La brutalidad policial en Colombia no es un fenómeno exclusivo de la protesta social. Es una práctica que también se manifiesta en la vida cotidiana: en operativos de “control” del espacio público, en requisas arbitrarias, en intervenciones contra trabajadoras y trabajadores informales, en desalojos violentos de personas en situación de habitabilidad de calle y en actuaciones dirigidas a poblaciones históricamente discriminadas. Los hechos documentados por organizaciones sociales y medios alternativos muestran que el uso desproporcionado de la fuerza no es excepcional: es una realidad recurrente que atraviesa distintos territorios y cuerpos.
Hechos que deben analizarse a la luz de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos, particularmente aquellas relacionadas con: el respeto y garantía de la vida e integridad personal, la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al debido proceso y la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad.
No podemos olvidar especialmente que, el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado se encuentra regulado por estándares nacionales e internacionales, los cuales indican que éste debe cumplir con los principios de: legalidad (estar previsto en la ley), necesidad (emplearse únicamente cuando otros medios resulten ineficaces), proporcionalidad (guardar relación con la gravedad de la situación) y rendición de cuentas (estar sujeto a control y supervisión efectiva), resaltando que el incumplimiento de estos principios configura responsabilidad estatal.
Considerando esas claridades, desde la Corporación Justicia y Democracia identificamos algunos patrones recurrentes en distintos casos reportados públicamente, esto con el fin de contribuir al debate sobre la necesidad de reformas estructurales en materia de uso de la fuerza y control policial.
¿Quiénes viven la brutalidad policial?
La viven las disidencias sexuales, quienes son requisadas por su identidad; la viven las mujeres trans humilladas en el espacio público; la viven los liderazgos sociales que terminan amenazados después de denunciar; la viven vendedores y vendedoras informales que solo intentan sobrevivir y reciben golpes o descargas eléctricas como respuesta; la viven las personas en situación de habitabilidad de calle que son desalojadas con violencia, como si la pobreza fuera un delito; la viven las y los jóvenes que cometen una infracción menor y terminan reducidos con fuerza desproporcionada; la viven las y los artistas urbanos que usan el muro como espacio de memoria y crítica, como ocurrió con Diego Felipe Becerra, cuyo asesinato marcó un antes y un después en la discusión sobre violencia policial y libertad de expresión y la viven las personas usuarias de drogas.
Violencia contra disidencias y diversidades sexuales:
La violencia policial en contra de la comunidad LGTBIQ+ en Colombia ha configurado dinámicas de discriminación estructural basadas en la orientación sexual y la identidad de género. Esta violencia ejercida por uniformados de la policía nacional se presenta en contextos como requisas, controles en el espacio público y sitios de diversión nocturna, entre otros.
Como resultado de estas acciones, se ha generado una vulneración de los derechos humanos, además de contribuir a la reproducción de estigmas y prejuicios que profundizan la discriminación social.
Criminalización de la pobreza: violencia policial en contra de trabajadoras y trabajadores informales
En operativos de “recuperación del espacio público” se han reportado agresiones físicas, decomisos arbitrarios y uso de armas eléctricas contra trabajadoras y trabajadores informales.
El control del espacio público no puede ejercerse mediante prácticas que vulneren la dignidad humana ni mediante el uso desproporcionado de la fuerza frente a infracciones administrativas. La afectación simultánea al derecho al trabajo y a la integridad personal resulta especialmente grave en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica.
Violencia policial en contra de las personas en situación de habitabilidad de calle
Diversos registros audiovisuales y denuncias ciudadanas evidencian el uso de armas eléctricas, desalojos violentos y tratos degradantes contra personas en situación de habitabilidad de calle.
Estas actuaciones desconocen el enfoque diferencial que debe aplicarse frente a poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibidos de manera absoluta por el derecho internacional.
Intervenciones policiales frente a infracciones menores
En casos relacionados con evasión del pago en el transporte público u otras conductas de baja lesividad, se han reportado golpes, uso de taser, detenciones arbitrarias y actos de violencia que exceden cualquier estándar de proporcionalidad.
Libertad de expresión y arte urbano
El arte callejero es una forma de resistencia, reivindicación y memoria. Las y los artistas urbanos se han encargado de llevar a las paredes las sensaciones de la ciudadanía, visibilizando y reivindicando las luchas sociales. Esto ha hecho que a la Fuerza Pública le incomode el arte callejero, porque a través de él la sociedad ha querido transmitir mensajes (denunciar) sobre la realidad social y política del país, entre las múltiples denuncias se encuentra el repudio a la brutalidad policial, a su estigma a la cultura y a la libertad de expresión.
El asesinato de Diego Felipe Becerra en 2011 marcó un precedente en el debate sobre el tratamiento del arte urbano por parte de la Fuerza Pública.
La respuesta violenta frente a expresiones artísticas o críticas sociales compromete la libertad de expresión y evidencia la necesidad de fortalecer la formación en derechos humanos dentro de la institución policial.
Presuntos montajes judiciales y encubrimiento
Algunos casos graves incluyen homicidios inicialmente justificados mediante acusaciones infundadas contra las víctimas. La posterior evidencia de irregularidades sugiere la existencia de prácticas de encubrimiento o alteración de la verdad.
La combinación de uso letal de la fuerza y criminalización posterior constituye una violación múltiple de derechos y afecta la confianza pública en las instituciones.
Estas situaciones permiten identificar patrones recurrentes:
🔥Uso desproporcionado de la fuerza.
🔥Empleo de armas eléctricas como mecanismo de castigo.
🔥Humillación pública y trato degradante.
🔥Perfilamiento por identidad de género, orientación sexual o condición socioeconómica.
🔥Criminalización posterior de las víctimas.
🔥Deficiencias en mecanismos de control y rendición de cuentas.
Estigmatización y persecución en contra de personas usuarias de drogas:
La persecución de la dosis personal se ha convertido -en muchos casos- en una excusa para el hostigamiento a personas usuarias, quienes se enfrentan a requisas arbitrarias, golpes, amenazas y detenciones sin fundamento.
Pese a que el porte y consumo de la dosis mínima está protegida por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y sentencias las cuales defienden los derechos de los usuarios de sustancias psicoactivas, esto no es suficiente para que cese la violencia y el abuso policíal.
Estos elementos evidencian la necesidad de revisar de manera estructural los protocolos de actuación y los mecanismos de supervisión; con base en eso, desde la Corporación Justicia y Democracia consideramos prioritario:
🔥Fortalecer los mecanismos de control civil y rendición de cuentas sobre la Policía Nacional.
🔥Revisar los protocolos de uso de armas eléctricas y su aplicación en contextos urbanos.
🔥Garantizar formación obligatoria en derechos humanos y enfoque diferencial.
🔥Implementar mecanismos efectivos de investigación independiente frente a denuncias de abuso.
🔥Adoptar medidas de reparación integral para las víctimas y sobrevivientes de violencia policial.
La seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público son funciones legítimas del Estado, sin embargo, dichas funciones deben ejercerse dentro del marco constitucional y bajo estricta observancia de los estándares internacionales de derechos humanos.
La normalización de prácticas violentas en contextos cotidianos compromete la legitimidad institucional y debilita el Estado de Derecho.