#25M La violencia sexual como un mecanismo de control usado en el marco del conflicto armado, es una violencia invisibilizada y minimizada 

mayo 25, 2025
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Poco o nada se habla sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Ésta, es una práctica generalizada y sistemática, utilizada por todos los actores armados involucrados en el conflicto armado interno —guerrillas, paramilitares y Ejército Nacional— con múltiples finalidades: obtener o transmitir información, intimidar, desplazar familias o comunidades, amenazar y controlar los territorios y la población, silenciar las voces de lideresas comunitarias o disciplinar a combatientes reclutadas. 

A menudo, se cree que la violencia sexual solo hace referencia al acceso carnal violento; sin embargo, existen múltiples agresiones asociadas a esta práctica, como la esclavitud sexual, el embarazo o el aborto forzado, el control afectivo o familiar, la prostitución forzada, la mutilación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual o la utilización de los cuerpos para obtener o transmitir información, entre otras. 

En Colombia, los actores armados utilizaron y utilizan los cuerpos de las mujeres y las niñas como armas de guerra y control. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2023) conoció más de 35 mil casos y relatos documentados de víctimas en el marco del conflicto armado. A pesar de que el Estado colombiano ratificó el Estatuto de Roma —que establece la violencia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad—, los movimientos feministas y de mujeres tuvieron que dar la batalla para que esta violencia fuera reconocida y abordada de manera transversal en los Acuerdos de Paz de 2016 firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y posteriormente, para su materialización en el Macrocaso 11 de la JEP, que aborda las violencias basadas en género, la violencia sexual y reproductiva. 

Si bien, la apertura de procesos judiciales como el Macrocaso 11 representa un avance en la lucha contra la impunidad que ha caracterizado a la violencia sexual en contextos de conflicto armado, aún queda un largo camino por recorrer para hablar, siquiera, de un verdadero reconocimiento de estas violencias. Uno de los principales obstáculos es que la violencia sexual no se prioriza al mismo nivel que otros crímenes, y con frecuencia se aborda como un delito conexo, y no como un crimen autónomo. Según diversas organizaciones de mujeres, en el tratamiento de estos casos persisten estereotipos de género, así como una alta tendencia al negacionismo y a la minimización de los daños y afectaciones. Esto no solo impide el esclarecimiento pleno de la verdad, sino que perpetúa la impunidad y profundiza la acción con daño y la revictimización. 

Es bien sabido que la violencia sexual no surge con la guerra, sin embargo, ésta ha sido instrumentalizada dentro de los escenarios de conflicto debido al arraigo patriarcal que ubica a las mujeres y a las niñas en una situación de subordinación y riesgo. Es fundamental visibilizar días como hoy, despertar conciencia y hacer memoria de estas violencias para dignificar y resistir a los estigmas sociales que obligan a callar, cuestionando las condiciones estructurales que permiten que éstas sigan ocurriendo. Resulta urgente que como sociedad pongamos en el centro de la discusión la vida y la dignidad de las víctimas y sobrevivientes para garantizar el acceso a justicia y en ese orden, garantías de no repetición.  

Como sociedad civil, no podemos seguir permitiendo que la culpa, la vergüenza y los imaginarios culturales impuestos por una sociedad machista y patriarcal sigan siendo un obstáculo para que las víctimas denuncien. Los señalamientos de culpa no deben hacerse a las víctimas, sino a los victimarios y al sistema que permite que estas violencias se sigan perpetuando. 

Que hoy, 25 de mayo, se conmemore el día de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado es el resultado del trabajo y el esfuerzo incansable de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que han exigido verdad y han acompañado y documentado los casos, pero también es muestra del coraje de las víctimas que, aun con la desesperanza que les genera el sistema de justicia, continúan compartiendo su verdad y resistiendo a la impunidad.  

Probablemente más de la mitad de los casos de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto quedarán en impunidad, pues según la JEP (2023) más del 30% se le atribuyen a paramilitares, por lo tanto, la JEP no tiene competencia sobre ellos y otro 30% aún no se le atribuye responsable. La JEP enfrenta grandes retos en esta investigación, pues, aunque reconocer estas violencias es un gran avance, aún persisten practicas institucionales que revictimizan a quienes se atreven a denunciar, debido a la falta de sensibilización al interior del sistema de justicia, la permanencia de estereotipos de género y la minimización del daño. El Estado y los sistemas judiciales tienen la responsabilidad y el deber de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual. Revictimizar, negar o minimizar los convierte en perpetradores de impunidad.  

Por: Yeimy Vanessa Ramírez Torres, internacionalista, opita, feminista, profesional del área de Incidencia Política de la Corporación Justicia y Democracia 🌸

Referencias bibliográficas: 

  • Martínez Vanegas, S. (2022). Justicia restaurativa y reparación transformadora: Una lectura desde los derechos de las mujeres en el Acuerdo Final de Paz en Colombia. Juridicas CUC, 18(1), 231–248. https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/4671/5093 
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