Gobernar con uniforme: narrativas electorales, medios de comunicación y normalización de la militarización de la vida civil en Colombia  

Por: Karen Carrillo, coordinadora de Comunicación Pública, Corporación Justicia y Democracia 

Resumen 

En el contexto de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, el discurso sobre la seguridad se ha consolidado como eje central del debate político. Este escrito analiza cómo las narrativas promovidas por diversas candidaturas y amplificadas por los medios de comunicación han contribuido a la normalización de la militarización de la vida civil. A partir de ejemplos concretos de propuestas de campaña, despliegues institucionales y marcos discursivos, se argumenta que la militarización no solo se expresa en políticas públicas, sino también en la construcción simbólica de la realidad. Finalmente, se plantea la necesidad de disputar estos imaginarios desde enfoques de seguridad humana y democracia sustantiva¹. 

_{^{1 En este enfoque, la legitimidad democrática no depende únicamente del cumplimiento de reglas, sino también de su capacidad para producir condiciones materiales y sociales que hagan efectiva la igualdad y los derechos de la ciudadanía (Quiroga, 2000).}} 

Introducción 

En Colombia, la seguridad ha dejado de ser un tema de debate para convertirse en un consenso incuestionado dentro de la contienda electoral: en el marco de las elecciones presidenciales de 2026, el despliegue de más de 120.000 efectivos de la Fuerza Pública para garantizar el proceso electoral no solo representa una medida institucional, sino también un síntoma de una tendencia más profunda: la normalización de la presencia militar en la vida civil (Diario Libre, 2026). 

En ese contexto, la actual campaña presidencial no se limita a proponer políticas de seguridad, sino que reproduce y profundiza imaginarios militarizados que configuran la forma en que se entiende la democracia, el orden público y la ciudadanía. La militarización, en este sentido, debe analizarse no solo como práctica material, sino como construcción discursiva. 

La campaña electoral como dispositivo de militarización simbólica 

La centralidad de la seguridad en la agenda electoral ha derivado en una homogenización del discurso político, donde conceptos como “recuperar el control territorial”, “combatir el crimen” o “restablecer el orden” operan como ejes articuladores de algunas de las propuestas (Segurilatam, 2026). 

Este lenguaje no es neutro, por el contrario, remite a una lógica de guerra que posiciona a ciertos sectores de la sociedad como amenazas, reforzando la idea del “enemigo interno”, una noción históricamente vinculada a la doctrina de seguridad nacional en América Latina.  

Diversas candidaturas presidenciales oficialmente inscritas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil han planteado propuestas que, con matices ideológicos, coinciden en reforzar el papel de la Fuerza Pública como eje estructurante del Estado. Este consenso evidencia la persistencia de un paradigma de seguridad centrado en el control territorial y la capacidad coercitiva, más que en enfoques de transformación social. 

Entre las candidaturas más visibles, Paloma Valencia ha sostenido en intervenciones públicas que la prioridad del próximo Gobierno debe ser “recuperar el orden” mediante el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el respaldo a las fuerzas militares, enfatizando una política de autoridad como condición para la estabilidad institucional (Semana, 2025). 

En una línea similar, Abelardo de la Espriella ha planteado un discurso de confrontación frontal contra el crimen organizado, promoviendo el endurecimiento del aparato punitivo y el uso intensivo de la fuerza estatal (El Tiempo, 2026); así mismo, en su Programa de Gobierno “Defensores de la Patria”, plantea una estrategia integral de seguridad orientada a recuperar el control del Estado, que incluye la erradicación total de los cultivos ilícitos mediante herramientas legales y tecnológicas como la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución de capitales del narcotráfico, la extinción de dominio, la sustitución y la extradición. A esto se suma el objetivo de restablecer el monopolio estatal de las armas, desmantelar milicias y estructuras coercitivas paralelas, y reconstruir y fortalecer la Fuerza Pública y lo que más llama la atención es que en el ámbito local, propone reforzar la seguridad en los barrios mediante iniciativas como un bloque especializado contra la extorsión y la participación de veteranos y reservistas en labores de vigilancia y apoyo (Defensores de la Patria (2026). 

Incluso en candidaturas de corte más de “centro”, como las de Claudia López y Sergio Fajardo, si bien se incorporan elementos de prevención y fortalecimiento institucional, se mantiene la necesidad de consolidar un aparato de seguridad robusto (La Silla Vacía, 2026). 

En contraste, Iván Cepeda ha insistido en la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016 como eje para transformar las condiciones estructurales de la violencia, así mismo, en su Programa de Gobierno “El Poder de la Verdad”, la seguridad humana se define explícitamente como un componente esencial no militarista, sustentado en un enfoque que reconoce la dignidad y resistencia de comunidades como las del Putumayo y que plantea que la seguridad solo es posible mediante la superación de causas estructurales como la pobreza, el abandono estatal y la exclusión, a través de políticas sociales, participación comunitaria y presencia institucional efectiva Movimiento Pacto Histórico (2026). 

