La muerte como espectáculo del poder 

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia

En Colombia, tal como si viviéramos en una distopía, existe una página llamada lasbajasdeltigre.com a través de la cual se muestra un contador que convierte la guerra en un tablero de resultados y la muerte en una estadística que se acumula. Allí, las muertes, las capturas y las incautaciones parecen sumar puntos, como si el Estado estuviera en una competencia por demostrar quién golpea más fuerte al enemigo, aunque casualmente olvidan anotar los “puntos” del oponente y lo que debería ser materia de rendición de cuentas se transforma en una vitrina de poder, donde los cuerpos se reducen a cifras y la muerte se presenta como evidencia de la eficacia del Gobierno. 

Y claro que es preocupante que una política de seguridad necesite contar muertos para demostrar que está funcionando. No porque el Estado deba renunciar a combatir a las organizaciones armadas ilegales, sino porque la seguridad pierde su sentido cuando la muerte deja de ser una consecuencia trágica de la violencia y empieza a presentarse como una victoria que merece celebrarse. 

Mientras en televisión nacional el presidente se muestra victorioso, la realidad de los territorios contradice cualquier intento de reducir la seguridad a un contador de bajas. En Santa Marta, por ejemplo, la agudización de la violencia amenaza la tranquilidad de sus habitantes y golpea una economía que depende en buena medida del turismo, según el medio el País solo durante el primer día de paro armado la ciudad dejó de percibir 39.500 millones de pesos. En el Chocó, según la Defensoría del Pueblo, las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) enfrentaron una doble emergencia: a los daños del terremoto del 10 de agosto se sumaron los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, que obligaron a cerca de 90 familias de Charco Largo, Charco Hondo y Barrancón a desplazarse hacia Istmina.  

En el Catatumbo, las operaciones militares en zonas rurales de Tibú y San Calixto también generaron preocupación por campesinos heridos, viviendas afectadas y familias desplazadas. En el Cauca, la violencia continúa amenazando a comunidades rurales y obstaculizando la movilidad por corredores fundamentales para la vida cotidiana y la economía regional; el atentado contra el peaje de El Bordo, ocurrido el 12 de octubre, volvió a evidenciar la fragilidad de la estrategia de seguridad del actual gobierno. Por eso no se puede mostrar cifras y venderlas como victorias militares cuando la población civil continúa pagando las consecuencias de una guerra que no les pertenece.  

Aunque la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos de este tipo de narrativas y ha señalado que no está confirmada la oficialidad del portal, es preocupante la personalización de la victoria alrededor de la figura presidencial, donde el gobernante capitaliza políticamente las muertes, mientras la Fuerza Pública corre el riesgo de ser presentada como una extensión de su voluntad personal y no como una institución al servicio de la Constitución. Pues las operaciones militares han dejado de comunicarse como actuaciones estatales sujetas a la ley y parecen integrar el relato de un líder que exhibe los resultados de la guerra como demostraciones de su propia autoridad, mientras se pasea entre cadáveres y amenaza a sus enemigos.  

Es alarmante porque cuando la seguridad se convierte en una marca presidencial, las muertes pueden terminar funcionando como capital político, la fuerza legítima como un instrumento de propaganda y la defensa de la vida y el cumplimiento de la ley quedan subordinados a la necesidad política de exhibir resultados. 

Y el problema no es solo la página web, el problema es la manera de representar públicamente la seguridad: el uniforme, las armas, los cuerpos alineados, los balances numéricos y el presidente ocupando el centro de la escena, en el que muerte se transforma en una escenografía del poder, los cadáveres aparecen como evidencia visual de eficacia, los muertos se convierten en un recurso comunicativo y la muerte en propaganda. 

Esta puesta en escena desplaza las preguntas fundamentales, no hay espacio a las inquietudes normales en democracia, ya no importa tanto qué ocurrió, quiénes eran las personas fallecidas, si había menores de edad, cuáles fueron las circunstancias del operativo o qué afectaciones sufrió la población civil. Lo que importa es el impacto de la imagen y la capacidad del Gobierno para presentarla como prueba de autoridad. 

Una operación militar puede tener resultados legítimos y necesarios. Informarlos es una obligación de transparencia. Pero existe una diferencia sustancial entre rendir cuentas y exhibir muertos como trofeos. La primera fortalece la confianza pública; con la segunda se corre el riesgo de normalizar la crueldad y convertir el sufrimiento humano en espectáculo, que es sumamente peligroso para una democracia.  

A demás Colombia ya sabe a dónde conduce el conteo de cuerpos, la memoria histórica y colectiva colombiana obliga a mirar con especial cuidado cualquier discurso que convierta las bajas en sinónimo de éxito. Durante el 2002 y 2008, época en que ocurrió el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, el conteo de cuerpos llegó a operar como un indicador perverso de resultados militares, alimentado por presiones, reconocimientos y mecanismos que privilegiaron las muertes sobre otras formas de cumplir la misión.  

Pues cuando la muerte se premia simbólicamente y se celebra como resultado superior se crea un entorno cultural peligroso para la protección la vida y la dignidad humana. La memoria no sirve únicamente para juzgar los crímenes del pasado. También debe permitirnos reconocer los lenguajes, las prácticas e incentivos que pueden erosionar los límites del Estado. La no repetición comienza cuando la sociedad se niega a aceptar que matar más equivale a gobernar mejor. 

Colombia debe preguntarse qué ocurre con las comunidades cuando las cámaras se apagan y las tropas se retiran, para entender porque no se debe retornar a una política que hace de la muerte su principal argumento de autoridad, y porque se necesita una seguridad que no confunda la capacidad de matar con la capacidad de gobernar.