Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
Cada tres días, en promedio, la Defensoría del Pueblo registró un caso de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes entre enero y mayo de este año. Son 51 casos en cinco meses, concentrados en Norte de Santander, Cauca y Antioquia. Esto evidencia la continuación de una tendencia, en 2025 se documentaron 410 casos y Human Rights Watch confirmó un aumento sostenido desde 2023. Los grupos disidentes de las antiguas FARC han sido señalados como responsables del 74% de los casos documentados entre 2021 y 2025, y el Cauca concentra por sí solo cerca del 57% del total nacional, escenario de una disputa territorial donde niñas, niños y adolescentes se ven en medio de un objetivo estratégico de los grupos armados.
Casi la mitad de los casos documentados involucran a niñas, niños y adolescentes indígenas, aunque estos pueblos representan solo el 4% de la población nacional (Human Rights Watch, 2026). Líderes indígenas han denunciado que el reclutamiento pone en riesgo la pervivencia física y cultural de sus comunidades, una amenaza que organizaciones propias como la Guardia Indígena buscan enfrentar, aun cuando sus miembros han sido asesinados en represalia por su labor de protección (Human Rights Watch, 2026).
Las niñas representan cerca del 40% de los casos, una proporción creciente entre 2021 y 2025 y enfrentan riesgos específicos de violencia sexual (Human Rights Watch, 2026). Más del 30% de las niñas, niños y adolescentes víctimas del reclutamiento tiene entre 10 y 14 años, edad en la que, según el Estatuto de Roma, este delito puede constituir un crimen de guerra (Defensoría del Pueblo, 2026).
Frente a esta realidad, niñas, niños y adolescentes no son personas que simplemente caen en el reclutamiento, son comunidades, familias y territorios los que resisten, denuncian y exigen protección ante un fenómeno que los grupos armados construyen deliberadamente.
Estos actores se aprovechan de condiciones estructurales y despliegan estrategias cada vez más elaboradas, incluido el uso de redes sociales para presentar la vida militarizada como una alternativa de poder o pertenencia. Así, es necesario insistir en la responsabilidad que asumen las plataformas digitales frente al uso de sus espacios para estos fines. Organizaciones como Coalico, la Corporación Justicia y Dignidad y el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz han advertido que el fenómeno no solo persiste, sino que se transforma en coerción económica, control territorial y, tras el reclutamiento, el desarraigo de niñas, niños y adolescentes lejos de su territorio de origen, una táctica que corta cualquier lazo familiar o comunitario que pudiera motivar un rescate y les inserta en funciones dentro de la estructura armada, desde inteligencia hasta manejo de drones o combate.
Ante esto, preocupa que en la respuesta del actual Gobierno prime la militarización, considerando el anunciado plan de choque por 90 días orientado a capturar o dar de baja a diez cabecillas, y carente de una apuesta equivalente en prevención. La política para la prevención del reclutamiento infantil vigente desde 2018 está desactualizada y sin presupuesto propio (Human Rights Watch, 2026), y la nueva Estrategia Nacional de Prevención 2025-2030 tampoco responde a la magnitud del problema, mientras el sistema de justicia mantiene pendiente su deber de investigar y sancionar todos estos hechos. La desatención se agrava en medio de la emergencia nacional, la respuesta institucional al reciente terremoto no puede limitarse a la reconstrucción física y la ofensiva militar, porque toda crisis profundiza las condiciones que los grupos armados ya aprovechan para reclutar.
Frente al punitivismo y la narrativa combativa del narcoterrorismo para “recuperar la seguridad”, le recordamos al Gobierno que el reclutamiento no ocurre únicamente porque existan grupos armados, persisten las condiciones estructurales que estos aprovechan. Los estándares internacionales, como los desarrollados por el Comité de los Derechos del Niño, son claros al decir que prevenir el reclutamiento exige políticas estructurales sostenidas, no solo respuestas militares coyunturales.