Este conjunto de candidaturas forma parte de un escenario en el que 14 personas fueron oficialmente inscritas para las elecciones presidenciales de 2026, consolidando una oferta política amplia pero atravesada por un consenso discursivo: la seguridad como problema prioritario y la Fuerza Pública como su principal solución (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2026). 

Asimismo, el denominado “Plan Democracia”² refuerza esta tendencia al mostrar cómo incluso los mecanismos democráticos son concebidos bajo lógicas militarizadas, éste implica un despliegue masivo de Fuerza Pública sin precedentes recientes. Para las elecciones de 2026, se proyecta la participación de más de 160.000 efectivos entre militares y policías, encargados de custodiar el proceso electoral en todo el país, un nivel de militarización que convierte a las elecciones en un evento altamente securitizado, donde la presencia armada no es excepcional sino estructural. 

_{^{2 Definido por la Registraduría Nacional del Estado Civil en articulación con el Ministerio de Defensa y la fuerza pública como la principal estrategia estatal para garantizar el desarrollo de las elecciones de 2026. Formalmente, se presenta como un conjunto de medidas orientadas a asegurar condiciones de orden público, transparencia y libre ejercicio del voto en todo el territorio nacional.}} 

Medios de comunicación y producción del miedo 

En la misma perspectiva se ubica la cobertura reiterada de hechos violentos en regiones como el Pacífico, el Catatumbo o el Cauca, -sin restarle la gravedad a lo que en estos territorios sucede-, donde los noticieros tienden a enfatizar masacres, enfrentamientos armados y presencia de grupos ilegales sin contextualizar suficientemente las causas estructurales de estos fenómenos. Este tipo de tratamiento informativo produce un efecto acumulativo: la percepción de inseguridad se amplifica más allá de su dimensión estadística, consolidando la idea de un país permanentemente al borde del colapso. 

Durante los debates y cubrimientos de campaña, medios como El Tiempo, Semana o Noticias Caracol han tendido a estructurar entrevistas y titulares en torno a preguntas como: “¿cómo va a combatir la inseguridad?”, “¿qué hará contra el narcotráfico?” o “¿cómo recuperará el control del territorio?, un encuadre condiciona el debate público al situar la seguridad como problema central y urgente, desplazando otros temas como desigualdad, salud o educación. 

La cobertura mediática no solo informa sobre la inseguridad, sino que la convierte en el eje interpretativo del proceso electoral. Ejemplo de ello es el tratamiento de medios como El País, que sitúan la violencia como el problema central de la contienda, asociando directamente el aumento de hechos violentos con la evaluación de políticas públicas; este encuadre, replicado por medios nacionales que destacan despliegues masivos de Fuerza Pública, contribuye a legitimar indirectamente respuestas militarizadas, al presentar la seguridad como una crisis que exige soluciones inmediatas y contundentes: 

Además, el uso de formatos como “última hora”, “alerta” o “exclusivo” en noticias relacionadas con violencia, refuerza una sensación de inmediatez y amenaza constante, esta lógica de espectacularización del crimen, propia de la competencia mediática por la audiencia, contribuye a una percepción emocional de la inseguridad que favorece respuestas rápidas y contundentes, generalmente asociadas a la militarización. 

Los medios no operan únicamente como canales de información, sino como actores activos en la construcción del sentido común sobre la seguridad al instalar la idea de que el principal problema del país es la inseguridad y que su solución pasa por el fortalecimiento de la Fuerza Pública. 

Para finalizar, se resalta que la militarización de la vida civil en Colombia no comienza con el despliegue de tropas, sino mucho antes: en la manera en que se nombran los problemas y se delimitan sus posibles soluciones en el debate público. Las elecciones presidenciales de 2026 muestran con claridad cómo el discurso de la seguridad no solo organiza la agenda política, sino que actúa como un dispositivo que normaliza y legitima lógicas de guerra en escenarios formalmente democráticos. 

En este contexto, desmilitarizar la vida civil implica una tarea más profunda: disputar los marcos simbólicos que hacen pensable —y aceptable— la centralidad de la fuerza como respuesta a la conflictividad social, esto supone cuestionar la idea de que el orden solo puede garantizarse mediante el control armado y abrir espacio a otras formas de entender la seguridad, ancladas en la justicia social, la igualdad y la vida digna. 

En última instancia, lo que está en juego no es únicamente quién gobernará, sino desde qué horizonte lo hará: uno que reproduzca la lógica de la guerra como principio de organización de la vida colectiva, o uno que apueste por ampliar la democracia más allá del control, hacia la construcción efectiva de condiciones para vivir sin miedo. 

Referencias