¿Y la responsabilidad de la Policía? ⚠ El 6 de octubre de 2024 en el CAI del barrio el Salado de la ciudad de Ibagué, fue detenido un joven a quien ingresaron a una sala de detención transitoria. En ese entonces (según informó la Policía), éste fue hallado sin vida en un aparente caso de suicidio por ahorcamiento.
El 6 de octubre de 2024 en el CAI del barrio el Salado de la ciudad de Ibagué fue detenido Yefferson Baquero (un joven de 20 años) tras estar involucrado en una pelea en el sector conocido como de Huevos Oro y posteriormente, fue ingresado a la sala de detención transitoria. En ese entonces (según informó la Policía), éste fue hallado sin vida en un aparente caso de suicidio por ahorcamiento.
Tras este suceso se inició una investigación disciplinaria a cargo de la Policía Metropolitana para esclarecer los hechos y determinar las causas de la muerte del joven. Actualmente el caso se encuentra en la justicia ordinaria luego de que el 17 de octubre del 2024 la Fiscalía Penal Militar y Policial determinara la existencia de una ruptura del nexo entre el servicio y la conducta. Como medida preventiva, tres uniformados adscritos a la Policía Metropolitana fueron suspendidos de sus cargos por tres meses.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) reveló en su informe que el cuerpo de Yefferson presentaba golpes en la cara, extremidades y espalda, lesiones que, según el IMLCF, no causaron su muerte, pero que podrían ser indicativos de maltrato durante la detención. Además, se detectan inconsistencias como la ausencia del cordón del pantalón con el que presuntamente se habría ahorcado, lo que podría indicar negligencia o manipulación de pruebas.
La necropsia concluyó que la causa de muerte fue ahorcamiento por suspensión, pero la calificó como violenta sin determinar, lo que exige una investigación diligente y rigurosa. Familiares Yefferson, por su parte, han señalado el presunto suicidio como un montaje.
Este caso plantea graves implicaciones sobre el derecho a la vida, la integridad personal y las garantías sobre el debido proceso. La Policía debe garantizar y proteger el derecho a la vida e integridad de las personas bajo su custodia, actuando con necesidad y proporcionalidad.
Urge que se garantice una investigación exhaustiva que establezca los hechos, determine responsabilidades y garantice el acceso a la justicia. Cualquier alegato sobre la conducta previa de la víctima no justifica maltratos ni la falta de garantías en su detención.