Nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas y hacemos un llamado para que se tomen medidas efectivas y urgentes a través de las cuales se garantice la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están expuestos al fenómeno del reclutamiento forzado en el país.
En los últimos años hemos presenciado un aumento significativo de esta forma de violencia ejercida por grupos armados ilegales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el 2023 hubo 342 casos y en 2024 creció la cifra alarmantemente: 409 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados.
Pero… no solo es el reclutamiento. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el auto del Caso 07 identificó que la mayoría de las víctimas de reclutamiento también sufrieron violencia sexual, malos tratos, torturas y homicidios, entre otros crímenes de guerra.
¿Quién protege a los niños, niñas y adolescentes?
Con el paso del tiempo, los casos de reclutamiento están aumentando cada vez más y con ello, las estrategias de los grupos armados para atraerlos a sus filas. A través de engaños, amenazas, manipulación afectiva, violencia sexual, uso de la fuerza, incitación a consumir alcohol y sustancias psicoactivas e incluso, aprovechamiento de situaciones de vulneración de derechos en los territorios y casas de las víctimas, éstos logran atraerlos.
Así mismo, según investigaciones de Pacifista e INDEPAZ, éstos también hacen uso de las redes sociales para reclutar, atrayendo a su población objetivo por medio de videos con música y ritmos que muestran su estilo de vida como “una ilusión” y un “ejemplo a seguir”, creando una narrativa de legitimidad y pertenencia.
Pero no sólo estas estrategias son signo de alarma, también alarma la nula respuesta del Estado Colombiano frente a las medidas de protección, así como su negligencia frente a casos de alto impacto: de acuerdo con el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Cancillería permitieron la fuga de un niño víctima de reclutamiento forzado que fue rescatado en septiembre de 2024 en Jamundí, Valle del Cauca y a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares que no fueron acatadas, hoy su paradero es desconocido, habiendo un alto riesgo de que haya sido reclutado nuevamente.
¡Urgen acciones inmediatas! Nos sumamos al llamado de las familias cuyos hijos e hijas salieron de sus casas y no regresaron, el Estado debe implementar medidas urgentes y efectivas que protejan los derechos humanos. Nunca más ninguna niñez para la guerra.