¿Por qué nos atraen los gobiernos antidemocráticos? 

Por: Karen Carrillo, Corporación Justicia y Democracia

El ascenso de líderes como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei ha reabierto un debate fundamental sobre la relación entre democracia, liderazgo y representación política. Aunque sus contextos nacionales, ideologías y estilos de gobierno son diferentes, los tres comparten una característica central: han construido su legitimidad política presentándose como alternativas a un sistema institucional percibido por amplios sectores de la población como ineficiente, corrupto o incapaz de responder a problemas concretos que afectan la vida cotidiana. 

La atracción que generan estos liderazgos no puede explicarse simplemente como una inclinación ciudadana hacia el autoritarismo, por el contrario, su popularidad suele surgir de las frustraciones acumuladas dentro de las propias democracias. Y esto se puede explicar cuando las instituciones no logran garantizar seguridad, estabilidad económica o confianza pública y una parte importante de la ciudadanía comienza a percibir mecanismos esenciales de la democracia —como el debate legislativo, la separación de poderes, el control judicial o los organismos de vigilancia institucional— como obstáculos para la acción rápida y eficaz del Estado. En ese contexto, la promesa de un liderazgo fuerte, decidido y capaz de producir resultados inmediatos logra una enorme capacidad de movilización política. 

Trump construyó su liderazgo sobre la idea de que las élites políticas tradicionales habían abandonado a la ciudadanía común y que era necesario confrontar directamente a las instituciones que, según él, impedían el progreso del país; Bukele, por su parte, consolidó su popularidad a partir de una estrategia de seguridad que respondió a una demanda social urgente frente a la violencia de las pandillas, incluso cuando ello implicó cuestionamientos relacionados con el debido proceso, las garantías judiciales y el respeto a los derechos fundamentales y Milei, desde una perspectiva diferente, capitalizó el descontento frente a la crisis económica argentina y el desgaste de la clase política, presentándose como un actor dispuesto a desafiar las estructuras tradicionales del Estado y a confrontar a los sectores que identifica como responsables del deterioro económico. 

En Colombia también pueden observarse elementos de esta tendencia en figuras como Abelardo de la Espriella, quien ha construido parte de su discurso político alrededor de la confrontación con las élites gobernantes, la crítica a las instituciones consideradas ineficaces y la promesa de ejercer un liderazgo fuerte frente a problemas como la inseguridad, el crimen organizado y la crisis de confianza en el Estado. Al igual que otros liderazgos contemporáneos, su narrativa apela a la idea de que los problemas del país tienen responsables claramente identificables y que es necesario romper con las formas tradicionales de hacer política para producir cambios reales. Más allá de las diferencias ideológicas y de contexto, estos discursos comparten una característica fundamental: la construcción de una relación directa entre líder y ciudadanía, en la que las instituciones y los mecanismos de control pueden ser percibidos como obstáculos para la acción efectiva del gobierno. 

Para amplios sectores de la población, la capacidad de producir resultados visibles termina siendo más relevante que la preservación de procedimientos institucionales cuyos beneficios son menos evidentes en la vida cotidiana. La reducción de la criminalidad, el control de la inflación o la sensación de orden pueden convertirse en prioridades que desplazan otras preocupaciones relacionadas con la calidad democrática y la garantía de los derechos humanos. 

En obras como Los orígenes del totalitarismo (1951), Arendt advierte que estos proyectos políticos no se imponen únicamente por la fuerza, sino que logran apoyo social al ofrecer explicaciones simples y aparentemente coherentes frente a problemas complejos, apelando a necesidades legítimas de la ciudadanía como la seguridad, la estabilidad económica o la recuperación del orden social. Su fortaleza no radica únicamente en la imposición de la autoridad, sino en su capacidad para convencer a amplios sectores de la población de que determinadas restricciones a las libertades individuales o a los controles institucionales son un precio razonable para alcanzar objetivos considerados urgentes o necesarios (Arendt, 1951). 

Sin embargo, esta búsqueda de eficacia también puede abrir la puerta a dinámicas que erosionan progresivamente los principios democráticos: la concentración excesiva de poder en una sola figura política, el debilitamiento de la independencia judicial, la deslegitimación de organismos de control, los ataques sistemáticos a medios de comunicación y periodistas críticos, o la reducción de espacios para la oposición política suelen justificarse como medidas necesarias para superar bloqueos institucionales o enfrentar situaciones de crisis. En estos escenarios, los contrapesos democráticos dejan de ser percibidos como garantías frente al abuso de poder y comienzan a ser presentados como obstáculos para el cambio. 

Las redes sociales han contribuido además a fortalecer este fenómeno, pues a diferencia de épocas anteriores, los liderazgos políticos pueden comunicarse directamente con millones de personas, reduciendo la influencia de intermediarios como los medios de comunicación, los partidos políticos, las organizaciones sociales o la academia. Esta comunicación directa favorece una relación más emocional y personal con la ciudadanía, donde la confianza se deposita cada vez más en la figura del líder y menos en las instituciones. La política deja entonces de estructurarse alrededor de programas colectivos y comienza a girar en torno a identidades, emociones y narrativas de confrontación que dividen a la sociedad entre quienes encarnan la voluntad popular y quienes supuestamente obstaculizan su realización. 

Uno de los riesgos más importantes de este proceso es la normalización de restricciones a derechos y libertades en nombre de la seguridad, el orden o la estabilidad. 

Por ello, el desafío actual no consiste únicamente en defender las instituciones democráticas frente a posibles tendencias autoritarias, sino en comprender las razones que hacen socialmente atractivos estos liderazgos. Mientras persistan la inseguridad, la desigualdad, la corrupción y la sensación de abandono por parte del Estado, continuará existiendo una demanda de soluciones rápidas y de figuras políticas capaces de romper con el orden establecido. El riesgo es que, en la búsqueda legítima de respuestas a problemas urgentes, las sociedades terminen debilitando los mismos derechos y garantías que fueron construidos históricamente para protegerlas. 

La experiencia demuestra que recuperar derechos perdidos suele ser mucho más difícil que renunciar a ellos en momentos de crisis. El deterioro democrático rara vez ocurre mediante rupturas abruptas; con mayor frecuencia avanza de forma gradual, bajo la promesa de una mayor eficacia gubernamental y con el consentimiento —o la indiferencia— de una ciudadanía convencida de que los beneficios inmediatos justifican los costos institucionales de largo plazo. La creciente aceptación de discursos de “mano dura”, la personalización de la política y la desconfianza hacia las instituciones no son fenómenos exclusivos de Estados Unidos, El Salvador o Argentina, también hacen parte de las discusiones políticas actuales en Colombia.  

¿Qué tan dispuesta está la ciudadanía a sacrificar controles institucionales, derechos y garantías democráticas en nombre de la seguridad, el orden o la eficacia gubernamental?