Este 28 de abril se cumplen cuatro años del Estallido Social, cuatro años de las jornadas de movilización más poderosas de quizás los últimos 20 años en el país, pero también de las más violentadas. Decenas de personas perdieron su vida a manos de la fuerza represora del Estado, más de 100 víctimas de lesiones oculares, múltiples casos de violencia sexual y cientos de jóvenes judicializados por ejercer el legítimo derecho a protestar. Cuatro años de silencios, dilaciones, complicidad e impunidad.
No existe hasta hoy una sola condena significativa contra agentes de la Policía por los crímenes cometidos durante el Paro Nacional. Las investigaciones disciplinarias, penales y administrativas han derivado, en su mayoría, en archivos, traslados a la Justicia Penal Militar o completa inacción y omisión institucional. Lo más preocupante: la esperada y necesaria reforma estructural de la Policía Nacional, que, pese a los múltiples esfuerzos, sigue sin ser una realidad. Continuamos con una fuerza de Policía adscrita al Ministerio de Defensa, conformada bajo una lógica de confrontación, lucha contra el enemigo interno y con pocas o nulas garantías de derechos humanos. Mientras tanto, el Proyecto de Ley Estatutaria de Garantías a la Protesta Social y la Manifestación Pública, bandera histórica del movimiento social y de derechos humanos, mencionada en el Acuerdo Final de Paz de 2016 y reiterada en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, sigue estancada en el Congreso de la República sin voluntad política para ser aprobado.
El Gobierno del cambio, que surgió en gran parte del impulso de estas luchas sociales, ha logrado avances relevantes en múltiples agendas; sin embargo, respecto al Paro Nacional de 2021, su accionar ha sido insuficiente y ha dejado importantes deudas en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No hay políticas claras de reparación a las víctimas, ni atención real a las personas que fueron mutiladas, judicializadas o desplazadas por la represión policial. Hoy no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos en protestas como hace cuatro años, es importante y por supuesto que lo celebramos, pero esto no exonera al Estado de su responsabilidad histórica con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Nos sumamos al llamado hecho por organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos y sociales, es urgente que en el país haya una Comisión de la Verdad sobre el Estallido Social como instancia independiente, plural y con enfoque territorial, que escuche a las víctimas, documente las violaciones de derechos humanos, esclarezca responsabilidades del Estado y proponga medidas de justicia y no repetición. Si el país tuvo una Comisión de la Verdad para el conflicto armado ¿Por qué no contemplarla para uno de los momentos de mayor violencia estatal en tiempos recientes?
La memoria comunitaria y viva de la resistencia ha sido poderosa en estos cuatro años, sin embargo, en honor a las víctimas, se hace imperativo e indispensable que se implementen de manera efectiva los mecanismos institucionales necesarios que reconozcan la verdad, porque si el Estado no escucha, si el Estado no responde, entonces está condenando a las víctimas a un nuevo ciclo de violencia, olvido y negacionismo.
Hoy levantamos la voz por Lucas Villa, por Daniel Zapata, por Alison Lizeth Salazar Miranda y por todas las víctimas de violencia homicida durante el Estallido Social. Levantamos la voz por quienes perdieron sus ojos, su integridad y por las personas que hoy siguen privadas de su libertad por haber protestado. Sus historias son parte esencial de la verdad que este país aún se niega a reconocer.
Hoy, como hace cuatro años, seguimos diciendo: ni perdón ni olvido. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas del Estallido Social.
Que protestar no nos siga costando la vida ni la libertad
Isabel Fajardo, coordinadora jurídica Corporación Justicia y Democracia
