La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 02/25 sobre los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad
En ésta, se puso atención a algo que casi nunca se reconoce: la pena no debe trascender a la familia de la persona privada de libertad. Es decir, aunque la condena es para quien comete un delito, en la práctica ésta se extiende a sus hijos, hijas, padre, madre, pareja, abuelo, abuela y personas cercanas, quienes terminan viviendo una condena invisible.
El documento subraya con mayor fuerza tres dimensiones: 1). El derecho a mantener los vínculos familiares, porque la ruptura de lazos de protección profundiza la pobreza. 2). La marginalidad y el abandono, afectando principalmente a niñas, niños y mujeres; la dignidad en las visitas y el trato a familiares, denunciando los malos tratos y requisas degradantes que convierten la experiencia en una forma de violencia institucional y 3). El rol de las mujeres y las infancias, quienes cargan de manera desproporcionada los impactos económicos, emocionales y sociales del encarcelamiento.
La CIDH insiste en este punto porque reconoce que el encarcelamiento, en lugar de ser un proceso orientado a la justicia y la reinserción, se ha convertido en una cadena de violaciones a los derechos humanos.
La evidencia demuestra que cada detención afecta al menos a cinco personas del círculo cercano, la mayoría de ellas mujeres y menores de edad. No visibilizar significa aceptar que la cárcel siga siendo un castigo colectivo.
En sociedades como la colombiana donde el hacinamiento carcelario, la prisión preventiva y la desigualdad estructural marcan la realidad, hablar de estos temas es urgente. El silencio ha convertido la situación en un tabú: muchos niños y niñas ocultan que su madre o su padre están presos; pero también nos encontramos con mujeres que soportan humillaciones para visitar a un familiar y personas mayores que quedan en abandono sin apoyo estatal. Las familias no pueden seguir siendo invisibilizadas ni tratadas indignamente, el Estado tiene una deuda pendiente en garantizar que los derechos humanos se respeten dentro y fuera de los muros.
Por ello, es urgente entender la privación de la libertad más allá de la individualidad y cambiar las narrativas estigmatizantes:
✊🏾La cárcel no debe ser un castigo colectivo que afecta tanto a la persona detenida como a su familia.
✊🏾Hay que replantear el uso excesivo de la prisión preventiva que en países como Colombia se convierte en una condena anticipada.
✊🏾Es urgente evaluar el impacto en niñas, niños y adolescentes, quienes crecen en medio del estigma y el silencio.
✊🏾El Estado debe poner la mirada en las mujeres que sostienen lo imposible entre visitas, cuidados y sobrevivencia económica.
✊🏾No podemos seguir permitiendo la invisibilización de adultos mayores y personas con discapacidad, quienes son los más afectados por la ruptura de vínculos.
✊🏾No se pueden desconocer las dimensiones étnicas, de género y clase, que en Colombia reproducen desigualdades históricas y se encuentran también en los lugares de privación de la libertad.
El punto de partida: la cárcel como castigo colectivo
La CIDH recuerda en la Resolución 2/25 que el encarcelamiento no solo impacta a la persona privada de libertad, sino también a su familia, a sus afectos y a su comunidad cercana. En Colombia esto se siente aún más fuerte: con un hacinamiento carcelario que supera el 120%, cada ingreso al sistema penitenciario arrastra a madres, padres, hijos, hijas y parejas aun círculo de pobreza, discriminación y exclusión social.
La prisión preventiva: una condena sin sentencia
La resolución alerta sobre el uso excesivo de la prisión preventiva como una medida que debería ser excepcional pero se convirtió en regla. En Colombia, miles de personas esperan juicio tras las rejas, aún sin condena. Eso significa familias separadas por una “sospecha”, proyectos de vida destruidos y comunidades que cargan con un castigo anticipado.
La CIDH advierte que este silencio impuesto rompe su identidad y limita sus oportunidades: abandono escolar, depresión, conductas agresivas y hasta la repetición del ciclo del delito.
En Colombia, hablar de esta población es todavía tabú: se les silencia en nombre de la “vergüenza”, cuando en realidad son víctimas de un sistema que nunca les tuvo en cuenta.
