Cada 20 de abril, el mundo conmemora el “420”, una fecha que nació como un código juvenil en California en los años setenta y que hoy se ha transformado en un símbolo global de la cultura cannábica y, sobre todo, en una plataforma de reivindicación política, esto que comenzó como un gesto contracultural, es ahora una forma de interpelar las políticas de drogas desde un enfoque de derechos humanos.
En Colombia, esa interpelación es particularmente urgente: aunque el país ha sido pionero en reconocer ciertos derechos de las personas usuarias, también mantiene profundas contradicciones que evidencian la persistencia de un enfoque punitivo.
La Sentencia C-221 de 1994 marcó un hito al despenalizar la dosis personal, reconociendo el consumo como una expresión del libre desarrollo de la personalidad; en palabras de la Corte, “el Estado no puede invadir la esfera de la autonomía personal para imponer modelos de virtud” (C-221/94). Este precedente se consolidó posteriormente en la Sentencia C-253 de 2019, que reafirmó que las medidas policivas no pueden convertirse en mecanismos indirectos de criminalización.
Sin embargo, la realidad dista de ese reconocimiento formal. Como ha señalado Dejusticia, “la política de drogas en Colombia sigue atrapada en una lógica prohibicionista que castiga de manera desproporcionada a los eslabones más débiles de la cadena” (Dejusticia, 2020). Esta contradicción se expresa en prácticas cotidianas de requisas, decomisos y comparendos que, aunque no constituyen sanciones penales, sí reproducen estigmatización y control.
La regulación del cannabis medicinal, impulsada por la Ley 1787 de 2016, suele presentarse como un avance significativo y lo es, en términos de apertura científica y económica; pero también revela una paradoja estructural: el mismo Estado que promueve una industria legal del cannabis continúa persiguiendo a quienes lo consumen fuera de ese circuito. Como advierte Comisión Global de Políticas de Drogas, “la criminalización del consumo no solo es ineficaz, sino que agrava los daños sociales y de salud pública” (2019).
Así, la persecución recae, de manera sistemática, sobre jóvenes de sectores populares, personas en condición de habitabilidad de calle y personas racializadas. En este sentido, la política de drogas funciona como un dispositivo de control social. Tal como lo documenta Human Rights Watch, “las leyes de drogas suelen aplicarse de forma discriminatoria, reforzando patrones de exclusión y abuso policial” (HRW, 2021).
El 420, entonces, no puede leerse únicamente como una celebración, en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, las concentraciones del 20 de abril se han convertido en escenarios de disputa política donde convergen demandas por la regulación integral, el fin de la persecución y el respeto a los derechos de las personas usuarias. Estas movilizaciones evidencian que la discusión sobre el cannabis es, en el fondo, una discusión sobre ciudadanía y democracia.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha señalado que “las respuestas basadas en salud pública y derechos humanos son más efectivas que las estrategias punitivas” (Informe Mundial sobre Drogas, 2022), persistir en la criminalización no solo es ineficaz, sino incompatible con un Estado que se pretende garantista.
No se trata únicamente sobre si el cannabis debe ser legal o no, sino sobre quiénes pueden ejercer ese derecho sin miedo y quiénes siguen pagando el costo de su prohibición.
A propósito del 420, te invitamos a conocer la guía de objeción y apelación de comparendos, en la que podrás reconocer cuándo una medida es arbitraria y cómo responder frente a ella. Defender derechos no debería ser un acto excepcional, pero en contextos como el colombiano, sigue siendo profundamente necesario.
Referencias bibliográficas:
Sentencia C-221 de 1994. Corte Constitucional de Colombia.
Sentencia C-253 de 2019. Corte Constitucional de Colombia.
Ley 1787 de 2016. Congreso de la República de Colombia.
Dejusticia (2020). Política de drogas en Colombia: balance y recomendaciones.
Comisión Global de Políticas de Drogas (2019). Clasificación de sustancias psicoactivas: cuando la ciencia se quedó atrás.
Human Rights Watch (2021). War on Drugs: Impact on Human Rights.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2022). Informe Mundial sobre las Drogas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019). Informe sobre políticas de drogas y derechos humanos en las Américas.
Elementa DDHH (2021). Personas usuarias de drogas y sistema penal en Colombia.