Las democracias no solo se transforman mediante reformas constitucionales o decisiones judiciales, también cambian cuando cambia el lenguaje con el que un país comprende sus problemas. Las palabras nunca son neutrales: crean realidades, delimitan enemigos, justifican decisiones y moldean la manera en que la ciudadanía entiende el papel del Estado.
En los últimos años, Colombia ha comenzado a hablar cada vez más en clave militar. La inseguridad ya no se enfrenta: se combate; el crimen ya no se investiga: se libra una guerra contra él; los territorios no tienen problemas de gobernabilidad: deben ser recuperados. Las personas dejan de ser ciudadanas para convertirse en población que necesita ser protegida, y quienes delinquen dejan de ser sujetos sometidos a la ley para convertirse en enemigos que deben ser neutralizados.
A primera vista, puede parecer un simple cambio de retórica, pero no lo es.
Cuando el lenguaje político adopta la lógica de la guerra, también cambia la forma en que entendemos la democracia: la guerra supone enemigos, obediencia, urgencia y victoria. La democracia, por el contrario, supone ciudadanía, deliberación, límites al poder y garantías para todas las personas, incluso para quienes han infringido la ley.
La historia demuestra que la militarización del lenguaje suele preceder a la militarización de las instituciones, antes de ampliar las facultades de las fuerzas armadas, antes de restringir derechos o normalizar medidas excepcionales, se instala una narrativa que convence a la ciudadanía de que esas decisiones son inevitables, así, el miedo prepara el terreno y el lenguaje construye el consenso.
Por eso expresiones como “enemigos internos”, “guerra contra el crimen”, “recuperar el control”, “territorios perdidos”, “mano dura” o “pandemia de inseguridad” repetidas por el presidente electo Abelardo de la Espriella, merecen algo más que un análisis semántico. No describen únicamente una realidad; proponen una manera de gobernarla y en ese marco, la eficacia empieza a valorarse por la rapidez con que el Estado elimina amenazas y no por su capacidad para proteger derechos o fortalecer las instituciones.
El riesgo no consiste únicamente en el endurecimiento de la política criminal, el riesgo es que la ciudadanía termine aceptando que las garantías constitucionales son un lujo propio de tiempos normales y que, frente a una amenaza suficientemente grave, pueden aplazarse indefinidamente. El debido proceso empieza a verse como una traba; la presunción de inocencia, como un privilegio; el control judicial, como una interferencia; los organismos de derechos humanos, como obstáculos para la acción estatal.
Así, el lenguaje modifica la percepción social de la Constitución, lo que antes era un límite legítimo al ejercicio del poder comienza a presentarse como una barrera para alcanzar resultados. El problema deja de ser únicamente jurídico y se convierte en cultural: la democracia empieza a perder legitimidad precisamente en nombre de la defensa de la democracia.
No se trata de negar la gravedad de la violencia ni de desconocer el derecho de las personas a vivir seguras. La seguridad es una obligación indeclinable del Estado y un presupuesto para el ejercicio de los demás derechos, lo que preocupa es que el miedo termine reorganizando nuestra escala de valores hasta convencernos de que la libertad, el control judicial o el debido proceso son costos excesivos frente a la promesa de mayor seguridad.
La militarización del lenguaje también tiene efectos sobre la convivencia democrática. Cuando el debate público se organiza alrededor de la idea de enemigos, quienes piensan distinto dejan de ser adversarios legítimos y empiezan a ser percibidos como amenazas; la discrepancia se interpreta como deslealtad; la crítica, como un obstáculo para el orden; la defensa de los derechos, como una forma de complacencia con la criminalidad. En ese escenario, el espacio para el diálogo democrático se estrecha y la polarización deja de ser una diferencia política para convertirse en una disputa moral entre quienes supuestamente están “del lado del bien” y quienes son señalados de impedir que el Estado actúe.
Las democracias no se debilitan únicamente cuando aumentan los poderes del Ejecutivo o cuando se restringen formalmente las libertades. También lo hacen cuando la ciudadanía deja de hablar el lenguaje de los derechos y comienza a pensar exclusivamente en el lenguaje de la guerra. Toda guerra necesita enemigos, y cuando una parte de la ciudadanía se acostumbra a ver enemigos por todas partes, termina aceptando como normales medidas que, en otros contextos, habría considerado incompatibles con el Estado de Derecho.
¿Qué tipo de ciudadanía estamos construyendo cuando el lenguaje de la democracia empieza a ser reemplazado por el lenguaje de la guerra?