Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia
En Colombia hemos visto cómo una expresión puede convertirse rápidamente en una explicación política reduccionista sin evidencia, ese es el caso de la narrativa del llamado “voto fusil” – una etiqueta que pretende explicar el comportamiento electoral de territorios históricamente afectados por el conflicto armado, reduciendo decisiones políticas complejas a la presencia de un actor armado -.
Nadie puede desconocer que en Colombia los grupos armados ilegales históricamente han intentado interferir en la democracia y que durante décadas han amenazado candidatos, restringido la movilidad de comunidades, impuesto controles territoriales y buscado condicionar la participación política, por eso cualquier caso concreto de presión armada sobre el voto debería ser investigado con rigor y con las herramientas institucionales correspondientes.
Pero una cosa es investigar hechos de constreñimiento electoral y otra muy distinta es convertir una acusación en una explicación general que estigmatiza a millones de personas; el problema aparece cuando el resultado electoral de comunidades enteras empieza a interpretarse no como una expresión política legítima, sino como una consecuencia automática del miedo o la imposición.
Posterior a las elecciones del domingo, tomó fuerza la narrativa del llamado “voto fusil” – difundiendo la idea de que los resultados obtenidos por Iván Cepeda en algunas regiones con presencia de grupos armados no responderían a una decisión política libre, sino a una supuesta imposición de actores ilegales–.
La principal debilidad del argumento del “voto fusil” es que utiliza la presencia armada como una explicación unilateral, es decir, si un territorio con grupos ilegales vota por una opción política determinada, se interpreta como consecuencia del miedo; pero si ese mismo fenómeno ocurre con otro candidato, deja de ser relevante.
Sin embargo, al revisar en detalle los datos, se evidencia que Abelardo de la Espriella también obtuvo victorias importantes en territorios con presencia de grupos armados ilegales, por ejemplo, en Norte de Santander, una región con presencia del ELN, disidencias de las FARC y estructuras criminales como el Clan del Golfo y Los Pachenca, obtuvo más del 70% de la votación.
También ganó en Arauca, donde confluyen el ELN, disidencias y otros actores armados; en Guaviare, con presencia de estructuras disidentes y en Meta, otro territorio marcado por la disputa armada.
Antioquia representa uno de los ejemplos más claros: es uno de los departamentos con mayor presencia del Clan del Golfo, una de las estructuras criminales más fuertes del país. Allí De la Espriella obtuvo más de 2 millones de votos, (64,42%), sin embargo, esos resultados no fueron presentados bajo la misma lógica de sospecha que se aplicó a otros territorios.
El error central de la narrativa del “voto fusil” es asumir una relación directa entre presencia armada y orientación electoral, Colombia muestra una realidad distinta y es que los territorios con dinámicas ligadas al conflicto armado interno no votan de una sola manera, de ahí que, la presencia de actores ilegales no significó automáticamente una victoria para un solo sector político.
De hecho, en los municipios clasificados por la Defensoría del Pueblo (2026) con riesgo de control criminal, De la Espriella ganó en muchos de los casos, ejemplo de ello son municipios como: Algeciras Huila (61.29%), Tibú Norte de Santander (58.28%) o Santa Rosa Sur Bolívar (74.97%), obteniendo una victoria indiscutible. Si la tesis fuera que la presencia armada orientó masivamente el voto hacia una candidatura específica, los resultados deberían mostrar un patrón mucho más claro.
La realidad que los medios intentan cubrir es otra, los territorios votan atravesados por múltiples factores: la historia del conflicto armado interno, la ausencia estatal, la desigualdad, las economías ilegales, la historia de las víctimas y las demandas de transformación social, por ello, reducir todo a la existencia de un fusil es negar esa complejidad a la que se enfrentan las regiones.
Esta narrativa también desconoce una trayectoria histórica: muchos de los territorios señalados hoy como sospechosos tienen patrones electorales que vienen de años atrás, en el plebiscito de 2016, por ejemplo, regiones profundamente afectadas por la guerra votaron mayoritariamente a favor del Acuerdo de Paz.
En lugares como Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo y zonas del Catatumbo, el apoyo a políticas de paz que buscan una salida negociada del conflicto no apareció de la noche a la mañana, sino que es una expresión política de comunidades que han vivido las consecuencias directas del conflicto armado.
Quienes han sufrido la guerra, durante casi toda su vida, pueden tener razones políticas para buscar alternativas que prometan superar esa realidad, por ello, interpretar sus decisiones exclusivamente como manipulación armada implica negarles la posibilidad de tener memoria y una visión propia del país.
En la misma perspectiva, el peligro aparece cuando se usan narrativas estigmatizantes para convertir comunidades enteras en sospechosas y así legitimar el incremento de la violencia en estos territorios, como lo ocurrido con el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, que no tardó en pedir bombardeos en los territorios en donde ganó Iván Cepeda, así, el problema del discurso del “voto fusil” no es solamente electoral, es social y democrático.
Cuando se afirma que un territorio votó porque fue obligado, la sospecha deja de dirigirse únicamente hacia los actores armados y empieza a caer sobre las comunidades campesinas, pueblos originarios y habitantes que terminan siendo presentados como personas sin autonomía política, incapaces de tomar decisiones propias e incluso como cómplices.
Esto reproduce, además, una vieja idea que ha costado mucho abandonar: que en Colombia la ciudadanía de las periferias y las zonas rurales vale menos; donde las decisiones políticas deben ser explicadas como anomalías y no como expresiones legítimas de una sociedad.
La democracia no puede funcionar bajo la lógica de que existen votos legítimos y votos sospechosos dependiendo de a quién le fueron depositados; la verdadera discusión debería ser otra, y si existen grupos armados intentando interferir en las elecciones, la respuesta debe ser institucional – investigar casos concretos, proteger comunidades, garantizar campañas libres y fortalecer la presencia del Estado -, la solución no puede seguir siendo estigmatizar territorios completos.
Colombia necesita preguntarse por qué durante décadas tantas regiones han vivido bajo la influencia de actores armados, por qué el Estado no ha garantizado plenamente los derechos de sus habitantes y por qué las comunidades más afectadas por la guerra siguen siendo las más vulnerables.
El debate democrático no debería ser quién merece que su voto sea creído; debería ser cómo garantizar que cada persona, sin importar si vive en Bogotá, Catatumbo, Cauca o Chocó, pueda ejercer sus derechos sin miedo.
El verdadero riesgo para la democracia no es que las periferias voten diferente, sino que una parte del país empiece a creer que esos votos valen menos.