Los riesgos de militarizar Bogotá

Por: Sara Melisa Jiménez Castillo 

Tras la Operación Kratos en Bogotá, que dejó un saldo de 172 capturas reportadas oficialmente, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó un consejo de seguridad en el que planteó establecer un control militar en el corredor Usme-Sumapaz para contener la expansión de estructuras criminales. Este anuncio se produjo semanas después de que el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, solicitara formalmente al mandatario militarizar las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, propuesta que sustentó en los 528 homicidios registrados en estas tres localidades durante 2024. Aunque ambos planteamientos apuntan a ampliar la intervención de las Fuerzas Militares en Bogotá, todavía no se han precisado los alcances operativos, las funciones específicas ni el tiempo de permanencia de las tropas en estos territorios. La ambigüedad es, en sí misma, un problema. 

Después de estas declaraciones, la comunidad y distintas personalidades políticas de la oposición manifestaron su rechazo frente a esta posible militarización y cuestionaron sus posibles consecuencias, que podrían derivar en violaciones de derechos humanos y poner en riesgo a la población civil. Entre ellos, el representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Becerra, rechazó la militarización de la capital y del territorio campesino de Sumapaz, y consideró que el presidente pretende reemplazar con fusiles lo que no resuelve mediante inversión, policía e investigación judicial. Por su parte, la concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, calificó los anuncios como un show mediático y advirtió que el Ejército y la Policía tienen funciones muy distintas. 

Susana Muhamad, por su parte, expresó las dudas que genera una militarización, al considerarla una medida delicada. Por ello, pidió que se aclararan los siguientes puntos: «¿Cuál es el rol del Ejército frente a la Policía en localidades como Kennedy y Bosa? ¿Por qué y para qué se necesita la intervención militar en el contexto de desestructurar el crimen organizado? ¿Es una presencia permanente o en el marco de operativos específicos? Si ya en Sumapaz hace presencia el Ejército, ¿cuál es el rol adicional? ¿Cuál es el rol del Ejército en el control territorial del Estado y en qué territorios específicos?». 

Con este anuncio del presidente se hace evidente cómo la militarización se presenta como sinónimo de seguridad, cuando la experiencia colombiana muestra otra cosa. El Ejército y la Policía tienen competencias distintas: mientras las Fuerzas Militares están orientadas principalmente a la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional, la Policía tiene a su cargo la convivencia y la seguridad ciudadana. Un Ejército entrenado para combatir a un enemigo armado no investiga extorsiones ni protege a un comerciante. Y cuando se despliega sobre la población civil, el costo suele recaer sobre quienes menos tienen que ver con el crimen: controles indiscriminados, estigmatización de barrios enteros y señalamientos a campesinos y jóvenes. 

No es casualidad dónde aterrizan estos planes. Llegan a las localidades con mayor vulnerabilidad económica. Según la Encuesta Multipropósito 2021, la pobreza monetaria alcanzaba al 57,81 % de la población en Usme, al 57,37 % en Ciudad Bolívar y al 53,18 % en Bosa, frente al 7,9 % en Teusaquillo y al 12,83 % en Chapinero. La diferencia resulta especialmente significativa si se compara Usme con Teusaquillo: la incidencia de pobreza monetaria en la primera localidad era aproximadamente 7,3 veces la registrada en la segunda. En cuanto a la pobreza extrema, Ciudad Bolívar registraba una incidencia del 21,74 %, lo que evidencia la persistencia de profundas desigualdades sociales y económicas en el sur de la ciudad. 

Los avances recientes confirman que las condiciones sociales pueden mejorar. La Encuesta Multipropósito 2025 muestra que la pobreza monetaria en Bogotá pasó de cerca de 35 de cada 100 habitantes en 2021 a 22 de cada 100 en 2025, y que en Sumapaz bajó del 38,7 % al 11,4%. Si la inversión social reduce la pobreza, resulta contradictorio que la respuesta del Estado hacia estas mismas localidades sea llegar con tropas y no garantizar la continuidad de esas políticas. Los problemas de seguridad en estos territorios no son meramente de seguridad: son estructurales y llevan décadas acumulándose. Por ello, pretender que la militarización de estos espacios hará que la ciudad sea automáticamente más segura es una falacia. 

Si realmente se buscara un cambio en la seguridad del país, el despliegue militar vendría acompañado de planes complementarios en sectores como la educación, el empleo y los espacios culturales y deportivos, así como de rutas reales para que los jóvenes no caigan en las redes de criminalidad que se pretende combatir. Sin ese acompañamiento, la operación se queda en una imagen de fuerza y no aborda las causas que alimentan el problema. 

Ahora bien, la militarización puede traer consigo un aumento de la represión generalizada, lo que, a su vez, erosiona la confianza de las comunidades en el Estado. Y sin esa confianza no hay denuncia ni inteligencia ciudadana. A largo plazo, el resultado puede ser más violencia, no menos. 

De igual manera, más allá de las tres localidades en las que se plantea la militarización, una de las zonas que más merece atención es Sumapaz. No se trata simplemente de un punto en el mapa por el que transitan estructuras ilegales. Es un territorio rural estratégico por su importancia ambiental e hídrica, que alberga el complejo de páramo de Sumapaz, uno de los ecosistemas de alta montaña más importantes del mundo. También es territorio campesino, con una larga historia de conflicto, pues sus pobladores son, en su mayoría, campesinos desplazados. 

Aquí hay una disonancia que conviene decir en voz alta. Los liderazgos ambientales y la comunidad campesina de Sumapaz llevan años expuestos a amenazas y al abandono, pero sus alertas no lograron movilizar al Estado. Sin embargo, la atención llega ahora, y lo hace en forma de tropas, no de protección para quienes defienden el páramo ni de inversión social y ambiental. Si el Gobierno descubre hoy la importancia estratégica de Sumapaz, cabe preguntar por qué no la vio cuando los líderes pedían garantías. 

Por esto mismo, hay dudas legítimas sobre lo que implicará el control militar de un ecosistema estratégico. ¿Qué reglas regirán la presencia de tropas en el páramo? ¿Qué mecanismos de control civil y ambiental habrá? ¿Quién vigilará que la seguridad no se convierta en una puerta de entrada a intereses extractivos? No afirmamos que exista tal conexión, pero las comunidades merecen respuestas claras y públicas antes de que lleguen los uniformes. 

En últimas, la discusión sobre la militarización de Bogotá no puede reducirse a una cuestión de presencia o ausencia de tropas, sino que debe partir de preguntarse qué tipo de seguridad se está construyendo y para quién. El despliegue militar sin objetivos claros, mecanismos de control civil y garantías para la población puede profundizar la estigmatización de los territorios, aumentar los riesgos de abusos de autoridad y deteriorar aún más la confianza entre las comunidades y las instituciones, que ya se ha visto afectada tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia. El peligro es que, bajo la promesa de recuperar el control territorial, se termine convirtiendo a campesinos, jóvenes y habitantes del sur de Bogotá en poblaciones permanentemente vigiladas y sospechosas.  

Bogotá no puede construir su seguridad a costa de los derechos de quienes se supone que debe proteger ni necesita que sus territorios más vulnerables sean tratados como escenarios de guerra, sino que el Estado llegue con instituciones, inversión, justicia y garantías para sus habitantes.