Se acercaban las elecciones de 2026 en medio de anuncios de precandidaturas, promesas y anuncios de recolección de firmas (como exige la Registraduría Nacional antes del 17 de diciembre de 2025). Sin embargo, el panorama preelectoral ya venía marcado por discursos estigmatizantes y, en distintos territorios, como el Catatumbo, Cauca y Arauca, por el recrudecimiento de la violencia armada.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay revivió los fantasmas de la violencia política y el miedo electoral. Cabe resaltar de buena forma que la solidaridad ante este hecho fue inmediata, sin embargo, preocupa que este mismo nivel de reacción rara vez se activa cuando las víctimas se encuentran en contextos rurales o representan pueblos indígenas o afrodescendientes ¿La justicia en nuestro país todavía es un asunto de clase, origen o poder? Defender la vida, toda vida, implica también cuestionar esas jerarquías y asumir que no hay democracia posible sin garantías de seguridad, paz y dignidad.
En los territorios, la democracia no es una promesa lejana ni una consigna electoral: es una lucha cotidiana. Una que se libra con manos que siembran alimentos, con cuerpos que cuidan el agua y con voces que insisten en la dignidad. Por ejemplo, en Socha, Boyacá, el pasado 8 de mayo, campesinas y campesinos que se oponían pacíficamente a proyectos mineros sufrieron represión por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). La violencia también se expresa en licencias ambientales impuestas, en consultas previas burladas y en proyectos extractivos que llegan blindados por la fuerza ¿Cuáles derechos le quedan a un pueblo que protesta contra el extractivismo, si lo que recibe como respuesta es represión? Como lo plantea Escobar (2014), muchas de estas comunidades “adelantan luchas ontológicas”, es decir, defienden no solo un lugar geográfico, sino otras formas de vida y relación con el territorio.
Mientras tanto, ¿Qué dicen las precandidaturas presidenciales sobre el Acuerdo de Escazú, la militarización de la isla Gorgona, la consulta previa o el desplazamiento climático? Poco o nada. O, peor aún, los desprecian. “El 7 de agosto del 2026 se acaba el fanatismo ambiental”, declaró Miguel Uribe (Asobancaria, 2025). Como si defender la vida y el planeta fuera un capricho. Camilo Romero le respondió desde su cuenta de X: “Imagínense llamar ‘fanatismo ambiental’ al principal problema hoy de la humanidad: la destrucción del planeta”. Aquí no solo se disputa un modelo de gobierno, sino un modo de vida. En un país donde el 40% de las personas defensoras de la tierra asesinadas en 2023 eran colombianas (Global Witness, 2024), la omisión o el desprecio no es inocente. Es peligrosa.
Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y hoy en precampaña a la presidencia, recientemente declaró: “En esta región va a volver a explorarse y a explotarse todos los recursos energéticos que tiene Colombia: gas, petróleo, fracking, sol, viento, agua. Porque la energía barata y confiable es el mayor predictor de industrialización.” (Asobancaria, 2025). Una afirmación contradictoria frente a lo que dijo en 2017 a Canal Capital: “En mi gobierno no va a haber fracking. No vamos a dañar el agua y los recursos naturales que tenemos por sacar unos ‘cunchos’ de petróleo”. Enrique Peñalosa, por su parte, dijo: “Además, se necesita más minería, no más falsos ambientalistas; aquí hay que impulsar la explotación petrolera y la minería de cobre y oro” (Asobancaria, 2025). Esto oscila entre el rechazo al fracking y la defensa abierta de su implementación, mostrando la incoherencia entre discursos y pactos extractivos. Como advierte Maristella Svampa (2019), “la ecuación perversa entre ‘más extractivismo, menos democracia’ muestra el peligroso desliz hacia el cierre político”, una advertencia que ya se siente en territorios.
Mientras el debate nacional se enfrasca en una escalada verbal entre gobierno y oposición, entre insultos y egos inflados en los territorios avanza otra forma de hacer política: la que se construye desde los ríos, los páramos, las guardias y las comunidades. No es la que se exhibe en convenciones bancarias ni se mide en tendencias de redes sociales. El 5 de junio, Luis Gilberto Murillo publicó: “En el Día del Medio Ambiente, hablo desde donde todo comienza: los territorios”. María José Pizarro, habló de estar “en la transición de la transición” (Asobancaria, 2025), sugiriendo la necesidad de una transformación con justicia ambiental. Y Gustavo Bolívar ha sostenido que: “Tenemos que, como lo ha dicho Gustavo Petro, democratizar el uso de la tierra. Entregar la tierra a quienes la producen” (2022). Por su parte, Maurice Armitage, también presente en el debate de Asobancaria, ha expresado posiciones preocupantes. En 2019, siendo alcalde de Cali, afirmó que: “Es más fácil arreglar con un terrorista que con un ambientalista”. Estos discursos no solo niegan la crisis ecológica, sino que criminalizan su defensa.
