La CIDH presenta recomendaciones al Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones internacionales sobre la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, fortalecer la atención a las víctimas y abordar los contextos estructurales que permitieron estos actos, incluyendo la complicidad entre agentes estatales y el crimen organizado, además de crear políticas públicas para prevenir futuras desapariciones en México.