Por: Heidy Burgos, Corporación Justicia y Democracia
En este país, defender la tierra y habitar el territorio es una práctica política concreta, mientras pueblos y comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes resisten el despojo con su presencia y organización, hay decisiones sobre sus territorios que se siguen tomando desde los escritorios, en planes de gobierno o con tecnicismos que convierten un derecho en trámite. Las próximas elecciones no son ajenas a esto. Lo que cada candidatura dice, y lo que calla, sobre la tierra, revela quién concibe el territorio desde derechos colectivos y quién lo reduce a un factor de producción.
Iván Cepeda
En un acto de campaña en Tierralta, Córdoba (diciembre de 2025), Iván Cepeda enunció un compromiso explícito con las comunidades rurales: “En mi gobierno no permitiré que le vuelvan a quitar las tierras, sus cultivos y sus animales a las familias campesinas, y avanzaré en seguir entregando tierras.”
Su propuesta de “revolución agraria” incluye acceso al agua, restitución de playones comunales, desestímulo de combustibles fósiles y creación de la Jurisdicción Agraria. La acusación directa a figuras como Uribe y Valencia por “legalizar el despojo” al oponerse a esta jurisdicción muestra un posicionamiento territorial explícito, aunque persisten preguntas sobre cómo la “paz total” podría impactar en los territorios.
Abelardo de la Espriella
Su plan de gobierno lo dice sin rodeos: “Colombia no puede seguir tratando el sector minero-energético con prejuicios ideológicos ni improvisación, porque de él dependen la seguridad energética, la competitividad, el empleo, la estabilidad fiscal y una parte decisiva de la inversión regional y social.”
Defiende fracking, glifosato aéreo y ordenamiento del campo como motor productivo.
Alerta: cero mención de consulta previa, restitución o jurisdicción agraria. Para él, el territorio es un recurso. No un derecho.
Paloma Valencia
En su plan de gobierno plantea que el Estado debe garantizar que las consultas a comunidades étnicas no impidan la ejecución de proyectos extractivos estratégicos.
Las comunidades, según su visión, son “socias” de los proyectos, no titulares de derechos.
A eso se suman sus antecedentes: presentó recursos legales contra la Jurisdicción Agraria y en 2015 propuso dividir el Cauca en territorio indígena y mestizo.
Alerta: la consulta previa no es un obstáculo legal, es un derecho fundamental y esa confusión tiene consecuencias en los territorios.
Claudia López
Nombra el problema con datos, en el podcast A Fondo con María Jimena Duzán (mayo de 2026) dijo: “El Gini de concentración de la tierra es del 88% casi. El poder en Colombia está hiperconcentrado.”
Propone tierra + infraestructura + precio garantizado para el campesinado. Bioeconomía amazónica y descentralización regional.
Alerta: la consulta previa está ausente de su discurso. El control territorial lo piensa desde la fuerza pública, no desde los derechos comunitarios, además anuncia levantar restricciones ganaderas en zonas de reserva.
Sergio Fajardo
Propone que “Colombia impulsará una Alianza Global por un Planeta Sostenible, construyendo liderazgo internacional en protección de biodiversidad, transición energética y soluciones climáticas desde los territorios.”
Incluye Jurisdicción Agraria, formalizar 7 millones de hectáreas del Acuerdo de Paz, eliminar deforestación para 2030 y pago por servicios ambientales.
Alerta: no es claro frente al fracking. La consulta previa está implícita, no como eje. Y los PDET tienen presupuesto poco claro.
Ninguna candidatura es perfecta, pero no todas son iguales. No es lo mismo entender la consulta previa como un derecho que como un obstáculo a superar; no es lo mismo mantener en la agenda una reforma agraria que oponerse a ella; no es lo mismo hablar de restitución que hablar de productividad.
El territorio no es neural, y tampoco lo es el voto, el 31 de mayo se vota por una forma de entender quién tiene derecho a existir en este país y dónde.