El informe defiende la legitimidad de las protestas como canalización de demandas de grupos vulnerables, enfatizando la libertad de las y los manifestantes para elegir cómo y dónde expresarse, y urgiendo a los Estados a gestionar el conflicto social mediante el diálogo y el respeto a los derechos civiles, incluyendo el papel crucial de los medios de comunicación y el control social durante las protestas.