reduzcan el consumo problemático y abran alternativas habitacionales y comunitarias.
🍄Sujetos de derechos, no objetos de castigo: la criminalización de las drogas ha operado históricamente como un mecanismo de control social y racial. Refuerza desigualdades y trata a las personas como objetos de intervención, no como acreedoras de derechos. La ciencia y el conocimiento deben estar al servicio de los pueblos, no de intereses corporativos o elitistas. Se exigió que la política de drogas se construya con la participación activa de quienes han sido más afectadas, es decir, con las personas usuarias de drogas, trabajadoras sexuales, comunidades campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes.
🍄Género, estigma y violencia: las mujeres y personas con identidades y expresiones de género diversas enfrentan formas específicas de violencia y exclusión cuando usan drogas. Muchas deben esconderse y recurrir a mercados ilegales por miedo a ser castigadas o perder la custodia de sus hijos e hijas. La drogofobia y el estigma funcionan como formas de discriminación que deben ser visibilizadas y erradicadas. Se exigió que todas las redes de atención adopten la perspectiva de género y la reducción de daños como enfoque transversal.
🍄Territorio: las políticas represivas han generado violencia directa en comunidades rurales, indígenas y racializadas, muchas de ellas afectadas también por megaproyectos extractivos. Estas políticas han roto los tejidos comunitarios y han dado lugar a conflictos territoriales, desplazamientos y militarización. En contravía, la reducción de daños puede ser una estrategia de pacificación real en contextos complejos al ofrecer rutas de cuidado, participación y reconstrucción del tejido social.
🍄Uso de drogas y violencia policial: las políticas de drogas basadas en la criminalización y el castigo han convertido a la Policía en el brazo ejecutor de una guerra que no se libra contra las sustancias, sino contra las personas, mayoritariamente juventud racializada, personas empobrecidas, habitantes de calle, mujeres, disidencias sexuales y comunidades indígenas o campesinas. Se planteó la necesidad de poner fin a la persecución del porte y consumo, despenalizar las prácticas asociadas al uso de SPA y reconocer a las personas como sujetas de dignidad, no como blancos de control.
🍄Legalización de la cocaína y la marihuana como camino a seguir: ¡Legalización! Esa fue una de las consignas en los espacios de plenaria en los que, desde Colombia y el Sur Global, se puso en discusión de manera amplia, cómo esto también aporta a la reducción de riesgos y daños para el mundo. Esto implica que, más allá de quitarle poderío a las redes de narcotráfico, se ponga en el centro a las personas usuarias de SPA, el medio ambiente y las relaciones comunitarias. “La guerra contra las drogas la ganaron las drogas”, como dijo Julián Quintero de ATS. Hay más variedad, más usos, más violencia y mientras no se generen cambios estructurales a las políticas de drogas, las personas víctimas de esta guerra seguirán perdiendo, igual que la sociedad.
Estas discusiones reflejan la importancia de crear e implementar políticas que prioricen la vida, la salud pública, la autonomía y la dignidad. Consideramos que la Política de Nacional de Drogas 2023 – 2033 “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”, aunque supera la visión tradicional que ha imperado en Colombia -que priorizaba la eliminación o la reducción de los cultivos de uso ilícito y los problemas asociados a la producción, el tráfico y la seguridad-, sigue quedando en el papel, a pesar de ser un avance significativo.
También recalcamos la importancia de avanzar en acciones que permitan la desmilitarización y descriminalización del uso de SPA, es decir, dejar de abordar el consumo como un problema de seguridad, que a menudo incluye privación de la libertad y represión hacia las personas usuarias. Es importante reformar las leyes punitivas que solo criminalizan.
Desde la Corporación Justicia y Democracia trabajamos por la promoción y difusión de narrativas no estigmatizantes que promuevan la descriminalización en torno al uso de SPA. Buscamos cambiar los imaginarios sociales a partir de la difusión de información veraz y completa.
Nos sumamos a las consignas que gritan claro y fuerte ¡La reducción de daños salva vidas!
Por: Karen Carrillo y Heidy Burgos, equipo de Comunicaciones de la Corporación Justicia y Democracia
