¿Qué proponen las candidaturas a la presidencia sobre consulta previa, extractivismo y autonomía?
En la coyuntura electoral, hablar de territorio no significa necesariamente habitarlo del mismo modo. Los planes de gobierno muestran diferencias importantes frente a la consulta previa, la autonomía territorial y el modelo extractivo. Sin embargo, más allá de las diferencias discursivas, varias candidaturas comparten tensiones no resueltas entre protección ambiental, transición energética, crecimiento económico y aceleración de proyectos estratégicos.
Iván Cepeda plantea una visión centrada en la gobernanza indígena, la memoria territorial y la relación espiritual con la tierra, y critica explícitamente el extractivismo como modelo. Sin embargo, su programa no precisa qué ocurrirá con proyectos mineros o de hidrocarburos en curso, ni cómo se resolverán los conflictos socioambientales en territorios donde la transición energética no elimina automáticamente las tensiones extractivas: proyectos eólicos, solares, mineros o de transmisión eléctrica también requieren tierra, infraestructura y control territorial.
Claudia López, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia coinciden, con matices distintos, en la necesidad de acelerar procesos, destrabar inversiones y fortalecer la seguridad jurídica para grandes proyectos. Aunque sus enfoques difieren ideológicamente, comparten una visión donde la estabilidad económica y la confianza inversionista ocupan un lugar prioritario frente a los conflictos territoriales.
En estos sectores, la consulta previa suele aparecer más como un mecanismo de gestión del conflicto que como una garantía de autodeterminación territorial. La afirmación de Paloma Valencia según la cual la consulta previa “no puede ser un veto” expresa con claridad esa visión y entra en tensión con el Convenio 169 de la OIT y con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que han establecido que la consulta previa no es un trámite decorativo ni una simple socialización de proyectos, sino una herramienta para proteger la supervivencia cultural y territorial de los pueblos étnicos.
Preocupa que varias propuestas continúen entendiendo la consulta previa como un trámite de eficiencia y no como un derecho fundamental ligado al consentimiento libre, previo e informado. El voto no resolverá estas tensiones del todo, pero puede orientarse con preguntas concretas: ¿El programa reconoce escenarios donde el consentimiento de las comunidades sea vinculante, incluyendo la posibilidad de negar proyectos que comprometan su supervivencia cultural y territorial? ¿Reconoce territorios colectivos afrodescendientes, resguardos indígenas y formas de territorialidad campesina como sujetos políticos con capacidad real de decisión? ¿Existe coherencia entre las promesas de transición energética y el respeto a las comunidades donde esa energía se producirá? ¿Se fortalecen los sistemas propios (SEIP, SISPI, guardias indígenas) con recursos y autonomía real, o solo se los menciona?
La pregunta de fondo no es quién nombra mejor el territorio, sino quién ofrece garantías reales para que esos sistemas tengan autonomía, presupuesto y reconocimiento.
Lo que está en juego no es solo un modelo energético o ambiental, sino quién tiene el poder de decidir sobre los territorios y bajo qué condiciones.