Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
Hay un dato que insiste, año tras año, en recordarnos que la “guerra contra las drogas” se libra sobre cuerpos y territorios concretos, no sobre abstracciones estadísticas. El reciente informe de la UNODC-SIMCI vuelve a poner esa verdad sobre la mesa.
A 31 de diciembre de 2024 se identificaron 261.000 hectáreas con cultivo de coca, frente a las 253.000 de 2023 (una variación del 3,5 %). La cifra, leída aisladamente podría alarmar, pero, la propia UNODC ha reconocido que la metodología para estimar la producción potencial de clorhidrato de cocaína no logró reflejar el ritmo real de las variaciones productivas y el aumento reportado en 2023 concentró, en un solo año, transformaciones que en realidad ocurrieron a lo largo de más años -este no es un detalle técnico menor-. Cuando hay políticas que se construyen sobre datos que no logran capturar la complejidad territorial, las decisiones como fumigaciones, erradicaciones forzadas y la militarización, terminan respondiendo a un asunto meramente estadístico y no a las condiciones materiales de quienes habitan esos territorios.
¿Qué pasa en los territorios?
El 90% de la coca se ha mantenido durante la última década en territorios como Tumaco, Tibú y El Tambo (Cauca), donde la persistencia del cultivo refleja no una simple ausencia, sino la necesidad de una presencia estatal integral que hoy no logra equipararse a la influencia de actores armados. A esto se suma que el 53% del área cultivada se localiza en zonas de manejo especial (parques nacionales, resguardos indígenas, reservas forestales, tierras de comunidades negras y zonas de reserva campesina) territorios que sus comunidades han cuidado históricamente sin que ese cuidado se traduzca en garantías reales, inversión, servicios y una institucionalidad que vaya más allá de la fuerza pública. Se trata, entonces, de reconocer que lo que estos territorios requieren no es una intervención que llegue a salvarlos, sino una presencia estatal sostenida y legítima, capaz de garantizar tanto la vida de sus habitantes como la biodiversidad y la pervivencia cultural y espiritual.
Entre desafíos y logros
El informe menciona que Caldas lleva once años sin coca, un logro que confirma algo que el prohibicionismo suele olvidar: que erradicar la planta no basta si no se transforman las condiciones materiales que la sostienen. Según cifras de la UNODC citadas en el mismo informe, la prueba está en Norcasia y Victoria con reporte de otra economía ilegal, la del oro de aluvión, y más al sur, en Argelia y Nariño, con la presencia (reportada por la JEP en 2024) del Clan del Golfo, disidencias de las FARC-EP y el ELN, dejando extorsión y minería ilegal de por medio. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas documentó entre 2020 y 2023 que las amenazas contra la población crecieron 1.000% y el desplazamiento forzado 1.390%. El plan de seguridad anunciado por Antioquia y Caldas en 2025 debe contemplar la garantía de derechos y de desarrollo rural, de lo contrario, Caldas seguirá siendo la excepción, no la regla, mientras Boyacá y Santander (hoy en pausa) corren el riesgo de volver a empezar.
La interdicción
En 2024 se incautaron 889.201 kg de cocaína (19% más que en 2023) y se destruyeron 5.226 laboratorios ilegales, sin embargo, la erradicación forzosa cayó un 54%, con apenas 9.403 hectáreas erradicadas. Es una paradoja que el prohibicionismo rara vez se detiene a explicar, perseguir la planta y la sustancia sin transformar las condiciones que la producen es como tapar el sol con un dedo.
Aquí es donde conviene detenerse a pensar, no solo a reaccionar ¿Cuál es la presencia real del Estado en estos territorios? ¿Cuáles son las condiciones materiales de vida? ¿Cuántas escuelas, cuántas vías, cuánta infraestructura de salud, cuánta tierra titulada hay allí, comparado con cuánta fuerza pública y cuánto glifosato?
¿Vuelve la fumigación aérea?
El presidente electo anunció que retomará la aspersión aérea de cultivos declarados de uso ilícito, suspendida desde 2015, aclarando que no usará glifosato sino drones equipados con herbicida, pero ¿Cómo garantizará que esta tecnología no repita los daños documentados de la aspersión aérea sobre la salud y los ecosistemas? Si un porcentaje significativo de los cultivos de coca está en áreas protegidas y territorios étnicos, ¿En qué zonas exactamente se fumigará? ¿Se garantizará la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes cuyos territorios podrían verse afectados? ¿Cómo se medirán y harán públicos los impactos de esta decisión?
La campaña de Abelardo De La Espriella anunció que, desde el primer día de gobierno, Colombia retomaría la fumigación mediante “bioherbicidas de última generación” que, según se afirma, no representarían riesgos para la salud ni el medioambiente. En su discurso del 20 de julio fue más directo aún: “volverán las fumigaciones y los bombardeos”. Esto no se trata de dar un discurso de mano dura sino de sostener con evidencia cada decisión que impacte sobre la vida y los territorios.
Es necesario reconocer que la cocaína no nace en la coca ni termina en el laboratorio. Emerge en la hoja, se transforma, se transa en mercados ilícitos, cruza fronteras y se convierte en rentas que sostienen economías criminales dentro y fuera del país; ir solo por el cultivo, sin considerar esta cadena completa y sin atender las condiciones de control coercitivo que los actores armados imponen donde el Estado no hace presencia integral es intervenir apenas un eslabón de una cadena mucho más larga.