Tras la firma del Decreto 1368 de 2026, Abelardo de la Espriella levantó la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en Colombia. El decreto se presentó bajo un discurso de seguridad social y civil: “no hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Pero ojo más armas no son significado de mayor seguridad.
Imaginemos personas armadas en un día de la madre, en un clásico de fútbol, en un altercado por un choque de tránsito o en una riña común en un bar. La intolerancia y la violencia en Colombia no son un rasgo cultural inmutable, sino el resultado de condiciones estructurales con décadas de conflicto armado que naturalizaron el uso de la fuerza como forma de resolver disputas, una impunidad histórica y un tejido social fracturado por la desigualdad y el miedo cotidiano. A esto se suma, en el momento actual, el fortalecimiento de discursos que deshumanizan a quienes piensan distinto, discursos que ubican la violencia como respuesta legítima frente a quien se percibe como enemigo.
Erosión del monopolio estatal de la violencia
La discusión de fondo no es solamente una pugna por “mayor seguridad” ni una defensa de los bandidos, sino que el problema fundamental recae en quién es quien tiene el monopolio de las armas. Si cualquier persona puede portarlas, eso significa que el Estado no es capaz —o no se le exige ser capaz— de defender a la población. Como lo planteó el sociólogo alemán Max Weber, el Estado moderno se define precisamente por su capacidad de reclamar con éxito el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado (Weber, “La política como vocación”, 1919). El propio Decreto 1368 insiste en que no crea nuevos derechos ni altera ese monopolio; sin embargo, cuando una porción creciente de la ciudadanía recupera la posibilidad de portar armas, la capacidad exclusiva del Estado para arbitrar el uso legítimo de la fuerza se diluye en la práctica.
Frentes de seguridad y precedentes históricos
¿La fuerza pública no puede cumplir su función constitucional? Pensemos, por un segundo, en la conformación de frentes de seguridad armados perfilando en los barrios a líderes sociales y contrincantes políticos, de la mano con un porte legal permitido. Que los civiles se armen puede dar paso a nuevas redes de seguridad que terminan actuando como un poder ajeno al legal. Esto ya sucedió bajo el Decreto 3398 de 1965, elevado a legislación permanente por la Ley 48 de 1968, que autorizó a las Fuerzas Militares a entrenar y dotar de armas de uso privativo a civiles en zonas de conflicto para conformar la llamada “defensa civil”. En los años noventa esa figura se formalizó en las Cooperativas Convivir (Decreto 356 de 1994), que en la práctica sirvieron de fachada legal para la expansión de estructuras de autodefensa y en 1997 confluyeron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de masacres, desplazamiento forzado y narcotráfico durante casi una década (Wikipedia — Paramilitarismo en Colombia, 2026; InSight Crime, 2026; SciELO Brasil, s.f.).
Homicidios y feminicidios
¿Cuántos tiroteos se pueden esperar cotidianamente en las ciudades? ¿Quién va a determinar la legitimidad del uso o no de la fuerza letal? Colombia es uno de los países con más muertes por arma de fuego en el mundo, después de Brasil, Estados Unidos, India y México; el 82 % de esas muertes ocurre en entornos urbanos y no está relacionado con el conflicto armado (Naghavi et al., 2018). La tendencia no se ha revertido: solo en Bogotá se registraron 716 homicidios con arma de fuego en 2024 (59 % del total de homicidios de la ciudad), y entre enero y mayo de 2025 ya se contabilizaban 318 casos, un aumento superior al 10 % frente al mismo periodo del año anterior (Concejo de Bogotá, 2025).
El riesgo no es solo para quienes se enfrentan en la calle. Según el Observatorio de Feminicidios en Colombia, el arma de fuego fue el método más usado en los feminicidios de 2024, con el 49,18 % de los casos (330 de 671) (La Silla Vacía, 2024). Un estudio sobre feminicidios en Bogotá encontró que en el 24 % de los casos el agresor portaba o tenía acceso a un arma de fuego antes del hecho (Alcaldía de Bogotá, 2025). La evidencia internacional respalda esta preocupación: la sola presencia de un arma en el hogar aumenta en un 41 % el riesgo de que alguno de sus miembros muera por esa causa, y ese riesgo se incrementa en un 272 % en el caso de las mujeres (Ortiz, 2015, citado en Redalyc; La Silla Vacía, 2024). Y en un país donde el 98 % de los feminicidios reportados en 2025 permanecía impune y donde los mecanismos no violentos de resolución de conflictos son débiles (El Tiempo, 2025), la mayor circulación de armas de fuego tiende a incrementar la letalidad de disputas de pareja, vecinales o de tránsito que de otro modo no terminarían en muerte.
El discurso oficial frente a la letra del decreto
La medida hace contrapeso a lo planteado por el propio Gobierno pues el Decreto 1368 aclara expresamente que no constituye una autorización general para portar armas y que mantiene los controles, restricciones y sanciones vigentes. Sin embargo, el mensaje político que acompaña la medida al presentarla como una respuesta frente a la desprotección de la “gente decente” ante los “bandidos” entra en tensión con la letra técnica de la norma, que en realidad se limita a eliminar un trámite de autorización especial adicional, sin ampliar el universo de personas habilitadas para portar armas ni crear nuevos derechos.