No podemos desconocer que las mujeres son quienes sostienen la vida alrededor de la cárcel. En Colombia, son ellas las que viajan horas hasta una cárcel, las que soportan requisas degradantes, las que cargan con las deudas para llevar un mercado al penal, y al mismo tiempo deben criar a los hijos que quedaron afuera.
La cárcel, así, se convierte en una doble condena para ellas: cuidar a la persona privada de la libertad, así como a aquellas que ésta dejó.
Adultos mayores y personas con discapacidad:
La CIDH reconoce que la prisión rompe los lazos de cuidado hacia adultos mayores y personas con discapacidad, dejándolos en abandono.
En Colombia, donde muchas familias son multigeneracionales y dependen del apoyo de un hijo o hija que termina preso, este vacío se traduce en más desigualdad y marginalidad, todo esto sin dejar de lado el estigma y la violencia institucional. En las visitas, los familiares enfrentan maltratos, requisas intrusivas y un trato indigno que hiere la salud física y mental.
En el país, este tema casi no se nombra: se normaliza que madres, abuelas o hijos sean desnudados en una requisa. Se olvida que esa violencia también es una forma de castigo colectivo
Género, “raza” y encarcelamiento: el despojo múltiple
También es importante y fundamental hablar de lo que se reconoce como el género y la “raza” en el encarcelamiento. Aunque la resolución habla en clave regional, en Colombia es necesario añadir un enfoque étnico-racial. Las mujeres negras, indígenas y campesinas suelen ser las más afectadas por la criminalización, el empobrecimiento y la ruptura de sus lazos familiares.
La intersección entre raza, género y pobreza convierte el encarcelamiento en una experiencia de despojo múltiple: no sólo de libertad, sino también de dignidad, territorio y comunidad. Este no es un asunto abstracto, tiene rostros y nombres que hoy están marcando la agenda pública. Un claro ejemplo es el caso de Burgos, donde los liderazgos afrodescendientes han denunciado cómo el sistema penal opera de manera selectiva y cómo la prisión se convierte en una herramienta que refuerza desigualdades históricas.
Organizaciones como Justicia Racial han visibilizado que el encarcelamiento de personas negras y racializadas no puede entenderse únicamente como una respuesta al delito, sino como la prolongación de estructuras de exclusión, racismo institucional y pobreza estructural. Su trabajo ha mostrado cómo las mujeres negras, además de enfrentar la criminalización, son quienes sostienen el peso de las familias fragmentadas por la cárcel, convirtiéndose en cuidadoras invisibles y defensoras de derechos en condiciones de precariedad extrema.
Así, lo que denuncia la CIDH en su resolución se materializa en Colombia con fuerza: las cárceles no son solo centros de privación de la libertad, son espacios donde se cruzan las desigualdades de género y raza, multiplicando el dolor y la estigmatización. Sin poner sobre la mesa la dimensión étnico-racial del encarcelamiento, se seguirán reproduciendo los mismos patrones de exclusión que la resolución busca transformar.
Lo que exige la resolución:
✊🏾Garantizar que las personas privadas de libertad estén en cárceles cercanas a sus familias.
✊🏾Eliminar las requisas degradantes.
✊🏾Facilitar visitas dignas y con espacios adecuados para niñas y niños.
✊🏾Reconocer legalmente el derecho de las familias a mantener vínculos afectivos.
✊🏾Evitar que la pena trascienda a quienes no cometieron delito.
El encarcelamiento no debería ser una herida que condene a generaciones enteras. La CIDH nos recuerda que la familia no puede ser la víctima silenciosa de un sistema penal que castiga más allá de las rejas.
En Colombia urge poner este tema en la conversación pública: dejar de ver a las familias como cómplices y empezar a verlas como sobrevivientes de un sistema que multiplica las desigualdades.
Porque cada visita humillante, cada niño, niña y adolescente que oculta que su padre o madre están presos, cada mujer que debe cargar sola con la vida, nos grita una verdad incómoda: la cárcel castiga mucho más allá de sus muros.
Por: Yuliana Peña, pasante del equipo de Comunicación Pública de la Corporación Justicia y Democracia