Un juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó negó la solicitud de la Fiscalía de dar medida de aseguramiento domiciliaria contra 11 lideres campesinos* del suroeste antioqueño que estaban imputados por secuestro simple, hurto agravado y lesiones personales.
Estas personas alzaron su voz frente a la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti por oponerse a la construcción del megaproyecto minero Quebradona en el suroeste de Antioquia.
Esta decisión judicial reconoce que los campesinos no representan un peligro para la comunidad ni para las víctimas, además, valida su rol esencial como lideres sociales e integrantes activos de las juntas de acción comunal.
“He estado preocupado con este proceso judicial, pero al tiempo estoy orgulloso de estar haciendo algo por la comunidad, tratando de defender la vida y el agua, sin ella no hay nada”. Porfirio Garcés de 86 años, el mayor de los 11 líderes campesinos.
Recordemos que AngloGold Ashanti denunció a los campesinos por los delitos mencionados anteriormente por su participación en diferentes protestas y acciones de resistencia contra el megaproyecto. El hecho que generó la imputación del secuestro fue a finales de 2023 cuando los campesinos entraron a una mina sin permiso para realizar excavaciones del suelo
Esta decisión judicial es un alivio, pero no una victoria definitiva.
Si bien, representa un avance importante porque reconoce que defender el agua y el territorio no es un delito, por lo que la libertad se convierte entonces, en un triunfo no solo para quienes ejercen esta labor, sino para quienes habitan el territorio. Sin embargo, no es suficiente, debido a que el proceso continúa (los campesinos no podrán salir del país, tendrán que mostrar buena conducta y presentarse ante las autoridades en el momento que ellos lo requieran).
El riesgo persiste mientras sean usadas prácticas de judicialización como herramienta para silenciar a quienes defienden la tierra y el territorio.