El asesinato de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años, ocurrido después de un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en la zona limítrofe entre Bogotá y Soacha y el de Luis Alfredo Chocó Echeverry, joven afrodescendiente de 28 años y padre de dos niños, durante un procedimiento policial en Villa Rica, Cauca, ocurrido apenas una semana después, vuelven a poner en evidencia una preocupación que en Colombia no se puede seguir eludiendo: el uso de la fuerza estatal está dejando nuevamente sus consecuencias más graves sobre cuerpos afrodescendientes.
Ambos casos exigen una mirada rigurosa sobre la actuación policial, sus protocolos y los mecanismos de control que deben impedir que una intervención termine en el asesinato de una persona. En el caso de Donovan Balanta, además, existe un elemento que modifica sustancialmente la discusión: no murió en medio de un enfrentamiento, sino después de ser reducido y mientras se encontraba bajo custodia policial. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que, cuando una persona está detenida, el Estado es responsable de garantizar su vida e integridad y pidió que la investigación sea adelantada por la justicia ordinaria.
Los relatos conocidos sobre el procedimiento de Donovan describen golpes, descargas con un dispositivo de inmovilización eléctrica y una reducción que terminó con su traslado bajo custodia y posterior fallecimiento. Estas circunstancias continúan siendo materia de investigación, pero llevaron a la Policía a separar del cargo a siete uniformados. La Fiscalía, por su parte, adelanta la recopilación de evidencia y el caso fue trasladado a la justicia ordinaria. La Defensoría del Pueblo ha solicitado que, además de establecer las responsabilidades por la muerte, se determine si durante el procedimiento existieron conductas asociadas con discriminación racial o posible perfilamiento racial.
El caso de Luis Alfredo Chocó Echeverry vuelve a abrir esta discusión desde el norte del Cauca. El joven murió el 27 de septiembre en el sector San Fernando de Villa Rica después de recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial. Su familia y el abogado defensor de derechos humanos Alí Bantú Ashanti denuncian que fue requerido para un registro, posteriormente agredido y finalmente herido de bala. También han cuestionado versiones que buscarían relacionarlo con un arma, señalamiento que, según los reportes disponibles, no ha sido establecido judicialmente.
La Policía Nacional sostiene una versión diferente. Según la institución, cinco personas que se movilizaban en un vehículo habrían disparado contra los uniformados alrededor de las 9:15 de la noche, por lo que los agentes utilizaron sus armas de dotación para proteger su vida e integridad. La Policía informó además sobre la incautación de un revólver calibre .38 y un arma traumática, aunque su comunicado no señala que alguna de esas armas perteneciera específicamente a Luis Alfredo. Dos personas fueron capturadas y el CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes para establecer qué ocurrió.
Precisamente porque existen versiones contradictorias, la respuesta institucional no puede ser la defensa automática del procedimiento policial ni la criminalización de la víctima. Corresponde a la Fiscalía establecer, con independencia y rigor, qué sucedió antes, durante y después de la intervención; determinar quién disparó, en qué circunstancias, qué fuerza fue utilizada, si esta resultaba necesaria y proporcional y qué ocurrió con las personas que fueron detenidas.
Pero hay una dimensión que tampoco puede quedar fuera de esta investigación: el componente racial. Donovan Balanta y Luis Alfredo Chocó Echeverry eran hombres afrodescendientes. Esto vuelve indispensable examinar si existieron prácticas de perfilamiento, prejuicios raciales o patrones diferenciados en la forma de detener, requisar, controlar y emplear la fuerza contra personas afrodescendientes.
El perfilamiento racial no es una categoría abstracta. Naciones Unidas lo define como la práctica mediante la cual agentes del orden utilizan la raza, el color, la ascendencia o el origen étnico, en lugar de criterios objetivos o del comportamiento individual, para someter a una persona a controles, registros, verificaciones de identidad o investigaciones. La propia Defensoría ha documentado esta problemática en Colombia y ha señalado que puede expresarse en controles policiales, registros, comparendos, traslados y otras formas de intervención.
La preocupación es aún mayor porque no estamos hablando únicamente de antecedentes históricos. Tras su visita a Colombia en mayo de 2026, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de Naciones Unidas para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER) identificó casos de perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y aplicación discriminatoria de comparendos y traslados. La Defensoría retomó estos hallazgos al pronunciarse sobre la muerte de Balanta y pidió a las autoridades avanzar en la definición y prohibición del perfilamiento racial tanto en la legislación como en los protocolos policiales.
Si los protocolos policiales no incorporan mecanismos efectivos para prevenir el perfilamiento racial, identificar sesgos y controlar el uso de la fuerza, el problema no puede reducirse a la conducta individual de un agente. Se trata también de cómo se forman los policías, cómo se toman las decisiones en la calle, qué criterios justifican una requisa o una detención, qué información se registra sobre estos procedimientos y qué ocurre cuando una persona denuncia haber sido víctima de discriminación o violencia.
No basta con investigar después de que una vida se ha perdido. El Estado debe ser capaz de prevenir que la Fuerza Pública se convierta en una fuente de vulneración de derechos y, cuando existan indicios de abuso, garantizar investigaciones independientes, oportunas y transparentes. También debe producir información que permita saber si determinadas comunidades están siendo sometidas de manera desproporcionada a requisas, detenciones, comparendos, traslados o intervenciones violentas.
La seguridad no puede construirse a partir de la sospecha sobre determinados cuerpos ni medirse por la capacidad de reducirlos.
Los casos de Donovan Balanta y Luis Alfredo Chocó Echeverry exigen verdad y justicia para sus familias, pero también una discusión institucional más profunda. cuando dos hombres afrodescendientes mueren en procedimientos policiales con pocos días de diferencia y bajo circunstancias que generan denuncias de uso excesivo de la fuerza, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos individuales y, al mismo tiempo, preguntarse si detrás de ellos existen prácticas que deben ser transformadas.