Qué significa gobernar por decreto? 

Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia 

“Voy a expedir con la ayuda de Dios el mismo día de la posesión 90 decretos” (La FM, 2026, min. 4:06). Dos meses después, Abelardo De la Espriella reiteró la promesa: “El mismo día de la posesión voy a expedir más de 90 decretos en materia de seguridad, educación y economía, porque Colombia necesita resultados” (Infobae, 2026). 

Con ello busca transmitir determinación, acción y mano firme, es un mensaje que encuentra terreno fértil en un país atravesado por décadas de impunidad, violencias, corrupción y desigualdad. Pero vale la pena preguntarse qué hay detrás de esa promesa, noventa decretos en un día no son solo una propuesta de gestión; también constituyen una declaración sobre cómo se concibe el ejercicio del poder. 

Gobernar por decreto no significa simplemente expedir decretos, porque todos los gobiernos lo hacen. Los decretos son instrumentos legítimos mediante los cuales la o el presidente de turno reglamenta leyes, organiza la administración pública o ejerce facultades expresamente previstas en la Constitución, por eso el problema no está en la existencia de los decretos, sino en la idea de convertirlos en el mecanismo privilegiado para impulsar las principales transformaciones políticas de un gobierno. 

Lo que suele entenderse por “gobernar por decreto” es una forma de ejercer el poder que privilegia decisiones concentradas en el Ejecutivo y reduce la importancia de la deliberación legislativa. No porque el decreto sea ilegal o ilegítimo en sí mismo, sino porque deja de presentarse como una herramienta específica dentro del orden constitucional para convertirse en una forma de gobierno.  

¿Qué idea de democracia existe detrás de un proyecto que presenta el debate como un obstáculo y la velocidad como una virtud absoluta? 

Habermas insistía en que las decisiones que una sociedad reconoce como legítimas son aquellas que pueden justificarse públicamente y someterse al escrutinio colectivo. En contraste, la promesa de gobernar mediante una avalancha de decretos transmite otro mensaje: uno en el que discutir demora, negociar estorba y los contrapesos institucionales aparecen como barreras que deben superarse para actuar con eficacia. 

Y ésta, no es una idea nueva: en América Latina han surgido liderazgos que construyen parte de su legitimidad sobre la promesa de actuar por encima de las supuestas trabas institucionales. Bukele en El Salvador y Milei en Argentina —referentes reivindicados por De la Espriella— han convertido la confrontación con distintos mecanismos de control y mediación política en un elemento central de su narrativa. Más allá de las diferencias entre ambos casos, la experiencia comparada muestra que la concentración acelerada de poder en el Ejecutivo suele generar tensiones con la independencia institucional, los controles democráticos y las garantías para el ejercicio de derechos. 

Aquí aparece otra contradicción. 

Mientras promete concentrar decisiones en la Presidencia, también promete reducir el Estado en un 40 %, mediante la supresión de empleos públicos y la fusión de ministerios. Entonces, ¿menos institucionalidad, menor capacidad estatal y, al mismo tiempo, más poder concentrado en el Ejecutivo? Un Estado reducido, pero hiperconcentrado, no es necesariamente un Estado más eficiente; puede ser, en cambio, un Estado con menor capacidad para garantizar derechos y mayor dificultad para producir controles efectivos sobre el ejercicio del poder. 

Por eso también genera preocupación que De la Espriella haya planteado la posibilidad de intervenir o desactivar aspectos centrales del sistema de justicia transicional. Más allá de la viabilidad jurídica de una medida de ese tipo —ampliamente discutible dada la protección constitucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)—, la afirmación revela una determinada concepción sobre los límites del poder presidencial frente a instituciones creadas para garantizar los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. 

Y es que sí, hay gente que nunca ha visto una audiencia de la JEP y eso se nota. 

Chantal Mouffe ha advertido que cuando la política se presenta exclusivamente como gestión de urgencias se erosiona la idea de que el conflicto, la negociación y el desacuerdo son componentes normales —e incluso necesarios— de una democracia. Gobernar no consiste en eliminar las diferencias, sino en tramitarlas sin destruir las reglas que permiten convivir con ellas. En esa misma línea, cuando un candidato enmarca la política como una respuesta permanente a emergencias, no solo apela al cansancio real de la ciudadanía, sino que también debilita la legitimidad del debate y la negociación, presentándolos como defectos de la democracia cuando en realidad son parte de su funcionamiento. 

La promesa de los noventa decretos es, entonces, una ventana para observar una determinada concepción del poder: una donde las instituciones parecen un estorbo, donde deliberar es sinónimo de perder tiempo y donde la concentración de decisiones en el Ejecutivo se presenta como la solución a problemas complejos que, precisamente por su complejidad, requieren más deliberación democrática y no menos.