¿Qué pasó en el 2024? Obstáculos en la implementación del Acuerdo de Paz, preocupaciones por el aumento de la polarización social, el racismo y los prejuicios hacia comunidades afrodescendientes e indígenas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), recientemente presentó su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante 2024. El documento subraya varias preocupaciones:
❌El modelo económico centrado en la explotación de recursos naturales ha marginado sistemáticamente a poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. La falta de protección estatal ha dejado a muchas comunidades en riesgo de exterminio físico y cultural, especialmente ante la violencia, la pobreza y el avance de la frontera extractiva.
❌Se reporta que, en 2024, 51.623 personas fueron desplazadas (50% indígenas y afrodescendientes), una disminución del 18 % respecto al año anterior. Sin embargo, el confinamiento forzado afectó a 138.419 personas, aumentando un 58%.
❌Frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales, se mencionan 216 casos verificados (58% de las víctimas son indígenas y afrodescendientes).
❌Además, se documentaron actos de violencia de género utilizados como control social y territorial, con más impacto en mujeres defensoras de derechos humanos, personas LGBTIQA+, comunidades migrantes e infancia víctima de reclutamiento.
❌El ACNUDH recibió 33 alegaciones de privaciones arbitrarias de la vida y 40 denuncias de otras violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública.
Entre sus recomendaciones, el informe destaca la territorialización de la política de seguridad, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la implementación del acuerdo de paz, la adopción de la política nacional de garantías para defensores de derechos humanos y la aplicación del acuerdo de Escazú para proteger el medio ambiente y sus defensores.
Este informe refleja cómo las dinámicas del conflicto armado siguen afectando gravemente a la población civil. Urge garantizar condiciones de vida digna en los territorios.
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