Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
Desde la Corporación Justicia y Democracia nos sumamos a la alerta frente a lo que puede ser un retroceso del punto 1 del Acuerdo de Paz.
El Consejo de Seguridad de la ONU renovó por unanimidad la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027, pero modificó sus funciones: mantuvo la verificación de la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad para firmantes, comunidades y organizaciones. Dejando por fuera la Reforma Rural Integral (RRI).
Que la Misión siga vigilando la seguridad es importante en cuanto se trate de proteger la vida de firmantes de paz, liderazgos sociales y poblaciones que siguen confinadas en los territorios. Desde la firma del Acuerdo, más de 500 firmantes han sido asesinados, según los registros de Indepaz. Pero cuidar la vida también es atender lo que la amenaza, mientras la tierra siga concentrada en pocas manos y el despojo continúe, la violencia seguirá encontrando dónde echar raíces.
El recorte lo solicitó el propio Gobierno, el canciller Omar Bula argumentó ante el Consejo de Seguridad que la RRI tiene una “naturaleza distinta” y debe quedar en manos de la institucionalidad permanente del Estado. Abelardo afirmó que “a partir de ahora la ONU concentrará su labor de verificación en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad. La Reforma Rural Integral quedará bajo la responsabilidad de las instituciones colombianas, sin la verificación de esa Comisión”, y agregó que la decisión “reafirma la soberanía de Colombia”.
Curiosa idea de soberanía la de un gobierno que levanta la prohibición de exportar carbón a Israel y le abre la puerta a Estados Unidos para asegurar sus cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras.
Es el mismo Gobierno que ha venido derogando declaratorias de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, mantiene en el cargo a un ministro de Ambiente recusado por posibles conflictos de interés frente a Santurbán y prefiere hablar de “pequeños productores del campo” porque considera estigmatizante la palabra campesino. Soberanía para negociar el territorio hacia afuera, pero no para rendir cuentas a quienes lo habitan.
A esto se suman una consulta previa “reordenada” y el regreso de la fumigación aérea. Cambios presentados como técnicos que redefinen quién decide sobre el territorio y que el senador Iván Cepeda ha llamado una “contrarreforma agraria”.
El argumento de fondo tampoco se sostiene, pues el punto 1 del Acuerdo reconoce el problema agrario como causa estructural del conflicto y fija metas claras: adjudicar 3 millones de hectáreas y formalizar 7 millones en 12 años. El propio jefe de la Misión, Miroslav Jenča, ya había advertido que la situación de seguridad en las regiones es grave y que, por eso, la reforma rural es clave.
Entonces, si el Estado se vigila a sí mismo, ¿quién se asegura de que la tierra llegue a donde tiene que llegar?
Ante el repliegue internacional, nos corresponde a la sociedad civil, a las comunidades campesinas, étnicas y afrodescendientes, a la academia y a la cooperación fortalecer la veeduría sobre la RRI.
El Acuerdo de 2016 es un compromiso de Estado, no un programa de gobierno. Vale la pena preguntarse quién se beneficia con esta decisión, porque pareciera que el gobierno de los nunca pretende concentrar la tierra entre los de siempre.