Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
El 28 de septiembre de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 1277, que revoca la Resolución 0970. Esa resolución había extendido hasta 2029 la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables, la figura temporal que protege el costado occidental del macizo de Santurbán y el agua que depende de él. Con la nueva decisión, las más de 75.000 hectáreas de esta zona en Soto Norte1 quedan cubiertas frente a nuevas actividades mineras solo hasta el 4 de marzo de 2027, dos años menos de lo previsto.
¿Por qué importa?
Lo que está en juego no es un trámite administrativo. La reserva temporal es un instrumento de precaución que congela la posibilidad de nuevos títulos mineros mientras se avanza hacia una delimitación definitiva del páramo. Al recortar su vigencia, se reduce el tiempo de protección efectiva y acerca el momento en que títulos mineros suspendidos podrían intentar reactivarse. Además, según el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, esta es la tercera medida de protección sobre el páramo que cae tras dos meses de la llegada de Abelardo a la presidencia.
La contradicción
El Ministerio dice que quiere corregir un problema de participación, pero la solución que eligió deja al páramo con menos protección. Según el Ministerio, la Resolución 0970 usó una metodología de “delimitación progresiva” sin garantizar una participación plena. Sin embargo, corregir una falla de procedimiento no obligaba a eliminar la protección, el Comité Santurbán señaló que la orden era reiniciar el proceso, no tumbar toda la resolución. El resultado es que se elimina una salvaguarda sin ofrecer otra que garantice el mismo nivel de resguardo.
¿Quiénes se benefician?
La Resolución 1277 la firmó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, que actúa como ministro de Ambiente ad hoc para los asuntos de Santurbán. Fue designado después de que se aceptara una recusación del Comité Santurbán contra el ministro titular, Fabio Arjona. El Comité sostiene que Arjona tenía un posible conflicto de interés por sus declaraciones a favor del proyecto minero Soto Norte, de la empresa Aris Mining. Por su parte, Aris terminó de preparar su Estudio de Impacto Ambiental y Social y prevé hacer reuniones con las comunidades antes de solicitar la licencia ambiental; pero cuando se decide sobre el agua de millones de personas, la imparcialidad no es un detalle.
Lo que sigue
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán fijó el 13 de noviembre como plazo para que el Gobierno reabra la consulta pública sobre la reserva de La Baja, un área de 1.499 hectáreas en California, Santander, que según el Ministerio está fuera del límite del páramo. Si no ocurre, se ha convocado movilización para el próximo 13 de noviembre en Bogotá frente al Ministerio de Ambiente.