Fortalecimiento armamentístico de los grupos criminales
Levantar la suspensión no implica que los civiles se armen mientras los grupos criminales mantengan sus armas, sino que, por el contrario, puede abrir la puerta a un incremento en las capacidades armamentísticas de esos grupos, en la medida en que parte de las armas legales terminan desviándose hacia el mercado ilegal. Varias investigaciones han documentado que buena parte del armamento ilegal en Colombia proviene del extravío, hurto o falsa destrucción de armas que en algún momento fueron legales, así como de la corrupción de funcionarios encargados de su custodia (El Tiempo, 2024; Consejo de Redacción, s.f.). Por lo cual, un mayor número de armas legales en circulación amplía el universo de armamento potencialmente desviable.
Infancia y normalización de las armas
Aunque se busca mantener los límites frente a las restricciones al porte, se abre la posibilidad de que las armas se conviertan en “paisaje”, lo cual puede derivar en problemas sociales como los tiroteos escolares (“school shootings”) que se observan en Estados Unidos. El investigador Adam Lankford ha mostrado que la tasa de propiedad de armas de un país se correlaciona con la probabilidad de que ocurran tiroteos masivos (CNN, 2023; camjol.info, s.f.). Tras considerarse un problema social en Estados Unidos, se han llevado a cabo estudios comparativos entre estados que encontraron que aquellos con leyes de armas más permisivas y mayores tasas de posesión de armas presentan una probabilidad significativamente más alta de sufrir tiroteos activos en centros educativos de preescolar a bachillerato (SciLine, s.f.). La normalización de las armas como parte del paisaje cotidiano es, según esta evidencia, un factor de riesgo relevante y no solo un temor simbólico.
Y mientras esta discusión ocurre, la realidad ya está dando señales de alerta. Este 9 de septiembre, un adolescente de 17 años ingresó con un arma a la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en Medellín, y realizó varios disparos dentro del colegio para intimidar a la comunidad educativa, antes de autolesionarse. Dos personas fueron capturadas y, según los primeros reportes, el arma utilizada sería traumática. El hecho no demuestra por sí solo que levantar la suspensión del porte de armas vaya a producir episodios como este, pero sí obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando las armas dejan de ser una excepción y empiezan a formar parte del paisaje cotidiano de niños, niñas y adolescentes? La discusión sobre el porte no puede limitarse a si un arma es letal o “menos letal”, ni a si quien la porta cumple formalmente los requisitos. También debe preguntarse qué sociedad estamos construyendo cuando la respuesta frente al miedo, la inseguridad o el conflicto empieza a ser tener un arma al alcance.
Polarización política y el riesgo de repetir la historia
Es peligroso que el mismo presidente que prometió “destripar a la izquierda” ahora levante la suspensión del porte legal de armas. Durante la campaña presidencial, De la Espriella prometió “destripar” a la izquierda y calificó a sus simpatizantes como “enemigos de la República” que debían ser “vencidos de todas las formas y desde todos los frentes” (Infobae, 2026). A esto se sumó el incidente en el Park Way de Bogotá, donde un hombre armado amenazó a manifestantes que apoyaban a Iván Cepeda; el entonces presidente Gustavo Petro pidió públicamente “poner fin al discurso del odio” (El Cronista, 2026), y el exsenador Gustavo Bolívar advirtió sobre el riesgo de una guerra civil si ese discurso se traducía en política de gobierno (Infobae, 2026).
La lógica de fondo no es nueva: el propio discurso con el que se dio a conocer el decreto plantea una dualidad entre “la gente decente” y “los bandidos”. El problema es quién termina siendo identificado y perfilado como esto último. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que al menos 5.733 militantes de la Unión Patriótica (UP) fueron asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2016, cifra que se amplió a 8.929 víctimas al incluir otras formas de victimización, como desplazamiento, tortura y violencia sexual (Unión Patriótica, 2026). Ese antecedente advierte que el riesgo no radica únicamente en la existencia de armas en manos de civiles, sino en la combinación entre su legitimación, la construcción de un enemigo interno y la posibilidad de que ciertos sectores sociales sean señalados como “bandidos”.
Más armas no es más seguridad
La labor del Gobierno y del Ministerio de Defensa es velar por la seguridad de la ciudadanía; esa responsabilidad no puede ser trasladada a la sociedad civil. Promover los discursos de autodefensa lo único que demuestran es un fracaso en las políticas contra el crimen y aceptar ese fracaso es rendirse y sucumbir contra la delincuencia.
¿Y el Estado Social de derecho?
El Gobierno insiste en que esto no crea nuevos derechos ni autoriza el porte libre, pero en la práctica miles de permisos vigentes vuelven a activarse automáticamente, sin una nueva evaluación individual de riesgo. La responsabilidad de controlar quién porta armas y bajo qué condiciones queda, otra vez, en sistemas de registro históricamente débiles.
¿Tiene sentido ampliar la circulación de armas legales en un país donde la evidencia muestra que más armas en la calle significan más letalidad en violencia intrafamiliar, feminicidios y conflictos cotidianos? El decreto no menciona ese riesgo. El monopolio del Estado sobre las armas no es un capricho constitucional, por ello, es importante prestar atención a cómo se implementará esto en los territorios.