Las instituciones de paz no son un lujo burocrático

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia

El domingo pasado, Abelardo de la Espriella anunció que “se acaba el Comisionado para la Paz. No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”. Con esa afirmación propuso eliminar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, presentando la decisión como una medida de austeridad y eficiencia administrativa. También señaló que las funciones del Comisionado para la Paz serían absorbidas por un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad, mientras que las competencias en materia de derechos humanos se distribuirían entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.

Sin embargo, lo que realmente está en discusión no es un simple ajuste burocrático, sino el desmonte de la arquitectura institucional que el Estado colombiano ha construido durante más de cuatro décadas para responder a las causas y consecuencias del conflicto armado. Se trata de un cambio profundo de paradigma: pasar de un Estado que, con todas sus limitaciones, reconocía la paz y los derechos humanos como funciones permanentes del poder público, a otro que concibe la seguridad casi exclusivamente desde una lógica militar.

Contrario a la narrativa que intenta instalar el gobierno electo, esta institucionalidad no nació del capricho de un gobierno ni de una agenda ideológica determinada. Su construcción comenzó incluso bajo administraciones con una marcada orientación militarista. La Comisión de Paz fue creada durante el gobierno de Julio César Turbay; las primeras consejerías presidenciales surgieron bajo Virgilio Barco; la Oficina del Alto Comisionado para la Paz fue formalizada durante la presidencia de César Gaviria; y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos continuó en los años posteriores. A lo largo de ese proceso, el Estado colombiano fue comprendiendo que un conflicto armado prolongado no podía enfrentarse únicamente mediante respuestas militares.

Durante décadas Colombia ha construido instituciones que, aunque imperfectas y muchas veces insuficientes, resultan indispensables para enfrentar las consecuencias del conflicto armado. No son simples oficinas administrativas. Son los mecanismos mediante los cuales el Estado coordina la protección de los derechos humanos, implementa los compromisos derivados del Acuerdo Final, articula respuestas para las víctimas y cumple obligaciones constitucionales e internacionales. Debilitarlas significa reducir la capacidad estatal para garantizar derechos, especialmente a quienes han sufrido con mayor intensidad los efectos de la guerra.

Cada una de estas entidades surgió para resolver problemas concretos: coordinar la política pública de derechos humanos, prevenir violaciones, articular la atención a las víctimas, facilitar procesos de negociación, promover la reconciliación o implementar los compromisos del Acuerdo Final. No representan concesiones ideológicas; son capacidades estatales construidas para responder a un conflicto que aún no ha terminado.

Colombia no ha superado el conflicto armado, aunque algunos pretendan desconocerlo. Según el Registro Único de Víctimas, el país registra más de diez millones de víctimas; más de siete millones de personas permanecen en situación de desplazamiento forzado; los asesinatos de líderes y lideresas sociales continúan ocurriendo con una frecuencia alarmante; y la implementación del Acuerdo Final sigue acumulando importantes rezagos.

Según Verdad Abierta (2026), cuatro de cada cinco víctimas aún esperan ser reparadas y, al ritmo actual, el Estado tardaría cerca de 62 años en indemnizar a quienes permanecen pendientes, sin contar las nuevas víctimas que continúan ingresando al Registro Único de Víctimas. Las condiciones que dieron origen a estas instituciones, por tanto, siguen vigentes. Precisamente por eso resulta contradictorio desmontarlas cuando la herida permanece abierta.

Además, cerrar estas entidades no elimina ninguna de las obligaciones del Estado colombiano. El país continúa vinculado por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma y el propio Acuerdo Final de Paz a proteger a la población civil, garantizar los derechos de las víctimas, prevenir nuevas violaciones de derechos humanos y avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

Esas obligaciones no dependen de la voluntad política del gobierno de turno. Son mandatos constitucionales e internacionales cuyo incumplimiento compromete la responsabilidad del Estado. Pero los derechos no se garantizan únicamente porque estén reconocidos en una norma. Requieren instituciones capaces de formular políticas, coordinar entidades, articular respuestas territoriales, hacer seguimiento a las alertas tempranas, dialogar con las comunidades y convertir los compromisos jurídicos en acciones concretas.

Por eso, aunque las obligaciones permanezcan intactas, desmontar la institucionalidad encargada de cumplirlas debilita la capacidad del propio Estado para hacerlas efectivas. Los derechos seguirán existiendo en el papel, pero perderán buena parte de su capacidad real de protección.

La propuesta resulta aún más preocupante porque va acompañada de un fortalecimiento de las capacidades ofensivas del Estado y de una concentración de la respuesta institucional en una lógica de seguridad militarizada. Mientras se fortalecen los instrumentos de coerción, se debilitan las instituciones civiles encargadas de prevenir la violencia, proteger los derechos humanos y construir paz.

El nuevo gobierno plantea recuperar el control territorial al tiempo que reduce las instituciones que hacen posible una presencia estatal distinta a la militar. Mientras promete más seguridad, debilita los mecanismos encargados de prevenir violaciones de derechos humanos, proteger líderes sociales, acompañar a las víctimas y coordinar la implementación de la paz.

Colombia pagó un costo demasiado alto por creer que una estrategia de seguridad centrada exclusivamente en el uso de la fuerza podía garantizar la paz. Décadas de conflicto demostraron que el fortalecimiento de las capacidades militares, cuando no está acompañado de instituciones civiles robustas que prevengan abusos, protejan a la población y ejerzan controles democráticos, puede traducirse en nuevas violaciones de derechos humanos y en un mayor distanciamiento entre el Estado y las comunidades.

Precisamente por esa experiencia se construyó una arquitectura institucional para la paz y los derechos humanos: para que el ejercicio legítimo de la fuerza estuviera acompañado de controles democráticos y orientado a la protección de la población civil, y no únicamente al cumplimiento de objetivos militares. Porque la seguridad debe ser un medio para alcanzar la paz, no un fin en sí mismo.

Por ello, el debate no puede reducirse a una discusión sobre austeridad o eficiencia administrativa. Lo que debe exigirse es que el nuevo gobierno garantice el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales; que las funciones de paz, derechos humanos y reconciliación no queden subordinadas a instituciones cuya misión principal responde a una lógica de seguridad; que las víctimas, las comunidades y las organizaciones sociales conserven espacios efectivos de participación; y que la austeridad no se convierta en el argumento para debilitar aún más la capacidad estatal de prevenir violaciones de derechos humanos. Una reforma administrativa no puede traducirse en una regresión en materia de garantías.

Eliminar estas instituciones no es un ejercicio de austeridad. Es debilitar la capacidad democrática del Estado para proteger a quienes más lo necesitan. Porque, con o sin ellas, las víctimas seguirán necesitando reparación, los territorios seguirán requiriendo presencia civil, las comunidades seguirán demandando espacios de diálogo y los derechos humanos seguirán exigiendo instituciones capaces de coordinarlos y garantizarlos.

Desmontar esa arquitectura no hará desaparecer esas necesidades. Tampoco extinguirá las obligaciones jurídicas del Estado. Lo que sí puede hacer es dejar a millones de víctimas, líderes sociales y comunidades en un escenario de mayor desprotección, donde los deberes del Estado permanecen intactos, pero las herramientas para cumplirlos son cada vez más débiles.

Las instituciones de paz no son un lujo burocrático. Son la expresión institucional del compromiso democrático de que la guerra nunca vuelva a ser la única respuesta del Estado.