El mal llamado “acuerdo migratorio” entre Nayib Bukele y Donald Trump para trasladar personas privadas de la libertad desde Estados Unidos a cárceles salvadoreñas refuerza la tendencia global de convertir las prisiones en un negocio. Éste se suma a la decisión de recibir personas migrantes indocumentadas deportadas desde dicho país, incluidas aquellas de otras nacionalidades que hayan cometido crímenes en el territorio.
Estados Unidos alberga el 20% de la población penitenciaria mundial pese a representar solo el 5% de la población mundial. Su sistema carcelario, con 1.808.100 personas privadas de libertad ha crecido un 500% en las últimas cuatro décadas, lo que ha estado impulsado por la privatización y el lucro.
¿Por qué hablamos del castigo como negocio?
Empresas como CoreCivic (la segunda empresa correccional privada más grande de Estados Unidos y GEO Group (una empresa que administra y construye cárceles privadas, centros de detención y centros de procesamiento) generan millones de dólares al año, lucrándose de la creación de lugares donde a menudo se violan derechos derechos como el acceso a la justicia y a condiciones de vida digna.
El Salvador, que ya tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (1.659 por cada 100.000 habitantes), se incorpora a esta lógica con la expansión de su infraestructura penitenciaria, representada por el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT), la prisión más grande de América Latina que actualmente tiene capacidad para 40.000 personas. El acuerdo con Estados Unidos intensifica un modelo punitivista que prioriza la privación de libertad sobre el respeto a los derechos humanos.
Esto plantea serias preocupaciones sobre el acceso a procesos judiciales justos y la situación de derechos humanos en las cárceles salvadoreñas, caracterizadas por el hacinamiento y condiciones inhumanas.
Este tipo de acuerdos no garantizan mayor seguridad ni reducen la criminalidad. Por el contrario, perpetúan ciclos de exclusión, criminalización de la pobreza, perfilamiento racial y violaciones a los derechos humanos. En lugar de expandir el mercado penitenciario, urge garantizar el debido proceso y apostar por la prevención del delito desde un enfoque de justicia social.