No son “combatientes”, son víctimas; basta de instrumentalización política del reclutamiento  

Hace unos días circulaban por las redes sociales frases como “mejor entregarles un balón que un arma”, pero ahora esas mismas personas justifican la muerte de menores durante una operación militar del Estado. 

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia 

El pasado 27 de agosto, en zona rural de El Retorno, Guaviare, la Operación Amón dejó diez personas muertas. Medicina Legal identificó nueve de los cuerpos, entre ellos tres menores de edad: dos de 15 años y uno de 16. El Ministerio de Defensa sostuvo que los adolescentes se encontraban en “función continua de combate” y que la responsabilidad por sus muertes recaía sobre los grupos armados que los reclutaron. 

En 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió formalmente el Caso 07, dedicado al reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano. El caso fue dividido en dos subcasos: Farc-EP y Fuerza Pública. En 2021, la Sala de Reconocimiento identificó un universo provisional de 18.677 víctimas únicas de reclutamiento y utilización atribuidas a las Farc-EP entre 1971 y 2016. Según los datos presentados por la JEP, el reclutamiento fue mayoritariamente forzado (64 %), seguido por el engaño (22 %) y la persuasión (13 %). 

Esta cifra generó una fuerte controversia pública. Sin embargo, también ha sido instrumentalizada por sectores políticos, que la han convertido en una de sus principales banderas para cuestionar las políticas asociadas a la paz y a la justicia transicional. Los más de 18.600 casos han sido utilizados para construir un relato en el que el reclutamiento aparece como argumento para exigir mayores sanciones y justificar una política de seguridad más militarizada. 

Pero resulta curioso que esas mismas personas que se autoproclaman defensoras de las niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento y que, en época electoral, utilizaron esta cifra como una de las principales pruebas para cuestionar el Acuerdo de Paz, atacar políticamente a Iván Cepeda y cuestionar a quienes defienden la paz, hoy pongan en duda la condición de víctimas de tres menores que aparecieron muertos tras un bombardeo ordenado por el gobierno al que respaldan. Porque cuando se trata de cuestionar operaciones militares en las que esos mismos niños y niñas terminan muertos, dejan de verles como víctimas para convertirles en “criminales que estaban en combate”. 

La contradicción ya había aparecido con crudeza en 2021, cuando el entonces ministro de Defensa Diego Molano calificó a los menores reclutados por grupos armados como “máquinas de guerra” al defender un bombardeo en Guaviare en el que se investigaba la muerte de menores. El argumento regresó en 2025, cuando Medicina Legal identificó 15 menores entre las personas muertas en operaciones militares realizadas entre agosto y noviembre de ese año y funcionarios del Gobierno defendieron en distintos momentos que algunos de los menores participaban directamente en las hostilidades. 

Los menores reclutados son víctimas del crimen de reclutamiento, y esa condición no debería utilizarse para borrar las circunstancias en las que fueron incorporados a la guerra. El hecho de que un niño, niña o adolescente haya sido utilizado en hostilidades no borra su condición de víctima de reclutamiento ni traslada a él o ella la responsabilidad por el crimen cometido por quienes lo incorporaron a la guerra. La realidad del reclutamiento demuestra que son menores captados en contextos de profunda vulnerabilidad. El reciente informe de Human Rights Watch documenta que al menos 1.500 menores han sido reclutados desde 2021 y advierte que los grupos armados se aprovechan de la pobreza, la exclusión y las barreras para acceder a la educación. 

Detrás de la cifra hay un o una menor a la que se le arrebató la posibilidad de decidir sobre su propia vida y que fue incorporada a una guerra que no le pertenece. Reconocer esa realidad no significa desconocer los crímenes que puedan cometer los grupos armados. La responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de menores recae en quienes los incorporan al conflicto. Pero reconocer esa responsabilidad no exime al Estado de su deber de prevenir el reclutamiento, proteger a las comunidades y garantizar condiciones que reduzcan la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. 

Según Human Rights Watch (HRW, 2026), la política de prevención presenta importantes fallas de implementación y los mecanismos institucionales tienen capacidades limitadas para responder en los territorios. Como concluye Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, “cada niño reclutado es un indicio del fracaso del gobierno”. 

Los sistemas de protección están fallando. En lugar de bombardear y acusar de “combatientes” a los menores, el nuevo gobierno debería estar discutiendo las medidas de prevención. Pero claro, es más fácil lavarse las manos y evadir las responsabilidades que cuestionarse las condiciones estructurales que hacen a esos niños vulnerables al reclutamiento. 

La cifra de los 18.677 niños no es una discusión ideológica; debería servir para recordar una deuda histórica del Estado con las infancias empobrecidas, indígenas y marginalizadas. Porque esa deuda no pertenece exclusivamente a un partido, una guerrilla o un gobierno, sino a un Estado que durante décadas permitió que miles de niños fueran arrancados de sus familias y comunidades para ponerlos al servicio de la guerra, mientras persistían condiciones de pobreza, exclusión, ausencia institucional y falta de oportunidades que los grupos armados han aprovechado para reclutarlos. Porque, ¿cómo llega un menor de 15 o 16 años a estar en medio de una guerra que nunca le perteneció? La pregunta también obliga a mirar las condiciones que hicieron posible que ese reclutamiento ocurriera. 

Los y las menores no deberían ser un instrumento de propaganda política después de muertos. Si realmente importan las víctimas del reclutamiento, su vida no puede valer menos cuando la bomba cae desde el Estado. Los niños no pueden ser víctimas cuando sirven para condenar al adversario y combatientes cuando su muerte incomoda al propio poder. 

La defensa de la niñez exige un único estándar, gobierne quien gobierne.