Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
El presidente electo Abelardo de la Espriella dijo algo que quedó sonando: “Aquí vamos a pagar todos el servicio militar, para sacar este país adelante, para hacerlo grande, porque Colombia se merece un mejor futuro”. Lo dijo ante su equipo de empalme, y añadió otra frase que también merece atención. “Necesitamos gente que se ponga las botas por el país”.
Suena a discurso de arranque, pero vale la pena preguntarse qué significa esto en la práctica. Llama la atención que una idea tan seria como el servicio militar obligatorio se haya lanzado sin ningún detalle. No se explicó cómo funcionaría, ni cuándo empezaría, ni a quién aplicaría. Y ese vacío importa, porque no es lo mismo hablar de disciplina y compromiso en un discurso que proponer algo que puede cambiarle la vida a miles de jóvenes. Mientras no haya claridad, lo único que hay es una frase suelta con mucho peso simbólico y ninguna responsabilidad concreta detrás.
En Colombia, quienes históricamente terminan prestando el servicio militar obligatorio suelen ser jóvenes de estratos uno y dos. No es que estos jóvenes sean incapaces de decidir por sí mismos. Es que el sistema está armado de tal forma que quien tiene más recursos, casi siempre, tiene también más rutas para no ir ¿Por qué el país sigue sosteniendo un sistema donde elegir depende tanto de dónde naciste?
Llama la atención el contraste entre esa consigna colectiva y la historia personal que el propio presidente electo usó para explicarla “Yo hace un año y medio vivía en Florencia. Llevaba a mis hijos al colegio todos los días. Hoy estoy aquí poniendo el pecho por mi patria”. Es una metáfora fuerte, sin duda. Pero para él, “prestar el servicio militar” es una figura retórica sobre asumir la presidencia. Para muchos jóvenes del país, en cambio, no es metáfora. Es un mandato con nombre, proyecto de vida y libreta militar.
Vale la pena recordar que ya existe un camino distinto. El Decreto 1079 reglamenta el Servicio Social para la Paz, una alternativa civil al servicio militar que conocemos tradicionalmente. Que en el debate público se insista, en cambio, en el lenguaje de las botas y la obediencia dice algo sobre qué tipo de país se está imaginando desde el discurso. Un país donde la disciplina armada se propone como solución antes que la garantía de oportunidades.
Aquí opera una lógica conocida: la idea de que la guerra y la fuerza son la mejor forma de resolver los conflictos y de que obedecer y disciplinarse resuelve lo que en realidad necesita oportunidades.
Colombia ya conoce los riesgos de convertir la seguridad en el eje desde el cual se organiza la vida pública. La exaltación del servicio militar como camino para “sacar el país adelante” no puede analizarse de forma aislada: hace parte de una narrativa que ubica a las instituciones militares como modelo para resolver problemas sociales y fortalecer la ciudadanía. Esa idea merece un escrutinio riguroso, precisamente porque el país vivió una época en la que la primacía de los resultados militares coincidió con graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la JEP.
Desde la Corporación reconocemos que hay personas que le siguen apostando a la paz y la sostienen con esfuerzo cotidiano, mientras se pronuncian frases que reabren viejas heridas. Desmilitarizar la vida civil es entender que la seguridad no debería construirse desde el miedo, la jerarquía o la obediencia impuesta, sino desde la garantía real de derechos.