Aislarnos del sistema internacional, la peligrosa propuesta de Abelardo de la Espriella 

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia 

A pocos días de que Colombia elija a su próximo presidente, buena parte del debate público se ha concentrado en la seguridad, la economía y la corrupción. Sin embargo, una de las propuestas más radicales planteadas durante esta campaña ha pasado relativamente desapercibida y que de materializarse, representaría uno de los mayores retrocesos para la democracia colombiana desde la promulgación de la Constitución de 1991. 

Se trata de la intención de Abelardo de la Espriella de retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aunque el candidato ha intentado presentar esta iniciativa como una discusión sobre soberanía nacional o eficiencia en el gasto público, sus implicaciones son mucho más profundas. 

No es una simple propuesta de política exterior, es una iniciativa que cuestiona uno de los pilares fundamentales del orden constitucional colombiano: la incorporación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos como garantía frente a los abusos del poder. Lejos de fortalecer al Estado, una decisión de esta naturaleza debilitaría los mecanismos de control democrático, aislaría internacionalmente al país y pondría en riesgo derechos y garantías fundamentales para millones de personas. 

La Constitución de 1991 surgió como respuesta a décadas de violencia, exclusión y concentración del poder y refleja que la protección de los derechos humanos no puede depender exclusivamente de la voluntad política de los gobiernos de turno. Por ello, Colombia decidió vincularse de manera decidida al sistema internacional de protección de derechos humanos y otorgar a ciertos tratados una jerarquía especial dentro del ordenamiento jurídico. 

Ese diseño constitucional se expresa en el denominado bloque de constitucionalidad, consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política. Este concepto hace referencia al conjunto de tratados y normas internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia que sirven como parámetro para interpretar la Constitución y evaluar la constitucionalidad de las leyes. Gracias a este mecanismo, los derechos reconocidos en instrumentos internacionales forman parte integral del sistema de protección constitucional colombiano. 

Por esa razón, la eventual salida de Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tendría efectos profundos sobre la arquitectura jurídica construida desde 1991. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, fundamento jurídico de la Comisión y la Corte Interamericanas, integra el bloque de constitucionalidad y constituye una de las principales garantías para la protección de los derechos fundamentales en el país. 

En una reciente entrevista, el candidato afirmó que retirarse de estos organismos sería “facilito”. Sin embargo, esa afirmación desconoce la complejidad jurídica y política de una decisión de esta naturaleza, la denuncia de tratados internacionales que hacen parte del sistema de protección de derechos humanos generaría profundas controversias constitucionales y estaría sometida a un intenso escrutinio institucional y judicial. 

Más allá de los procedimientos legales, el problema de fondo es otro: para materializar esta propuesta sería necesario alterar uno de los pilares sobre los que se ha construido el Estado Social de Derecho colombiano. Las organizaciones internacionales suelen ser presentadas por sus críticos como burocracias lejanas, costosas o ideologizadas. No obstante, cumplen una función esencial en las democracias modernas: proteger a las personas cuando los Estados fallan en esa tarea. 

En Colombia, miles de víctimas han encontrado justicia ante el Sistema Interamericano después de agotar sin éxito todas las instancias nacionales. Comunidades desplazadas, pueblos originarios, organizaciones sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, familiares de personas desaparecidas y víctimas de ejecuciones extrajudiciales han acudido a estos mecanismos cuando las instituciones internas fueron incapaces de ofrecer respuestas efectivas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no reemplaza a la justicia colombiana, interviene únicamente cuando el Estado incumple sus obligaciones internacionales y no garantiza adecuadamente los derechos de la ciudadanía. Por ello resulta especialmente preocupante que un país cuya historia ha estado marcada por masacres, desapariciones forzadas, persecuciones políticas y graves violaciones a los derechos humanos considere renunciar a uno de los pocos mecanismos internacionales que permiten exigir responsabilidades cuando las instituciones nacionales fracasan. 

El candidato invoca la soberanía nacional para justificar su propuesta. Sin embargo, omite que estos organismos tienen competencias limitadas y que, en la mayoría de los casos, se dedican a supervisar el cumplimiento de obligaciones internacionales, emitir recomendaciones y establecer estándares de protección de derechos humanos libremente aceptados por los Estados que los integran. 

Además, la experiencia de países como Venezuela y Nicaragua demuestra que el debilitamiento de los mecanismos internacionales de supervisión suele coincidir con procesos de concentración del poder y reducción de los controles democráticos. Colombia tiene una trayectoria institucional distinta, pero precisamente por ello debería ser cautelosa frente a iniciativas que buscan disminuir los contrapesos existentes. 

El país continúa enfrentando graves desafíos en materia de violencia armada, presencia de grupos ilegales y protección de los derechos humanos. En este contexto, eliminar mecanismos internacionales de vigilancia y protección sería una decisión particularmente riesgosa, significaría privar a las víctimas de una instancia adicional de justicia, limitar herramientas de protección para liderazgos sociales y debilitar el acompañamiento internacional que históricamente ha contribuido a salvaguardar comunidades vulnerables. 

Los gobiernos que buscan reducir los controles externos, debilitar los mecanismos de supervisión y presentar los derechos humanos como obstáculos para el ejercicio del poder rara vez lo hacen para proteger a la ciudadanía, con frecuencia lo hacen porque consideran incómoda la rendición de cuentas. 

Esta propuesta no es una medida simbólica y mucho menos es una estrategia de ahorro o una simple decisión de política exterior; es una iniciativa que cuestiona el modelo constitucional de protección de derechos construido desde 1991, debilita las garantías de los derechos de las víctimas, reduce los controles sobre el ejercicio del poder y acerca a Colombia a experiencias regionales que han demostrado ser perjudiciales para la democracia. 

Una democracia sólida no debería temerle a los organismos internacionales, por el contrario, debería reconocerlos como aliados en la tarea de proteger a la ciudadanía cuando las instituciones nacionales se equivocan, abusan de su poder o incumplen sus obligaciones. 

La discusión no consiste en determinar si la ONU, la OEA o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son instituciones perfectas –ninguna lo es-, pero ¿quién gana cuando desaparecen los controles que protegen a los ciudadanos frente al poder? 

Cuando se debilitan los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, quienes pierden no son los organismos internacionales, pierden las víctimas, pierde la ciudadanía y pierde la democracia.