25 años han pasado desde la masacre de El Salado. La barbarie cubrió los Montes de María cuando aproximadamente 450 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) irrumpieron violentamente.
Más de 60 personas fueron asesinadas en estado de indefensión mientras la población era sometida a torturas, abusos sistemáticos y un despliegue de terror cuyo objetivo era el desplazamiento masivo y la imposición de un control territorial basado en el miedo.
Salvatore Mancuso, Rodrigo Mercado, alias Cadena, Rodrigo Tovar, alias Jorge 40 y John Jairo Esquivel alias El Tigre orquestaron esta masacre ejecutada con frialdad por Luis Robles, alias Amaury y otros criminales con complicidad de sectores estatales.
La Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años de prisión al entonces capitán de la Armada Nacional, Héctor Martín Pita Vásquez, por omitir el deber de proteger a la población, sin embargo, aún persisten sombras de impunidad con miembros de la Fuerza Pública mencionados en testimonios sin que la justicia avance.
Las consecuencias fueron devastadoras y las secuelas no se van… Más de 4.000 personas fueron desplazadas de su territorio. En 2006, la Asociación de Desplazados del Salado Bolívar (Asodesbol) llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigiendo el reconocimiento de la responsabilidad estatal. Y aunque ha habido fallos judiciales que respaldan sus demandas, la reparación integral sigue siendo una deuda pendiente.
Por estos días la voz de El Salado se alza de nuevo en medio de una movilización en El Carmen de Bolívar. Varias personas han salido a manifestarse exigiendo lo que es suyo por derecho: verdad, justicia y reparación. Piden el cumplimiento efectivo de las indemnizaciones, tanto administrativas como judiciales, el reconocimiento pleno de su tragedia en el macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y condiciones materiales para una vida digna.