Un terremoto no se mitiga con soldados en las calles y toques de queda. Sino con capacidad institucional, equipos especializados de búsqueda y rescate, atención médica, comunicaciones, agua, alimentos, alojamiento, evaluación de daños, recuperación de infraestructura y, sobre todo, con una coordinación capaz de poner en el centro lo realmente importante: la vida y la dignidad de las personas damnificadas.
Cali fue una de las ciudades más afectadas tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto. Sin embargo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder y el Gobierno Nacional anunciaron un decreto de toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana y la militarización de sectores de la ciudad, argumentando la necesidad de contener posibles saqueos y facilitar la atención de la emergencia.
Una población afectada por un terremoto no necesita las calles llenas de armas, las primeras horas no pueden desperdiciarse en toques de queda. Frente a esta emergencia el tiempo es clave para rescatar personas y las respuestas deben concentrarse en la búsqueda de personas atrapadas, evaluación de estructuras, maquinaria, atención médica y sistemas de información que permitan establecer prioridades. Por eso, cada minuto debe contribuir a localizar, estabilizar y rescatar personas. Las medidas de control, la restricción de la movilidad y la militarización en este momento solo puede convertirse en un obstáculo adicional.
Llenar de fusiles las calles no es una respuesta a la situación humanitaria que hoy enfrenta Cali. Utilizar capacidades militares como apoyos logísticos sí, porque las Fuerzas Militares pueden tener capacidades que apoyen en términos transporte, comunicaciones, logística y evacuación, pero esas capacidades deben estar integradas bajo la estructura de gestión del desastre y responder a las necesidades definidas por las autoridades técnicas.
Una persona que perdió su vivienda necesita un lugar seguro donde dormir; una persona herida necesita atención médica; una familia que no encuentra a uno de sus integrantes necesita información; una comunidad sin agua necesita abastecimiento; un hospital afectado necesita apoyo; una zona con edificios inestables necesita evaluación técnica y una persona atrapada bajo los escombros necesita un rescatista especializado. Ninguna de esas necesidades se resuelve aumentando la presencia militar y limitando la circulación de las personas por las calles.
La alcaldía de Cali necesita fortalecer los lazos de cooperación entre las instituciones y la población, por eso su respuesta no solo se queda corta, al colocar el orden público en el centro de la narrativa, sino que convierte a las personas afectadas rápidamente en un problema de seguridad y una respuesta institucional basada en la sospecha no puede proteger a los damnificados.
Las comunidades afectadas no pueden ser tratadas como amenazas, sino como personas que necesitan protección, atención médica, agua, alimentos, refugio y rescate. Esta medida desplaza la atención institucional de las necesidades más urgentes y profundiza la desconfianza hacia las comunidades. La respuesta debe poner en el centro a los damnificados y no a la sospecha.
En este momento Cali necesita menos militarización y más capacidad de respuesta. El desafío es coordinar una respuesta capaz de proteger integralmente a quienes lo perdieron todo, no demostrar capacidad de control sobre una población. Es momento de que se deje de entender la seguridad únicamente a través del uso de la fuerza, pues se corre el riesgo de olvidar lo realmente importante que es la vida y la dignidad de las personas.