El informe analiza cómo el uso indebido del derecho penal por actores estatales y no estatales criminaliza la labor de defensores de derechos humanos en las Américas, destacando la preocupación de la CIDH por la sistemática judicialización sin fundamento que busca deslegitimar sus causas y afecta su papel en la democracia y el Estado de Derecho.
