El ICE y la política del miedo: cuando migrar se convierte en delito
Por años se ha intentado instalar una idea peligrosa: que migrar es una amenaza, que la movilidad humana equivale a inseguridad y que ciertos cuerpos —por su color de piel, su lengua o su origen— deben ser vigilados, contenidos o expulsados.
Bajo un nuevo paradigma de seguridad, tras los atentados del 11S, como parte de una reforma y un nuevo Departamento de Seguridad Nacional, se fundó el servicio de control de inmigración y aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en ingles), asociando la migración con el crimen y catalogándola como amenaza a la seguridad nacional. El ICE funciona como un cuerpo de policía que, además, cuenta con herramientas penales (arresto, encarcelamiento, uso de la fuerza) para la gestión cotidiana de la movilidad humana.
El ICE opera como un cuerpo policial con amplias facultades penales —arresto, detención, encarcelamiento y uso de la fuerza— aplicadas a la gestión cotidiana de la movilidad humana.
Aunque en teoría y de acuerdo con discursos oficiales, el ICE solo tiene facultades para deportar personas que hayan cometido algún delito grave que represente una “amenaza” a la seguridad nacional; sin embargo, durante el último año, según el medio El Orden mundial, sus prioridades y forma de operar se han centrado en detener y deportar personas migrantes indocumentadas que están en el territorio estadounidense.
Desde el nuevo mandato de Trump, el ICE ha realizado redadas masivas y arrestos indiscriminados en comunidades y lugares de trabajo de personas racializadas, especialmente latinas, negras, indígenas y otras minorías, aumentando la detención de migrantes, sin orden judicial, a más de 1.000% en los últimos años y normalizando la represión en la cotidianidad de esas comunidades (Sejias, 2025). De acuerdo con Kocher (2026) a enero de 2026, eran más de 68 mil las personas que se encontraban detenidas en centros de inmigrantes de todo el país, pese a que 6 de cada 7 de éstas no tenían cargos o condenas por delitos (Muñoz, 2026).
El racismo y la racialización de los cuerpos atraviesan de manera estructural la actuación del ICE y ha orientado sus prácticas de intervención, pues el color de piel, el origen étnico y la lengua funcionan como criterios para decidir a quién se detiene, interroga o vigila. Muestra de ellos los operativos y arrestos, que se concentran en barrios, lugares de trabajo y espacios públicos donde viven y trabajan personas latinas, afrodescendientes, indígenas u otras minorías, donde se documentan patrones de perfilamiento racial en paradas de tráfico, redadas y detenciones “selectivas”.
Esto ha venido acompañado con un pico histórico de violencia por parte de los agentes del ICE, de acuerdo con la ONU (2026) el año pasado se presentaron al menos 30 asesinatos de migrantes, y otras seis se han registrado hasta el momento este año. Además, al menos, una ciudadana y un ciudadano estadounidenses: Renee Nicole Good y Alex Pretti.
A todo lo anterior se suma la represión a los manifestantes, que, en enero, a raíz del asesinato de René Good salieron a manifestarse, dejando, Al menos, una víctima de violencia ocular, Kaden Rummler, joven manifestante de 21 años que perdió un ojo por la represión durante las manifestaciones contra el ICE el pasado 19 de enero en California.
Estos hechos ilustran hasta qué punto la lógica del castigo ejemplarizante se ha extendido no solo contra la población migrante, sino también contra la protesta social.
Aunque pareciera un problema lejano, la actuación violenta de esta fuerza policial es el reflejo de un sistema y un Gobierno abiertamente racista y xenófobo, en el que ha primado el uso de la violencia contra personas migrantes, lo que hace que la exclusión de todas las personas que no encajan en los moldes y estereotipos hegemónicos haga parte del paisaje.
Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que la actuación del gobierno Trump contra los migrantes esinhumana, un error y va en contra del propio tejido social y de los principios fundacionales de la nación (ONU, 2026) y un claro ejemplo de ello es el caso de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años detenido junto a su padre en un operativo de ICE en un suburbio de Minneapolis, trasladado a un centro de detención en Texas y solo liberado tras una fuerte presión social y una orden judicial de emergencia, a pesar de que tanto él como su familia habían ingresado al país por la vía del asilo y no representaban amenaza alguna para la seguridad nacional.
Sin embargo, con las detenciones arbitrarias no termina el problema, de acuerdo con Human Rights Watch (2025), con el Gobierno Trump, además de un cambio en las cifras, hubo un cambio en el trato hacia las personas detenidas: el trato es denigrante y vulnera los derechos humanos. Según testimonios, las personas llegan a permanecer durante largos periodos sin comida en los autobuses, sin agua, sin acceso a sanitarios funcionales y en hacinamiento, lo que les obliga a dormir sobre suelos fríos. Además de un uso excesivo de la fuerza (golpes, gas pimienta, inmovilizaciones dolorosas).
El color de piel, la etnia, el hablar español o tener un acento al momento de hablar inglés, parecen ser las razones del ICE para arrestar arbitrariamente a las personas, pues incluso personas nacionales estadounidenses han sido detenidas y violentadas por “parecer migrantes”.
Ésta, en definitiva, es una política de terror selectiva que castiga a quienes no encajan en el molde de la comunidad blanca, que es legitimada por una estructura social racista, que busca continuar perpetuando jerarquías raciales bajo una falsa excusa de “seguridad”.
La migración, el color de piel, la etnia y la lengua hispana no son un delito: el ICE no solo vulnera derechos individuales, sino que reproduce una lógica donde ciertos cuerpos y nacionalidades son construidas siempre como sospechosas, lógica que ha violentado y vulnerado sistemáticamente por siglos a las comunidades afro, indígenas y minorías étnicas; lo que sí constituye una amenaza para la democracia es un modelo de seguridad que necesita producir enemigos internos para justificarse.
El ICE se ha convertido en uno de los rostros más visibles del racismo estatal contemporáneo. Y frente a ello, el silencio no es neutralidad: es complicidad.
Desde la Corporación Justicia y Democracia insistimos en que la seguridad no puede construirse a partir del miedo, la exclusión y la violencia. La dignidad humana no tiene nacionalidad.
Fuentes:
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