La Corte Constitucional, en la sentencia T-123 de 2024, ya reconoció el desplazamiento climático como una realidad jurídica y política. Pero ¿Cómo garantizarán las candidaturas una participación territorial real y no solo clientelismo periférico? ¿Asumen la consulta previa como un derecho o como un obstáculo? ¿Reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho, como ya lo hizo la JEP con el río Magdalena? Estos avances, aunque valiosos, son frágiles si no van acompañados de decisiones estructurales y coherencia interinstitucional.
La reciente libertad de los 11 de Jericó, líderes campesinos judicializados por defender el agua frente al megaproyecto Quebradona, evidencia cómo la criminalización persiste como herramienta contra quienes protegen el territorio. Mientras en Gorgona se instala un proyecto militar con licencia ambiental pese a distintas alertas, el discurso de transición energética se desvanece. Mientras se habla de consulta previa, en La Guajira y el Cesar las comunidades wayuu y afrodescendientes siguen siendo desplazadas por las operaciones de Glencore y Drummond. Aunque el artículo 8J del Convenio de Diversidad Biológica exige proteger los saberes ancestrales, el mercado de bonos de carbono continúa imponiéndose sobre las autonomías territoriales. El Acuerdo de Escazú, aunque ratificado, sigue sin implementarse.
Desde los territorios que sostienen la vida, sin micrófonos ni cámaras, se teje otra política. Las juventudes reunidas en el Encuentro Nacional de Juventudes por Escazú (ENJUVES) han exigido el fin de los proyectos extractivos inconsultos. El Pueblo Pijao, con el que la CJyD ha acompañado procesos, se opone al proyecto “Sísmica VSM-36 3D”, aunque no tengan cabida en los grandes debates. “Durante años, los conflictos socio-ambientales en América Latina se han generado, primordialmente, por la expansión de espacios destinados a la explotación de recursos naturales que colisionan con los territorios de comunidades locales.” (Fundación Albar, M., et al., 2020, p. 12). Estas comunidades siguen firmes, aunque no aparezcan en los sondeos ni sean tendencia.
El atentado contra el precandidato Miguel Uribe evidencia que la violencia no ha cesado. Pero también funciona como espejo: los cuerpos indígenas, campesinos y afrocolombianos han sido asesinados sistemáticamente sin provocar comunicados de urgencia ni alertas mediáticas. Y siendo el silenciamiento de la vida la máxima expresión de la violencia, esta no siempre llega con balas, también se impone con bulldozers, hidroeléctricas, pozos petroleros y pactos silenciosos. El 2026 debería ser, al menos, el año en que el voto escuche a la tierra.
Por: Heidy Burgos, socióloga del equipo de Comunicación Pública de la Corporación Justicia y Democracia (CJyD), con trabajo en la línea de Defensa de la Tierra y el Territorio.
Fuentes:
Albar, M., et al. (2020). Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las Américas. Fundación Heinrich Böll.
Armitage, M. (2019). “Yo sigo sosteniendo que es más fácil arreglar con un terrorista que con un ambientalista…” [Declaración en evento público]. Evento de socialización de obras, comuna 22, Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Calero, C. (025). ¿Quién quiere ser presidente de Colombia? Estos son los precandidatos para 2026. Cambio Colombia.
Canal Capital. (2017). Entrevista a Claudia López. Canal Capital.
Convenio sobre la Diversidad Biológica. (1992). Artículo 8 (j): Protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales en relación con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. UNESCO/ONU.
Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T‑123 de 2024: Desplazamiento forzado interno por factores ambientales, incluidos hechos asociados al cambio climático. Colombia: Corte Constitucional.
Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra (Vol. 1). Medellín: Ediciones Unaula.
Global Witness. (2024). Más de 2 100 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023. Global Witness.
Línea de Democracia y Gobernabilidad. (2025). Primer informe de violencia político-electoral (8 de marzo de 2025–8 de junio de 2025). Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Murillo, L. [@LuisGilbertoMurilloUrrutia]. 5 de junio). En el Día del Medio Ambiente, hablo desde donde todo comienza: los territorios. Como chocoano, entendí desde niño que defender la naturaleza es defender… Facebook.
NoticiasRCN. (2025). 59ª Convención Bancaria | La voz de los presidenciables. YouTube.
Registraduría Nacional del Estado Civil. (2025). Comienza el calendario electoral para las elecciones presidenciales de 2026. Registraduría Nacional del Estado Civil.
Romero, C. [@CamiloRomero]. (2025). Imagínense llamar “fanatismo ambiental” al principal problema hoy de la humanidad: la destrucción del planeta. X.
Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias en América Latina. CALAS – Karl-Kohut-Lectures.