Cuando existir se vuelve político: diversidades sexuales y de género en la contienda electoral colombiana 

Por: Vanessa Ramírez, Corporación Justicia y Democracia

En Colombia, la democracia sigue siendo profundamente excluyente, en cada elección presidencial se promete ampliar la participación y garantizar representación para toda la población, pero para las disidencias sexuales la disputa electoral continúa desarrollándose en un terreno marcado por la desigualdad, la violencia y la exclusión histórica. 

Aunque durante las últimas décadas se han conquistado derechos fundamentales mediante decisiones de la Corte Constitucional —como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y el reconocimiento del cambio de componente sexo en la cédula de ciudadanía— la representación política real continúa siendo limitada, frágil y constantemente cuestionada. 

Hoy, en medio de la contienda electoral de 2026, la diversidad sexual volvió a convertirse en uno de los escenarios más tensos del debate político nacional. Aunque estas elecciones registran candidaturas diversas –con una mujer lesbiana aspirando a la presidencia y una candidata con una fórmula vicepresidencial abiertamente gay-, esto no necesariamente representa un avance estructural para las diversidades sexuales y de género.

La violencia política y digital que enfrentan activistas, lideresas y candidaturas abiertamente diversas sigue siendo alarmante, especialmente en territorios atravesados por el conflicto armado, la pobreza y la presencia de actores armados ilegales. 

Lo más preocupante es que, en muchos casos, la representación termina siendo simbólica y no transformadora, pues tener personas abiertamente diversas dentro de campañas o coaliciones políticas no significa, por sí solo, un compromiso real con la garantía de derechos. 

Resulta inquietante cómo las vidas y derechos de las diversidades sexuales y de género continúan siendo utilizadas como herramienta de cálculo electoral: mientras algunos sectores políticos hablan de inclusión y reconocimiento, otros convierten la existencia misma de éstas en una amenaza discursiva asociada a la llamada “ideología de género”, -que recordemos, no existe tal ideología-, una narrativa promovida por sectores conservadores para desacreditar los logros y luchas históricas.

Así, los derechos adquiridos terminan convertidos en un campo de batalla ideológico y electoral. Las identidades de género diversas resultan siendo utilizadas como instrumentos de legitimación política mientras persiste la violencia, la exclusión y las barreras estructurales para el acceso pleno a sus derechos.  

Por un lado, el candidato Iván Cepeda ha sostenido un discurso de reconocimiento explícito hacia las diversidades sexuales y de género vinculando sus derechos a una idea más amplia de democracia y justicia social. Durante encuentros con organizaciones sociales afirmó que “no hay democracia plena sin diversidad sexual” y se comprometió a fortalecer políticas públicas contra la discriminación y los crímenes de odio, su plataforma respalda la consolidación del CONPES sexodiverso y el impulso de proyectos como la Ley Integral Trans. 

Por otro lado, Sergio Fajardo representa un enfoque más técnico e institucional, su programa parece ser uno de los más detallados en materia LGBTIQ+, incluyendo propuestas de Centros de Atención Integral, fortalecimiento de rutas de justicia, capacitación obligatoria a funcionarios y funcionarias públicas y ampliación de cobertura en salud para personas trans. 

La figura de Claudia López ocupa un lugar distinto dentro de este debate: como primera mujer lesbiana elegida alcaldesa de Bogotá, su trayectoria política tiene una enorme carga simbólica para la comunidad diversa en Colombia. López ha insistido en que las diversidades sexuales y de género  “no son trofeos” y que la representación debe traducirse en garantías materiales, protección frente a crímenes de odio y políticas públicas concretas. 

Sin embargo, su programa parece no desarrollar con suficiente profundidad instrumentos específicos de política pública LGBTIQ+, especialmente frente a temas urgentes como salud trans, empleabilidad o protección territorial. 

La contradicción más visible de esta contienda aparece en la candidatura de Paloma Valencia junto a Juan Daniel Oviedo, candidato abiertamente gay. La coalición ha intentado proyectar una imagen de apertura e inclusión, pero mantiene posiciones restrictivas frente a derechos fundamentales como la adopción homoparental. 

Recordemos que Valencia declaró públicamente que no está de acuerdo con la adopción por parte de parejas del mismo sexo, aunque reconoce la existencia de familias diversas y afirmó que respetará la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin embargo, la tensión se profundiza porque Oviedo ha defendido explícitamente que las identidades diversas son sujetos de protección constitucional y ha buscado posicionarse como voz de la población LGBTIQ+ dentro de sectores conservadores. 

Entonces ¿la orientación sexual de un candidato garantiza realmente una agenda de defensa de derechos? Lo que define el compromiso político con las diversidades sexuales no es la identidad de sus figuras visibles, sino las leyes que se impulsan, los presupuestos que se garantizan y las instituciones que se fortalecen. 

Aún más alarmante es el discurso del candidato Abelardo de la Espriella, quien representa la postura más conservadora frente a los derechos LGBTIQ+ dentro de la contienda electoral. De la Espriella ha afirmado públicamente que, si dependiera de él, no habría aprobado la adopción homoparental y dejó abierta la posibilidad de respaldar iniciativas para revisar constitucionalmente ese derecho. 

Su discurso mezcla referencias a valores judeocristianos, familia tradicional y seguridad, reproduciendo narrativas donde las diversidades sexuales aparecen como una amenaza cultural, además, su programa de gobierno no incluye propuestas específicas para lasdiversidades sexuales y de género, lo cual no parece una omisión accidental, sino una decisión política explícita. 

El próximo 31 de mayo también se disputa el derecho a existir, amar y vivir sin miedo en un país donde los crímenes de odio y los discursos de exclusión siguen intentando devolver al margen a quienes desafían la norma heterosexual. 

No podemos seguir reduciendo los derechos humanos a un debate moral o religioso, mucho menos cuando se trata de ciudadanías que han construido este país en medio de la violencia, el miedo y la exclusión.