El 8 de marzo (8M), fecha conmemorada en todo el mundo como el Día Internacional de la Mujer, se originó a partir de las luchas del movimiento obrero por los derechos básicos y la igualdad de las mujeres en el siglo XIX. Dada su oficialización en 1975 por la ONU, el 8M se ha convertido en el espacio para visibilizar las diferentes luchas que hemos llevado históricamente las mujeres para exigir nuestra participación social, igualdad y equidad en nuestro derechos.
En la actualidad, las mujeres seguimos marchando cada año por las múltiples violencias a las que nos enfrentamos, ejemplo de ello son las cifras de violencia durante 2024, las cuales, son alarmantes. Desde el análisis de la revista Volcánicas (2025), según el boletín nacional del Observatorio Feminicidios Colombia, durante el 2024 ocurrieron 886 feminicidio, posicionándose como el año con mayor número de feminicidios. Estos casos se han dado principalmente en Bogotá y Antioquia ¿Y los responsables? son principalmente hombres cercanos a las víctimas, tales como compañeros, parejas, hijos, padres, tíos, sobrinos, padrastros, entre otros. Es crucial comprender que la violencia de género se agrava por otras formas de discriminación como el racismo, la transfobia, la xenofobia, entre otras.
Según los informes que ha realizado la Defensoría del Pueblo el panorama es bastante preocupante. Durante los dos primeros meses del 2024 se registraron 1.310 casos de violencia contra las mujeres, sumado a ello, 59 intentos de feminicidio y 9 confirmados (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2024). Según el análisis estadístico, en promedio cada día 33 mujeres son violentadas sexualmente, 186 maltratadas y al menos una es víctima de feminicidio. En el 2023 se registraron 9.902 imputaciones de cargos por violencia sexual y 123 por presunción de feminicidio. Igualmente, los casos en donde hay una condena son mínimos comparados con las denuncias según Sylvia Charry (2024). Es decir, los datos demuestran que las violencias contra las mujeres van en aumento y a la par la impunidad.
Las violencias que más se han dado son la violencia sexual, la violencia física y los feminicidios, mostrando el panorama de miedo que habitan las mujeres en Colombia. Si bien las cifras oficiales son alarmantes, estos son casos registrados, pero se reconoce que muchas mujeres no logran hacer la denuncia por lo que podrían ser más. Los datos demuestran que son más las cifras de impunidad que las cifras de los responsables que son llevados ante un juez.
Si bien las mujeres salimos marchar el 8M para alzar nuestra voz en contra de este tipo de hechos, ni siquiera ejerciendo nuestro derecho a la manifestación nos encontramos a salvo. En el 2024, diferentes organizaciones feministas y cientos de mujeres salieron a marchar, sin embargo, se incumplieron los acuerdos durante el desarrollo de las protestas, específicamente en Bogotá la presencia de la UNDMO fue un común denominador, así como la falta de colaboración en el manejo del tráfico, una buena iluminación y acceso a una salida segura del lugar. De acuerdo con los relatos de las mujeres que participaron, el ambiente durante la marcha fue hostil, lo cual tiene relación con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, la cual en algunos lugares llegó a lanzar granadas aturdidoras y gases lacrimógenos ¿Y las autoridades locales? Desconectadas de la realidad, en su mayoría no dieron respuesta de porqué se dio este despliegue de la Fuerza Pública de manera desproporcionada (Liliana Castañeda Morales, 2024).
Sumado a ello, los hechos de perfilamiento y criminalización de la protesta específicamente en la ciudad de Medellín en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez quien publicó un cartel de “se busca” de varias mujeres que participaron en la marcha del 8M. Estas formas de proceder solo estigmatizan a las mujeres que salieron a marchar. El diálogo como principio para la garantía del derecho a la protesta pacífica nunca se hizo presente durante la manifestación, aun cuando ésta hace parte de un ejercicio de reivindicación de las luchas, por lo que no deberían ser escenarios para la represión estatal y menos de forma violenta a un sector que ha sido reprimido históricamente (Liliana Castañeda Morales, 2024).
Hacemos un llamado al Estado y a las autoridades locales para que se garanticen los derechos humanos, especialmente el derecho constitucional a la protesta y a la manifestación pública:
💜Fortalecer los mecanismos de prevención, atención y seguimiento a las víctimas, garantizando investigaciones para sancionar responsables y prevenir los hechos de violencias basadas en género, a través de políticas y proyectos estratégicos que permitan erradicar la violencia machista y patriarcal.
💜Realizar el seguimiento y análisis de los datos recopilados para generar información que permita planificar, construir e implementar las medidas necesarias para la prevención. Además, garantizar la protección a las mujeres después de estos hechos de violencia y posterior a la denuncia.
💜Orientación y capacitación a lxs funcionarixs públicxs con un enfoque de género, focalizado en el diálogo y la escucha para disminuir las barreras de acceso a la información y atención, garantizando que no haya revictimización a la mujer que hace la denuncia, reduciendo el miedo y la culpa.
💜Garantizar el derecho a la protesta sin perfilamientos, estigmatización o criminalización de las personas que marchan. La manifestación es un derecho legítimo que no debe verse vulnerado por la Fuerza Pública. El diálogo y el principio de proporcionalidad de la fuerza deben primar en estos escenarios.
En definitiva, el registro de los casos de violencia permite visibilizar y concientizar a la sociedad sobre este fenómeno, aportando en la realización de denuncias y atención oportuna. No obstante, es el inicio para atender este fenómeno. Los números de feminicidios solo son un reflejo del entramado social que ha normalizado las violencias. El aumento en las cifras demuestra que las acciones que se han tomado como la creación del Ministerio de la Igualdad, no han podido prevenir este tipo de hechos.
La violencia contra las mujeres se ha perpetuado bajo la normalización de actitudes denigrantes que inician con violencias menos visibles, simbólicas y psicológicas que traspasan a las físicas, hasta casos extremos como el feminicidio. El proceso de atención a violencias basadas en género no inicia ni termina en una denuncia, se debe tener en cuenta la prevención, atención y protección de las víctimas.
¡Que este 8M sigamos alzando nuestra voz para visibilizar las violencias que se normalizan! ✊🏽💜
Escrito por: Sofia Hernández, socióloga, feminista, profesional del área de incidencia política de la Corporación Justicia y Democracia.
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