Más allá del discurso: ¿qué proponen las candidaturas presidenciales para las mujeres?

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia

Las mujeres somos un poco más de la mitad de la población colombiana: según cifras del DANE, cerca del 90 % realiza trabajo no remunerado y dedica el doble de tiempo que los hombres a las tareas de cuidado. Y, aun así, en plena contienda electoral, seguimos atrapadas en el discurso, todas las candidaturas hablan de nosotras, pero muy pocas parecen realmente dispuestas a transformar las condiciones que sostienen la desigualdad.

Aunque la agenda de género tiene hoy más visibilidad que en elecciones anteriores, incluso las propuestas parecen más un catálogo de buenas intenciones que políticas ejecutables, financiadas y vinculantes. No vivimos un momento de ausencia de propuestas, vivimos, más bien, un exceso de discurso y un déficit de garantías.

Si hay algo parecido a un “consenso” entre las candidaturas es el Sistema Nacional de Cuidado. Todas lo mencionan, pero hablar de cuidado no significa necesariamente hablar de transformación. No es lo mismo entenderlo como una revolución social —como lo plantea Iván Cepeda— que como un modelo de gestión eficiente —como lo propone Claudia López— o como una arquitectura institucional —como ocurre en la propuesta de Sergio Fajardo— y mucho menos cuando se reduce a focalización y asistencia, como sucede en los planteamientos de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, el cuidado se convirtió en una palabra cómoda para la política, si bien, se reconoce superficialmente la sobrecarga de las mujeres, no se cuestiona quién la produce ni cómo se redistribuye. Se habla de nosotras sin hablar del poder que sostiene nuestra desigualdad y ahí aparece el principal riesgo: que el cuidado termine convertido en una política para administrar la desigualdad, en lugar de transformarla, ya que, si no se cuestiona la división sexual del trabajo, lo único que cambia es la eficiencia con la que esa desigualdad se reproduce.

Pero sería simplista —y profundamente equivocado— afirmar que todas las propuestas son iguales, las diferencias existen y son importantes.

Por un lado, Fajardo presenta una de las agendas más completas, su propuesta articula cinco pilares: seguridad y justicia, salud plena, trabajo digno, oferta pública de cuidado, y voz y poder político, Claudia López aporta algo igualmente relevante: experiencia de implementación con Las Manzanas del Cuidado, siendo una política pública ya existente y escalable.

Iván Cepeda, por su parte, ofrece quizá la lectura más honesta del problema, al reconocer que la desigualdad de género no puede separarse del modelo económico, el patriarcado y la distribución del poder; su programa de gobierno “El Poder de la Verdad, 2026-2030” se destaca como el más radicalmente transformador en materia de género.

Concibe la desigualdad de género como un fenómeno vinculado al modelo económico, al patriarcado y a la distribución del poder, por lo que propone una redistribución económica con perspectiva de género, priorizando a mujeres rurales y populares, e impulsa una transformación cultural contra el machismo. “El protagonismo de las mujeres en las revoluciones, revolución ética, revolución económica y social, y revolución política y democrática” (Programa Cepeda 2026).  

Aun así, incluso ahí el entusiasmo se rompe rápido: Cepeda no traduce su propuesta en presupuesto, cronograma ni mecanismos claros de implementación; López administra la desigualdad sin desmontar las estructuras que la producen y Fajardo construye institucionalidad, pero sin garantizar los recursos ni las transformaciones estructurales necesarias para sostenerla en el tiempo.

En el otro extremo, los derechos dejan de entenderse como garantías universales. Paloma Valencia no solo propone una visión asistencial y mercantil del cuidado —centrada en subsidios, emprendimiento y focalización—, sino que además ha cuestionado abiertamente derechos ya reconocidos, como la interrupción voluntaria del embarazo. No se trata de una diferencia ideológica menor; implica retroceder frente a un marco constitucional vigente.

Abelardo de la Espriella representa otra forma de regresión, pues, aunque reconoce algunas cifras sobre desigualdad y trabajo no remunerado, sus propuestas son fragmentadas y asistencialistas; su discurso convive, además, con narrativas conservadoras que refuerzan estereotipos de género y deslegitiman las luchas feministas.

El programa de este candidato presenta una paradoja analítica: reconoce cifras clave de la brecha de género (82,6% de mujeres con TNR, 7 horas diarias, brecha salarial del 18%), pero las respuestas programáticas son asistencialistas y no cuestionan las causas estructurales.  Investigaciones periodísticas (Colombiacheck, 2026) señalan que su campaña digital ha utilizado narrativas de la ‘manósfera’, con referencias a ‘familia tradicional’ y cuestionamientos a la ‘ideología de género’. 

Aquí el riesgo es distinto —y, a mi juicio, más grave—: la agenda de mujeres termina absorbida por un discurso de “protección” que, en el fondo, busca mantenernos en el mismo lugar. Con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no estamos frente a simples matices técnicos, sino ante una disputa mucho más profunda sobre si las mujeres somos reconocidas como sujetas plenas de derechos.

No basta con nombrar cifras y reconocer estructuras si no existe un plan real para transformarlas, tampoco basta con hablar de igualdad; hay que redistribuir el poder y no alcanza con reconocer la violencia; hay que garantizar justicia efectiva y sin impunidad.

Hoy más que nunca necesitamos exigir compromisos concretos: presupuesto claro para el Sistema Nacional de Cuidado, medidas efectivas para cerrar la brecha salarial, garantías plenas para los derechos sexuales y reproductivos, y mecanismos vinculantes de paridad en los espacios de decisión. Todo lo demás es retórica.

Las mujeres no somos una estrategia de campaña ni una narrativa útil para sumar votos, ya no basta con promesas que ni siquiera pueden ejecutarse, el asistencialismo no transforma la desigualdad, apenas la administra.

Tampoco hay neutralidad posible frente a quienes desconocen nuestra autonomía y niegan la dimensión estructural de la desigualdad; refugiarse en ambigüedades o discursos de protección solo perpetúa un sistema que se sostiene en la sobrecarga del cuidado, la precarización y la exclusión de las mujeres de los espacios de poder.

Frente a estas agendas no basta con incomodarse; hay que confrontarlas. Cada vacío en campaña termina siendo una excusa para no actuar. El cuidado es político, la desigualdad es estructural y los derechos de las mujeres no pueden seguir siendo una promesa aplazada en cada ciclo electoral.