Por: Heidy Burgos, equipo de Comunicación Pública de la Corporación Justicia y Democracia
Las recientes elecciones legislativas abren un nuevo ciclo político que invita a reflexionar sobre el tipo de seguridad que se quiere construir —o mantener— en el país. Distintas voces elegidas en el Congreso han planteado posturas que retoman enfoques basados en el endurecimiento punitivo o en la militarización de la vida civil.
Pero ¿qué significa realmente vivir con seguridad?
En el Senado fue elegido Christian Munir Garcés Aljure del Centro Democrático, quien anteriormente impulsó un proyecto para que adolescentes entre 14 y 18 años pudieran ser juzgados como personas adultas. Desde un enfoque de derechos humanos, propuestas como esta generan preocupación porque debilitan el enfoque restaurativo del sistema de justicia juvenil y pueden profundizar la criminalización de juventudes que ya viven en contextos de desigualdad.
También llegará al Senado Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático, quien en el debate público sobre el porte de armas afirmó que “no podemos seguir permitiendo que la ciudadanía quede indefensa”. Este tipo de argumentos preocupan y llevan a cuestionarse: ¿más armas significan más seguridad? ¿No será que la proliferación de armas en la vida civil aumenta los riesgos de violencia?
Por el mismo partido fue elegido Honorio Miguel Henríquez Pinedo, uno de los opositores más visibles al Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, un proceso que buscó precisamente reducir la centralidad de las armas en la política y en la vida social del país.
Por el Partido Liberal Colombiano fue elegido Lidio Arturo García Turbay, cuyo nombre estuvo vinculado en el pasado a investigaciones por parapolítica relacionadas con estructuras paramilitares. Aunque estas investigaciones fueron archivadas, estos antecedentes evocan una historia violenta en la que la política y los actores armados llegaron a entrelazarse de forma peligrosa.
En la Cámara de Representantes, por Antioquia, fue elegida Melissa Orrego Eusse, también del Centro Democrático, quien ha planteado impulsar una agenda orientada a recuperar la llamada “seguridad democrática”. Sin embargo, este modelo dejó profundas discusiones sobre sus impactos en la población civil y sobre la consolidación de la idea del enemigo interno.
Tener seguridad no es vivir rodeados/as de castigo ni bajo la lógica del enemigo interno; es poder vivir sin miedo, con derechos garantizados y con un Estado que proteja la vida, no que la ponga en riesgo.
El desafío para este nuevo Congreso es imaginar otra forma de seguridad: una que no crezca al ritmo del miedo ni del castigo, sino al ritmo de la vida y de la garantía de derechos.
Desde la Corporación Justicia y Democracia observamos este panorama con atención, la discusión sobre la seguridad no puede reducirse a más armas, más castigo o más militarización de la vida civil. Colombia ha vivido demasiadas décadas en las que las armas ocuparon el centro de la política y de la vida social.
Cuando el miedo se convierte en política pública, la democracia se debilita