La propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de crear un “Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana” no puede analizarse como una medida aislada. Sumada al fortalecimiento de la fuerza pública, el endurecimiento de la política criminal y la flexibilización del porte legal de armas, dibuja un modelo de seguridad basado en la expansión del poder coercitivo y en la creciente presencia de las armas como respuesta a los problemas sociales.
¿Qué tipo de Estado se consolida cuando la seguridad deja de ser una política pública orientada a garantizar derechos y se convierte en el principio que organiza toda la acción gubernamental?
La Constitución de 1991 estableció un límite claro: el artículo 223 dispone que las armas están bajo control del Estado y que el porte por particulares es excepcional; el monopolio legítimo de la fuerza busca evitar que la seguridad dependa de la capacidad de la ciudadanía para armarse o de la aparición de poderes paralelos que sustituyan al Estado.
Por eso preocupa que, en medio de una crisis de seguridad, la respuesta propuesta sea ampliar el protagonismo de las armas y profundizar una lógica de confrontación permanente. La experiencia colombiana demuestra que la violencia no se reduce automáticamente porque circulen más armas ni porque el discurso público se vuelva más severo. Con frecuencia ocurre lo contrario: aumentan los riesgos de justicia por mano propia, escalamiento de conflictos cotidianos y estigmatización de sectores sociales presentados como amenazas.
El paramilitarismo no nació simplemente por la existencia de políticas de seguridad fuertes; surgió de una combinación de conflicto armado, débil control institucional, tolerancia frente a actores armados ilegales y una visión que convirtió la eliminación del “enemigo” en prioridad absoluta. Colombia ya conoce las consecuencias de difuminar las fronteras entre seguridad estatal, participación de civiles armados y lógica de guerra.
No podemos dejar de lado el hecho de que durante años las víctimas del conflicto no solo han reclamado verdad y reparación, también han exigido garantías de no repetición y esas garantías incluyen impedir que el país vuelva a normalizar la idea de que la violencia es la principal herramienta para resolver sus problemas.
La seguridad es una obligación del Estado, pero en una democracia la seguridad no puede construirse a costa de los derechos, ni mucho menos sobre la ilusión de que una sociedad más armada será necesariamente una sociedad más segura.