La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 4 generales (r),* 25 oficiales y 10 suboficiales que integraron la Cuarta Brigada del Ejército, por su participación en 442 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en Antioquia entre el 2004 y el 2007.
*Se trata de Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes fueron comandantes y jefes de operaciones de la Brigada IV y serían los máximos responsables.
Píldoras para la memoria: éstos fueron promovidos por el entonces presidente Álvaro Uribe
Hablemos de los altos mandos responsables…
El primero en la lista es el general (r) Óscar Enrique González Peña, quien está señalado de tener programas por los que exigía presentar al menos una baja diaria y otras metas mensuales que ascendían a 30 muertos al mes aproximadamente, generando una presión particular hacia aquellos que no presentaban resultados, lo cual llevó a la comisión de ejecuciones extrajudiciales en un contexto de incentivos perversos y exigencias desproporcionadas.
Éste les insistía a las tropas, por medio de programas radiales emitidos el 17 y 21 de marzo de 2004, acciones que llevarían a cometer esos crímenes, a través de frases como “Lo único que cuentan son las bajas”, “Las capturas no nos sirven para nada” y “Lo único que sirve es dar de baja al enemigo”.
El siguiente es el general (r) Luis Roberto Pico Hernández, el responsable máximo de la llamada política de facto de conteo de cuerpos, cuyo objetivo era conseguir a través de presiones y amenazas a las tropas junto con incentivos, mayores resultados y presentar más muertos para aumentar la “eficiencia” de la Brigada, a éste también se le acusa de no haber tomado medias para prevenir ni investigar los crímenes de desaparición forzada pese a tener conocimiento pleno de ellos.
También está señalado el general (r) Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, quien está vinculado (según la JEP) a por lo menos 120 ejecuciones extrajudiciales cometidas ente los años 2002 y 2006 en el departamento de Antioquia.
Finalmente, dentro de los máximos responsables se destaca el nombre de Juan Carlos Piza Gaviria, quien era comandante del grupo de Caballería Mecanizada número 4 “Juan del Corral”, señalada de irregularidades por ejecuciones extrajudiciales que ocurrían en las filas bajo su mando.
“Tenemos que por lo menos completar las 30 bajas este mes”; “A la fecha 25 de julio llevamos solamente 241 bajas. Si seguimos con esa tónica de tres bajas diarias, al término del mes lograremos completar por lo menos 20 bajas”; “Nos quedan 48 horas para aumentar los resultados. Por lo menos completar los mismos del año pasado. Faltan 8 bajas para completar 30”, ordenaba diariamente.
Así mismo, fueron imputados dos terceros civiles que integraban una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas a los militares para que las asesinaran a cambio de sumas de dinero.
La Sala de Reconocimiento de la JEP documentó cuatro modalidades del fenómeno en Antioquia:
1️⃣Asesinato de civiles previamente señalados arbitrariamente de ser milicianos, auxiliadores o integrantes de las guerrillas, sin verificación mínima de información; éstos en su inmensa mayoría eran campesinos del oriente antioqueño.
2️⃣Anunciar falsas ofertas de trabajo engañando a las víctimas para que se trasladaran al lugar donde serían entregadas a las tropas que después las asesinarían.
3️⃣Asesinar combatientes enemigos rendidos, heridos o capturados que ya se habían entregado a los militares.
4️⃣Asesinato oportunista de personas”, víctimas que se encontraban en lugares donde las tropas estaban acantonadas, patrullando o de paso y fueron asesinadas en circunstancias improvisadas.
Lo primordial era presentar resultados, sin importar a quién perteneciera el cuerpo.
¿Qué sigue?
Los imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para aceptar o rechazar los delitos, así como también pueden presentar información o argumentos adicionales, a su vez, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo tiempo para hacer observaciones sobre esta decisión judicial.
No sobra decir que durante todos estos años las familias de las víctimas asesinadas, desaparecidas y presentadas como bajas en combate han cargado con secuelas físicas, enfermedades, problemas de salud mental, dificultades económicas y tristemente, una alta estigmatización en sus territorios a causa de que tildaran a sus seres queridos como guerrilleros.
Pese a que es una decisión importante, preocupan las manifestaciones de la magistrada de la JEP, Catalina Díaz en donde señala que no existió relación entre la Política de Seguridad Democrática y la política de facto de conteo de cuerpos, aun cuando las organizaciones de derechos humanos e incluso la Comisión de la Verdad, han demostrado lo contrario.
Aún falta mucho camino para lograr justicia, para encontrar la verdad plena y para que lleguen medidas de reparación y garantías de no repetición.