¡Para la guerra, nada!
La paz, más que un anhelo, es un derecho inherente que se le debe garantizar a todas las comunidades del país.
La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, se encuentra sumida en una grave crisis humanitaria producto de la intensificación del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las FARC. Este escenario de violencia ha dejado a la población civil atrapada en una espiral de desplazamientos forzados, confinamientos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El presidente Gustavo Petro calificó las acciones del ELN en la región como crímenes de guerra, denunciando su falta de voluntad para avanzar en los diálogos de paz, por ello, ante la creciente escalada de violencia, el Gobierno Nacional ha suspendido las negociaciones con este grupo armado. Además, tras el reciente consejo de seguridad, el presidente anunció que se evalúa la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, la cual es una figura contemplada en la Constitución de 1991 que autoriza al presidente a adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis que amenazan la seguridad y el orden público, pero ¿De qué manera esta medida garantizaría la protección de la vida de las poblaciones que viven en el territorio?
Las cifras preliminares reflejan una realidad alarmante:
⚠ Más de 30 personas asesinadas y al menos 10 heridas, según reportes en proceso de verificación (entre éstas hay liderazgos sociales y población campesina).
⚠ 5 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados en Teorama, El Tarra y Convención, lo que evidencia los riesgos latentes para quienes han apostado por la reconciliación.
⚠ Una masacre en Tibú que dejó 3 víctimas, entre ellas un bebé.
⚠ Al menos 9 puntos críticos permanecen bajo enfrentamientos activos, generando confinamientos, amenazas y un incremento en los desplazamientos forzados.
Urgen respuestas efectivas que prioricen la protección de la vida y la dignidad humana, el Estado tiene el deber de promover políticas de seguridad que protejan la vida e integridad del campesinado y los pueblos indígenas.
La paz, más que un anhelo, es un derecho inherente que debe hacerse realidad para las comunidades del Catatumbo, quienes merecen vivir sin miedo, con justicia y en dignidad.